Casi medio siglo después de que el Estatuto de Autonomía reconociera su derecho a la gestión íntegra de la Seguridad Social, Euskadi ha logrado el traspaso de las prestaciones contributivas por desempleo y subsidios, lo que le permite completar el primer bloque de competencias en materia de protección social. Más de 50.000 personas serán atendidas directamente por las instituciones vascas en un nuevo modelo de corresponsabilidad institucional.
Un paso histórico hacia el autogobierno efectivo
Con el acuerdo sellado este miércoles entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo, se materializa una de las demandas más sostenidas del autogobierno vasco: la gestión directa de las prestaciones pasivas por desempleo, una competencia reconocida en el Estatuto de Gernika pero sistemáticamente pospuesta durante décadas. La consejera de Gobernanza, María Ubarretxena, ha subrayado el carácter “histórico” del acuerdo, que implica no solo el control económico de más de 822 millones de euros anuales, sino también el traspaso de 30 oficinas del SEPE al Ejecutivo autonómico.
Este traspaso no se limita a una cuestión financiera o burocrática. Supone dar coherencia al modelo de políticas activas y pasivas de empleo bajo una única dirección, lo que, en términos de eficiencia administrativa, calidad del servicio público y atención individualizada, representa una mejora sustancial para decenas de miles de personas en situación de desempleo.
El lehendakari Imanol Pradales ya había alcanzado un compromiso político con Pedro Sánchez el pasado julio, que contemplaba la entrega de una primera parte de competencias en materia de Seguridad Social. Pero faltaban las piezas más sustanciales: el paro contributivo y el subsidio posterior. Tras superar resistencias técnicas y políticas, el acuerdo cierra un capítulo abierto desde 1979.
Blindaje competencial y horizonte de transferencias
Más allá del acuerdo concreto sobre el desempleo, el Gobierno vasco ha anunciado que en octubre presentará un plan para completar el calendario de transferencias pendientes. El objetivo es que el cumplimiento del Estatuto no quede en manos del oportunismo político, sino que se convierta en una hoja de ruta vinculante para la consolidación del autogobierno.
Desde una perspectiva jurídica y democrática, el cumplimiento de los compromisos estatutarios no es un gesto de generosidad del Estado central, sino una obligación constitucional largamente aplazada. Esta transferencia no desnaturaliza la Seguridad Social como sistema de solidaridad, sino que adapta su gobernanza a la realidad plurinacional del Estado, con mecanismos de control, transparencia y lealtad institucional mutua.
Es significativo que este avance haya sido posible en un momento político donde algunas voces siguen apostando por recentralizar competencias, negando el papel de las comunidades autónomas en la gestión de derechos básicos. Frente a ese discurso, el traspaso a Euskadi refuerza un modelo donde la descentralización no significa desigualdad, sino proximidad democrática y eficacia en la respuesta a las personas.
Este paso no es el final del camino, pero marca un precedente. Años de bloqueo, interpretaciones restrictivas y falta de voluntad política han retrasado lo que debería haber sido una cuestión de justicia competencial. Hoy, Euskadi se sitúa más cerca de un modelo propio de protección social, uno que no olvida que detrás de cada prestación hay vidas reales, vulnerabilidades y dignidades que deben ser protegidas con rigor, empatía y cercanía institucional.