Desde hace meses se sospecha que la Policía Patriótica puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy espió a la familia de Pedro Sánchez. Ahora una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a altos cargos de la Guardia Civil y responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por otro espionaje, el de los líderes independentistas cuyas conversaciones fueron rastreadas por los programas software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico. En el marco de esa investigación podrían aparecer nuevos datos sobre el seguimiento que los servicios de inteligencia hicieron al presidente del Gobierno, a su esposa y su familia.
En un auto, adelantado por la agencia EFE, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos. La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa.
Cabe recordar que el PSOE ha solicitado al juez del caso Villarejo en la Audiencia Nacional que indague si “la denominada Policía Patriótica” con el Gobierno del PP investigó en 2014, “sin orden judicial” ni indicios, a la familia del entonces secretario general del partido y actual presidente del Ejecutivo. El partido ha llegado a presentar un escrito en el que incorpora una serie de publicaciones de varios medios y alude a grabaciones incautadas al excomisario José Manuel Villarejo, a sus anotaciones personales y a un informe de la Fiscalía para fundamentar sus sospechas sobre una posible investigación irregular a la familia de Sánchez.
Según su argumentación, estos hechos podrían constituir delitos de prevaricación, revelación de secretos “y posiblemente malversación”, y pide al juez que interrogue tanto a Villarejo y a altos cargos del Ministerio del Interior.
El escrito se presentó en la pieza separada número 34 del extenso caso Tándem o Villarejo, que el juez Manuel García Castellón abrió en 2022 para investigar una serie de grabaciones del excomisario aparecidas en medios de comunicación y aportadas por el empresario Javier Pérez Dolset. Actualmente, se mantiene bajo secreto.
El PSOE apreció que el objetivo de la investigación a la familia del ahora presidente era “exclusivamente político” para destruirle y así lo concluye a partir de una conversación entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez el 22 de agosto de 2014, en la que se escucha al excomisario decir “eso lo mata” en referencia a la información que acababa de comunicarle al alto cargo. Para los socialistas, la “intención” del Ministerio del Interior era usar el material con “fines electorales”.
El escrito de Ferraz también se hace eco de las declaraciones de Villarejo a un medio de comunicación en las que afirmó que tanto el ministerio como el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estarían informados. “La investigación desarrollada por funcionarios y con dinero público del Ministerio del Interior tenía única y exclusivamente fines partidistas, sin guardar ningún tipo de relación con las funciones que legalmente tiene atribuido el Ministerio del Interior, pues en nada afecta a la seguridad del Estado”, constató el partido socialista. El supuesto espionaje no desembocó en una denuncia, pero sí tuvo “trascendencia mediática”, ya que se publicó la relación de Sánchez con los “negocios” de la familia de su mujer, concretamente de su suegro. En ese contexto, se destapó el asunto de las saunas, una actividad comercial a la que se dedicaba el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez Serrano, fallecido el 26 de junio de 2024.
Es decir, la conversación se filtró a varios medios, lo que, según el PSOE, es una “práctica habitual” tanto de Villarejo como del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz “a través” de su secretario de Estado Francisco Martínez, que coordinaba con el excomisario “qué noticias se filtraban, a quién y cuándo se hacía” y luego comentaban sus “efectos”.
El PSOE afirma que “la filtración y su publicación en prensa es lo que permitió su utilización como arma política recurrente por distintos miembros del Partido Popular”, y alude a una reciente intervención de su vicesecretaria Ester Muñoz, en la que justificó unas alusiones a las actividades del suegro del presidente por su publicación en la prensa.
Sostiene que altos cargos de Interior “utilizaban los medios puestos a su disposición para fines partidistas”, obtenían información y después la revelaban “a distintas fuentes a fin de que se publicasen con fines también única y exclusivamente partidistas”. Así, finalmente, el PSOE solicitó al juez que levantara el secreto de la pieza separada para poder estudiar lo investigado hasta ahora.