El Ministerio de Sanidad ha marcado un antes y un después en la política social española con la aprobación del anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). En una comparecencia cargada de simbolismo y datos contundentes, la ministra Mónica García ha presentado una norma que aspira a ser el "escudo definitivo" contra el lucro en la asistencia sanitaria, derogando la controvertida Ley 15/1997 y estableciendo la gestión pública directa como la forma preferente de cuidar a los ciudadanos.
Este paquete legislativo no llega solo. Junto a la ley de gestión, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley de las organizaciones de pacientes y a un nuevo real decreto de productos sanitarios. Sin embargo, es la primera la que ha captado toda la atención por su potencial para reconfigurar el mapa sanitario español.
"La sanidad no se vende, se defiende"
Para la ministra García, esta ley no es un mero trámite administrativo, sino una respuesta directa a una década de movilizaciones en las calles. "Esta ley es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas de muchísimos años, que va a proteger y a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras", afirmó con contundencia durante la rueda de presentación.
El texto legal nace con el objetivo de revertir lo que el actual equipo de Sanidad considera un "problema estructural": un marco normativo que ha permitido que la gestión de la sanidad pública se orientara hacia el beneficio económico. García recordó que la ley responde al lema que ha resonado en las mareas blancas de todo el país: “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.
Fin de los "casos obscenos"
Uno de los puntos más críticos del discurso de la ministra fue la denuncia de prácticas empresariales que calificó de "absolutamente obscenas". García citó declaraciones de altos ejecutivos de grupos sanitarios privados para ilustrar cómo el modelo anterior incentivaba la búsqueda de beneficios a costa de la calidad asistencial.
“Hemos estado escuchando casos que no deberían formar parte de la vida cotidiana. Declaraciones como 'los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado' o audios donde se hablaba de inflar las listas de espera para obtener mayor rentabilidad. Eso es a lo que venimos hoy a poner coto”, señaló la ministra.
Entre las irregularidades mencionadas, destacó la realización de pruebas diagnósticas a horas intempestivas (como las cuatro de la mañana) para "hacer caja" con las listas de espera, o la reutilización de material sanitario para reducir costes, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Según García, el modelo de concesiones ha permitido que empresas ligadas a entornos políticos multipliquen por seis sus ingresos a través de la captación de pacientes derivados de la pública.
Privatización y mortalidad evitable
La reforma no solo se apoya en una voluntad política, sino en datos académicos. La ministra hizo referencia a estudios publicados en revistas de prestigio internacional como The Lancet, que vinculan la privatización con un aumento de la mortalidad evitable.
“La evidencia científica señala que estos modelos dejan a los hospitales públicos sin recursos para tratar a los pacientes complejos, en aras de destinar el presupuesto a los llamados pacientes ‘rentables’”, explicó García. Según el informe de la Universidad de Oxford citado, la fragmentación del sistema provoca una pérdida de control por parte de las administraciones, resultando en un aumento de las infecciones y una disminución general de la calidad de la atención.
Claves de la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS
La nueva norma introduce cambios profundos en la gobernanza sanitaria para evitar que el lucro cese la gestión pública. Estos son los pilares fundamentales:
Derogación de la Ley 15/1997
La ley da carpetazo al modelo impulsado durante la etapa de José María Aznar, que abrió las puertas a la gestión privada de centros públicos. “Cerramos una etapa y damos portazo a un modelo que durante décadas ha permitido que el lucro entrara en la gestión pública”, sentenció la ministra.
Gestión pública directa como preferencia
Por primera vez, una ley estatal establece de forma inequívoca que la gestión directa es la fórmula prioritaria. La gestión indirecta (externalizaciones) quedará limitada exclusivamente a casos excepcionales donde se demuestre que la pública no tiene capacidad, que la opción es financieramente viable y que no perjudica el interés social.
Prohibición de las concesiones de obra y servicio
Se prohíben las fórmulas en las que una constructora edifica un hospital a cambio de un canon durante décadas y la gestión de la prestación sanitaria. Según Sanidad, estos modelos han generado sobrecostes inaceptables para los presupuestos públicos.
Evaluación rigurosa y transparencia
Toda externalización deberá ser evaluada por un comité de profesionales y expertos. Además, todos los centros, independientemente de quién los gestione, deberán rendir cuentas bajo las mismas exigencias de información. “Cada euro público debe explicarse en términos de salud”, subrayó García.
Facilidad para la reversión de servicios
La ley busca que recuperar la gestión directa no sea una "carrera de obstáculos" legales. Se establecen procedimientos claros para garantizar la seguridad jurídica en procesos de recuperación de servicios, inspirándose en casos como el de Alzira en la Comunidad Valenciana.
Homenaje a los defensores de la Sanidad Pública
En un momento emotivo de su intervención, Mónica García dedicó la ley a quienes lucharon contra la privatización cuando era una postura minoritaria. Mencionó nombres clave del activismo sanitario como Juan Luis Ruiz Jiménez, Luis Montes y Carmen San José.
Asimismo, agradeció la "valentía" de políticas como Carmen Montón y Mónica Oltra, quienes, según la ministra, sufrieron acoso político por intentar revertir modelos dañinos en sus respectivos territorios.
Participación ciudadana
Además del blindaje contra la privatización, el Ministerio ha impulsado la Ley de las organizaciones de pacientes. El objetivo es que la voz de los afectados deje de ser una consulta informal y pase a tener un reconocimiento jurídico en los procesos de toma de decisiones del sistema.
Por otro lado, el Real Decreto de productos sanitarios actualiza una normativa con 30 años de antigüedad. Esta medida es vital para regular la financiación de productos esenciales, desde bolsas de orina hasta material de curas, garantizando que no haya desabastecimientos y que los precios sean sostenibles para el sistema.
Contra los "chiringuitos" y los fondos buitre
El mensaje final de Mónica García fue un ataque frontal a lo que denominó la "economía de la salud basada en el negocio". La ministra insistió en que el objetivo de Sanidad no es eliminar la colaboración con el sector privado sin ánimo de lucro, sino erradicar aquellos modelos que detraen recursos para engrosar las cuentas de fondos buitre.
“Frente a quienes dicen que queremos acabar con la sanidad, no: queremos acabar con su chiringuito, con un negocio que ha costado miles de millones de euros a la ciudadanía. Es tan necesaria esta ley que dudo que haya quien anteponga beneficios económicos a la salud propia y a la de sus seres queridos”, concluyó.
Con la aprobación de este anteproyecto, el Gobierno inicia ahora el trámite parlamentario de una ley que promete ser una de las más debatidas de la legislatura, pero que, para el Ministerio de Sanidad, representa la recuperación del alma pública de nuestro sistema sanitario.