Exministros de Zapatero intercedieron para favorecer a constructoras a las "que no se les estaba tratando bien"

Isabel Pardo de Vera, ingeniera de caminos que presidió la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) entre 2018 y 2021, y que posteriormente ocupó la Secretaría de Estado de Transportes, lleva dieciocho meses en el laberinto judicial, investigada en la Audiencia Nacional por delitos graves de presunta corrupción vinculados al amaño de obra pública y al controvertido contrato de Jésica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos.

Lejos de parapetarse en el mutismo, la exalta de alta funcionaria ha decidido dar un paso al frente que amenaza con sacudir los cimientos de Ferraz y de la antigua cúpula del Ministerio.En una entrevista concedida al diario El Mundo, presenta un testimonio minucioso que reconstruye la trastienda de una época convulsa, Pardo de Vera retrata un escenario gubernamental donde se cruzaban "pases VIP" para empresarios entonces afines, como Víctor de Aldama, intentos de colocación de puestos directivos mediante currículums colocados a dedo y llamadas de influyentes figuras del pasado socialista para abogar por determinadas empresas constructoras.

Los exministros de Zapatero

El aspecto más explosivo de sus revelaciones apunta directamente al ecosistema de influencias que orbitaba alrededor de la obra pública durante la etapa de Ábalos al frente de la cartera. Preguntada explícitamente sobre la presencia y la intermediación de exdirigentes socialistas de primer nivel que operaban en los entornos del Ministerio, Pardo de Vera destapa la existencia de gestiones directas por parte de exministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para interceder por compañías privadas del sector de la construcción.

Aunque asegura no haberlos visto físicamente cruzando las puertas del edificio gubernamental, la expresidenta de Adif reconoce que el contacto existió y que la presión para suavizar el trato a ciertas corporaciones formaba parte del paisaje cotidiano. Sus palabras son tajantes al describir las comunicaciones recibidas: "Yo en el Ministerio no los he visto, pero sí me han llamado varias veces para interesarse por determinadas empresas".

Ante la cuestión de si esas gestiones buscaban la concesión de tratos de favor en los expedientes de adjudicación, la exsecretaria de Estado matiza el alcance de su respuesta, pero deja la puerta abierta a la investigación judicial: "Es que favores a mí me pincharían en hueso porque como en Adif no hay favores pero sí me han llamado para comunicarme que algunas empresas estaban sufriendo, que no se les estaba tratando bien, etcétera. Preferiría no dar el nombre de esas empresas porque yo no sé si eso es legal y no quiero dañar la reputación de ninguna compañía. Sí estoy en disposición de contarlo a la Justicia".

Esta dinámica de acompañamiento de constructores por parte de antiguos cargos públicos provocaba un rechazo frontal en su equipo técnico. La exdirigente describe con nitidez la incomodidad de presenciar cómo la política de pasillo intentaba interferir en la equidistancia que debía guiar la contratación pública: "Conozco absolutamente técnicamente todas las obras y si viene un empresario de una constructora acompañado del técnico que tiene el problema en la obra y me lo explican, yo iré con mi equipo y veremos el problema. Pero que venga con un político, que supongo que estará cobrando un dinero por acompañarle, me ha resultado siempre del todo inaceptable. Siempre que me ha pasado esto he hecho un aparte con el constructor y le he pedido que, por favor, no volviese a hacerlo. Que no iba a conseguir absolutamente nada".

Disposición total a colaborar con la Justicia

En este contexto de sospechas cruzadas, registros de la Guardia Civil y piezas separadas en la Audiencia Nacional, la postura procesal de Pardo de Vera ha experimentado un giro determinante. Consciente de la gravedad de los delitos de presunta corrupción que se le imputan y confiada en que la cadena de expedientes técnicos de Adif demostrará que las adjudicaciones recayeron en las empresas que realmente lo merecían, la investigada formula un ofrecimiento formal a los órganos judiciales.

Su compromiso de tirar de la manta si los investigadores consideran relevante su testimonio sobre comisionistas, empresarios favorecidos e intermediarios políticos queda verbalizado de forma inequívoca. Al ser interrogada sobre su voluntad procesal, responde sin ambages: "Quiero colaborar. Efectivamente, si la Justicia considera que información que yo pueda tener de cuando he estado ejerciendo mis cargos sobre distintas personas puede ser relevante, estoy a su disposición. Colaboraré siempre porque confío en la Justicia. Sé que hay otras personas que han preguntado por empresas y que podrían ser comisionistas así como de otras empresas que pueden haber pagado comisiones".

Este ofrecimiento no se limita a un mero brindis al sol. La exsecretaria de Estado sitúa en el foco a la fauna empresarial que frecuentaba las dependencias ministeriales antes de sus reuniones con el ministro, mencionando abiertamente el nombre del constructor José Ruz, propietario de la firma Levantina, y sugiriendo que existen otros nombres en la reserva dispuestos a ser revelados ante la Fiscalía: "No sé si era pase VIP porque yo cuando llegaba ya estaban allí y, efectivamente, había más. Prefiero no decir nombres aunque alguno ya se ha dicho como es el señor Ruz. Había alguno más que cuando iba a reunirme con el ministro pues estaba por allí. Prefiero no decir nombres porque puede hacerles un daño reputacional y no están en ninguna investigación, pero si es necesario decirlos, estoy a disposición de la Fiscalía y del juez para dar la información que tengo".

Guerra abierta con Koldo García

El relato de Pardo de Vera ofrece también una radiografía pormenorizada de la convivencia imposible entre los mandos técnicos de la red ferroviaria y la guardia de corps que rodeaba a José Luis Ábalos. En el centro de ese choque institucional emergen la figura de Koldo García Izaguirre, el omnipresente asesor del ministro, y el propio secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La expresidenta de Adif define a Koldo como una persona "inaceptable, sin formación alguna y con un pasado digamos bastante cuestionable", dibujando un escenario de acoso y derribo burocrático. Según su versión, su negativa sistemática a ceder ante los requerimientos del asesor le valió el calificativo de enemiga principal de la trama dentro de la casa.

Los propios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogen la irritación de la mano derecha del ministro en mensajes intervenidos donde espetaba que "Isabel es una grandísima hija de puta que lo ha bloqueado todo". Ante los intentos de influir en expedientes como la licitación de la alta velocidad en Extremadura, Pardo de Vera zanja la cuestión tildando de "ignorante" a Koldo y sugiriendo que el asesor inventaba supuestas influencias sobre la cúpula de Adif para justificar el cobro de comisiones ilegales.

Esa misma firmeza es la que argumenta haber aplicado frente a los reiterados intentos de colocar a personal afín al Partido Socialista en la alta dirección de la empresa pública. A pesar de la cascada de presiones recibidas desde la cúspide del departamento, la investigada sostiene haber mantenido un cortafuegos infranqueable: "Siempre que me han propuesto gente afín al partido y gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de Adif, hasta casi 20 currículums, he dicho que no". Una línea roja que extiende al caso de la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco, derivando cualquier responsabilidad legal hacia la presidenta de esta última entidad filial y circunscribiendo su intervención a la mera transmisión del currículum por indicación expresa del ministro.

Tanteos nocturnos

El testimonio de la exsecretaria de Estado concluye desgranando los episodios de ingeniería política que anticiparon el colapso del equipo ministerial de Ábalos en julio de 2021. Pardo de Vera rememora el clima de sospecha y desconcierto que rodeó el cese fulminante del ministro y de Santos Cerdán, revelando un enigmático encuentro a solas con este último tras su salida de la Secretaría de Organización del PSOE.

Un café nocturno en las inmediaciones del domicilio del dirigente navarro que la investigada interpreta, con la perspectiva del tiempo, como un intento de medir hasta dónde alcanzaba su conocimiento sobre los trapos sucios del departamento: "Puede ser que me estuviese tanteando para ver si yo sabía algo sobre él pero esto lo deduzco a posteriori".

Poco tiempo después, la determinación de Pardo de Vera de purgar la Dirección General de Carreteras, entonces encabezada por Javier Herrero, un cargo próximo a Cerdán e investigado también por supuestos amaños, desencadenó la ruptura definitiva con el aparato de Ferraz. A pesar de excusarse internamente alegando que el relevo estaba "consensuado con Moncloa" para frenar los reproches del dirigente socialista, la exsecretaria de Estado fue destituida de su responsabilidad apenas dos meses y medio más tarde.

Aislada políticamente, rechazada su reincorporación en Adif y enfrentada en los tribunales contra la empresa pública que dirigió, Isabel Pardo de Vera encara la instrucción judicial de la Audiencia Nacional armada con expedientes, mensajes de texto y una advertencia implícita para la antigua cúpula de Transportes: su voluntad de tirarlo todo de la manta antes de asumir la culpa de un sistema de comisiones y favores contra el que, según su testimonio, batalló en solitario.