El Gobierno ha decidido intervenir en el mercado del aceite de oliva para evitar que una cosecha extraordinariamente abundante termine hundiendo los precios que perciben los agricultores. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado este viernes, 6 de noviembre, un mecanismo excepcional que obliga a las almazaras españolas a retirar temporalmente de la comercialización el 12% de su producción, una medida que podría afectar a unas 188.000 toneladas de aceite durante la campaña 2026-2027.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado, supone la primera aplicación efectiva de este sistema de regulación de la oferta y llega en un momento especialmente delicado para el sector oleícola. Tras varios años marcados por la sequía, las malas cosechas y unos precios extraordinariamente elevados, la recuperación de la producción ha provocado el efecto contrario: una fuerte presión a la baja sobre las cotizaciones en origen.
El objetivo del Ejecutivo es impedir que la abundancia de aceite disponible en el mercado provoque una caída de precios que comprometa la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Sin embargo, la intervención también abre un debate económico: hasta qué punto resulta conveniente restringir la oferta de un producto básico para sostener los ingresos de los productores cuando millones de consumidores todavía recuerdan los elevados precios que tuvieron que pagar por el aceite de oliva.
Una cosecha excepcional que amenaza la rentabilidad del olivar
Las previsiones oficiales sitúan la producción española de aceite de oliva para la campaña 2026-2027 en 1.602.596 toneladas, aproximadamente un 23% más que durante la campaña anterior. De confirmarse las estimaciones, España registraría la cuarta mayor cosecha de su historia.
A esta producción hay que añadir las 357.040 toneladas almacenadas al comienzo de la campaña, un volumen de existencias que también supera en más del 23% al registrado un año antes.
En conjunto, la disponibilidad inicial de aceite, sumando la cosecha prevista y las reservas anteriores, se aproxima a los 1,96 millones de toneladas, sin contar las posibles importaciones.
Las abundantes precipitaciones de la primavera y las temperaturas favorables durante la floración explican buena parte de esta recuperación. Sin embargo, lo que debería representar una noticia favorable para el campo español se ha convertido en una preocupación para miles de agricultores.
El aumento de la producción coincide con una caída de las cotizaciones del aceite de oliva virgen extra, que se sitúan en torno a los tres euros por kilogramo en origen, aproximadamente un euro menos que un año antes.
Las organizaciones agrarias advierten de que estos precios resultan insuficientes para numerosas explotaciones, especialmente aquellas con costes de producción elevados, menor rendimiento o dificultades para mecanizar la recolección.
Las almazaras tendrán que almacenar el 12% de su producción
La medida aprobada por Agricultura establece que cada almazara deberá inmovilizar el 12% del aceite que declare mensualmente a partir de noviembre de 2026.
El producto podrá permanecer almacenado en instalaciones propias o ajenas, pero no podrá comercializarse durante el periodo de retirada, que finalizará el 30 de septiembre de 2027, salvo que se introduzcan modificaciones posteriores en la normativa.
No se trata, por tanto, de destruir aceite ni de eliminar definitivamente una parte de la cosecha. El mecanismo consiste en aplazar su comercialización para reducir la cantidad disponible durante los meses de mayor producción y evitar una caída brusca de los precios.
La normativa permite a las almazaras decidir qué categoría de aceite almacenan, una flexibilidad que también ha suscitado dudas sobre sus posibles efectos en los diferentes segmentos del mercado.
La intervención se fundamenta en la legislación europea, que permite establecer medidas excepcionales de regulación cuando las disponibilidades superan determinados umbrales históricos.
En este caso, Agricultura considera que la suma de las existencias iniciales y la producción prevista justifica activar el mecanismo para prevenir desequilibrios graves.
Los agricultores denuncian que los precios no cubren los costes
Las organizaciones agrarias llevan meses reclamando medidas para evitar que el incremento de la oferta termine perjudicando a los productores.
COAG, UPA, Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias han defendido la necesidad de utilizar mecanismos de almacenamiento para estabilizar un mercado caracterizado por fuertes oscilaciones de producción y precios.
El responsable del sector del olivar de COAG, Francisco Elvira, ha advertido de que las cotizaciones actuales del aceite virgen extra apenas superan los tres euros por kilogramo y que estos ingresos resultan insuficientes para cubrir los costes de producción de numerosas explotaciones.
La organización también ha reclamado inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya finalidad es evitar prácticas comerciales que perjudiquen a los productores y garantizar unas relaciones contractuales equilibradas.
El problema afecta especialmente al olivar tradicional, donde la orografía, la dimensión de las explotaciones y las dificultades para mecanizar las labores incrementan los costes.
Para estos agricultores, una campaña abundante puede terminar ofreciendo resultados económicos peores que otra con menor producción si el descenso de los precios supera el aumento de los kilogramos comercializados.
Competencia advierte de que la medida puede perjudicar a los consumidores
La intervención del Gobierno no cuenta, sin embargo, con el respaldo unánime del sector.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha advertido de los riesgos de limitar artificialmente la cantidad de aceite disponible, ya que esta restricción puede traducirse en precios más elevados para los consumidores y alterar el funcionamiento del mercado.
En un informe publicado el pasado 5 de octubre, el organismo regulador cuestionó que la retirada obligatoria resulte necesariamente la opción más adecuada y recomendó justificar con mayor precisión sus efectos sobre la oferta, la demanda, la calidad y los diferentes operadores comerciales.
También las organizaciones empresariales de la industria y el envasado han expresado sus reservas, al considerar que la medida puede perjudicar su competitividad frente a productores de otros países.
El debate enfrenta dos intereses legítimos que no siempre evolucionan en la misma dirección: la necesidad de que los agricultores reciban una remuneración suficiente por su trabajo y el derecho de los consumidores a beneficiarse de una mayor disponibilidad de producto.
Una cosecha abundante puede contribuir a abaratar el aceite en los supermercados, pero una caída excesiva de los precios en origen puede comprometer la supervivencia de las explotaciones menos competitivas.
El precio del aceite vuelve a situarse en el centro del debate
La evolución del mercado oleícola durante los últimos años ha demostrado hasta qué punto las condiciones climáticas y las oscilaciones de producción pueden alterar los precios de un alimento fundamental en la dieta española.
Las malas cosechas provocadas por la sequía dispararon las cotizaciones y trasladaron fuertes incrementos a los consumidores. Ahora, la recuperación de la producción plantea el problema inverso y obliga a buscar un equilibrio entre la rentabilidad agraria y unos precios accesibles.
Agricultura sostiene que la retirada temporal permitirá estabilizar el mercado sin provocar problemas de abastecimiento, precisamente porque se aplica en una campaña con disponibilidades extraordinariamente elevadas.
El Ministerio realizará un seguimiento de la evolución de las existencias y de los precios, y podrá revisar el porcentaje de almacenamiento a partir del 31 de diciembre si las condiciones del mercado lo aconsejan.
La medida también tendrá que ser supervisada por las comunidades autónomas, encargadas de comprobar que las almazaras cumplen con sus obligaciones de almacenamiento y declaración de existencias.
La incógnita es si la intervención conseguirá sostener los precios percibidos por los agricultores sin trasladar un incremento significativo a los consumidores.
España afronta así una paradoja: después de soportar los efectos económicos de la escasez de aceite, ahora necesita encontrar una fórmula para que la abundancia no arruine a quienes lo producen ni impida que los hogares se beneficien de una cosecha excepcional.
El verdadero resultado de la medida no se conocerá únicamente por la evolución del precio en origen, sino también por su impacto sobre la renta de los olivareros, la competitividad de las almazaras y el precio final que pagan los consumidores.
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