Génova ha celebrado el acuerdo entre el PP andaluz y Vox como una demostración de fortaleza política. La dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo sostiene que, tras las últimas elecciones autonómicas, el partido sale "más fuerte" y "más preparado que nunca" para enfrentarse al Gobierno de Pedro Sánchez. El mensaje busca proyectar impulso, solvencia y capacidad de poder territorial. Sin embargo, la realidad política que deja el pacto andaluz es bastante menos cómoda para el relato popular.
Juanma Moreno ha logrado la investidura gracias a los 15 votos de Vox y a un acuerdo de gobierno que incorpora a la extrema derecha al Ejecutivo autonómico. Manuel Gavira asumirá una vicepresidencia con competencias en Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, además de un paquete político de 150 medidas que incluye algunas de las principales exigencias ideológicas de Vox. Entre ellas figuran la llamada prioridad nacional, restricciones vinculadas a la inmigración, recortes en cooperación internacional, oposición a la Agenda 2030 y una futura ley de concordia en sustitución de la memoria democrática.
Ese es el verdadero alcance del acuerdo. El PP no se limita a recibir un apoyo externo. Entrega poder institucional a Vox en la comunidad más poblada de España y normaliza su presencia en áreas sensibles de gobierno. Andalucía deja de ser el escaparate de una derecha templada para convertirse en otra pieza más de la estrategia de coalición entre populares y ultraderecha.
La satisfacción expresada por Génova resulta especialmente reveladora. El PP no intenta disimular el pacto ni presentarlo como un mal menor. Lo exhibe como un éxito. Después de Extremadura, Castilla y León y Aragón, Andalucía confirma que la alianza con Vox ha dejado de ser una anomalía territorial para convertirse en una pauta de poder. Feijóo habla de centralidad, pero sus gobiernos autonómicos dependen de acuerdos que desplazan el eje político hacia la derecha más dura.
La contradicción es evidente sin necesidad de adornarla. Génova pretende medirse con el "sanchismo" desde una supuesta superioridad institucional, pero celebra un acuerdo que introduce en el Gobierno andaluz una agenda basada en la desregulación, la sospecha hacia la inmigración y el debilitamiento de políticas públicas vinculadas a la igualdad, la memoria y la cooperación. La moderación se convierte así en una etiqueta electoral, no en una práctica de gobierno.
El pacto también deja una enseñanza de alcance nacional. Cuando el PP necesita a Vox, Vox gobierna. Puede hacerlo con una consejería, con una vicepresidencia, con medidas programáticas o con capacidad de condicionar presupuestos. La forma cambia. El resultado político permanece. La extrema derecha entra en las instituciones porque el PP le abre la puerta.
Génova celebra haber ganado poder territorial. Lo que debería explicar es a qué precio. Porque una cosa es derrotar electoralmente a la izquierda y otra muy distinta es construir mayorías entregando legitimidad y gestión pública a quienes cuestionan consensos básicos de convivencia. Andalucía acaba de mostrar que el PP está dispuesto a pagar ese precio. Y esa decisión dice mucho más sobre su proyecto real que cualquier discurso de moderación pronunciado desde Madrid.