El testimonio judicial de la exalcaldesa de Requena, Rocío Cortés, ha introducido un elemento de análisis crítico en la investigación penal sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su declaración ante el juzgado no solo reconstruye la cronología de los hechos en un municipio clave del interior de Valencia, sino que establece un vínculo causal directo entre la anticipación institucional y la preservación de la vida humana. Al afirmar categóricamente que en su localidad «no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población», la exregidora del Partido Popular sitúa el foco del debate en la responsabilidad jurídica de la administración local y en la viabilidad de los protocolos de emergencia aplicados aquella jornada.
La comparecencia de Cortés aporta indicios fundamentales sobre lo que el derecho administrativo y penal cataloga como la diligencia debida en la gestión del riesgo catastrófico. La cronología desvelada por la exalcaldesa demuestra que el equipo de Gobierno municipal operaba bajo un escenario de preocupación desde el día anterior a la tragedia. Esta previsión política se tradujo en decisiones ejecutivas durante la madrugada del 29 de octubre, mucho antes de que el colapso de las infraestructuras fuera irreversible, iniciando las deliberaciones para la suspensión de las clases escolares a las cuatro de la madrugada.
La secuencia de acciones ejecutadas en Requena ofrece un contraste técnico sustancial respecto a la respuesta de otras administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. Los contactos con inspectores de Educación y empresas de transporte a las 6:53 horas, seguidos de un comunicado oficial con recomendaciones a la población a las 7:52 horas, evidencian una activación temprana de los mecanismos de autoprotección ciudadana. En el ámbito del derecho público, estas actuaciones configuran un precedente sobre cómo la comunicación institucional de crisis en las primeras horas de una alerta roja resulta determinante para mitigar el impacto de una catástrofe natural.
El análisis de la jornada del 29 de octubre también revela una gestión operativa sobre el terreno que combina la previsión técnica con la obra civil de emergencia. La vigilancia del barranco del río Magro culminó a las 11:00 horas con el despliegue de maquinaria pesada para levantar un dique de contención, una medida de ingeniería de urgencia que contuvo de forma parcial la avenida de agua. La posterior orden de retirada a los hogares y la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) hacia la una del mediodía completaron un blindaje institucional que, a tenor de los resultados de siniestralidad cero, funcionó de manera eficiente a pesar de que vías críticas como el acceso al hospital comarcal ya se encontraban anegadas.
El recorrido político de Rocío Cortés añade una evidente complejidad institucional a este caso, dado que ejerció simultáneamente como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias hasta que prosperó una moción de censura en su contra una semana después de las inundaciones. Su destitución política contrasta con el éxito técnico de la evacuación de su municipio. El testimonio de la exalcaldesa ante los tribunales no solo actúa como un elemento de descargo para su gestión particular, sino que redefine el marco de la evaluación pericial sobre la gestión global de la DANA, al demostrar que la activación de los avisos locales en las primeras horas de la mañana del 29-O salvó vidas en el interior valenciano.