Hoy martes, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley del Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo lo firmara con los sindicatos. La norma incorpora un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 225.000 euros y abre ahora un recorrido incierto en el Congreso.
El texto —formalmente proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa— pretende poner coto a una realidad conocida: estudiantes que cubren puestos estructurales bajo la etiqueta de prácticas.
“No se puede consentir que se cubran puestos de trabajo con personas que están en un periodo de formación”, defendía este lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la presentación del llamado Buzón de las personas becarias, un canal en colaboración con la Inspección de Trabajo para denunciar irregularidades.
El instrumento permitirá alertar de prácticas sin tutorización real, sustitución encubierta de plantilla o tareas ajenas al itinerario formativo. La idea es sencilla: dotar de herramientas de inspección a una figura —la del becario— que ha quedado en demasiadas ocasiones en tierra de nadie.
Un régimen sancionador contundente
La norma incluye sanciones que oscilan entre 7.501 y 225.018 euros, según la gravedad. Las infracciones muy graves en su grado máximo podrán alcanzar el umbral más alto. Se considerarán especialmente graves las discriminaciones por edad, discapacidad, sexo, origen, religión, orientación sexual, ideología o afiliación sindical, así como cualquier trato desfavorable por reclamar derechos.
Además, las empresas deberán compensar los gastos derivados de las prácticas —desplazamiento, alojamiento o manutención— en una cuantía suficiente para cubrir el coste real para el estudiante.
El Estatuto fija también límites a las prácticas extracurriculares: no podrán superar el 15% de los créditos ECTS de la titulación ni exceder de 480 horas. En títulos propios universitarios, la suma de prácticas curriculares y extracurriculares no podrá superar el 25% de los créditos, con excepciones para programas de al menos 60 ECTS, donde se permite hasta tres meses de prácticas.
La norma delimita qué se entiende por formación práctica no laboral y establece las obligaciones tanto de las empresas como de los estudiantes: cumplimiento del proyecto formativo, respeto a horarios y normas internas, confidencialidad y seguimiento con tutor académico y empresarial.
Tensiones internas
El Estatuto llega al Consejo en un momento político delicado. La iniciativa, con rango de ley, deberá tramitarse en el Congreso y ha generado discrepancias internas entre PSOE y Sumar en su fase de elaboración. La reciente ruptura de Junts con el Ejecutivo añade incertidumbre a su aprobación definitiva.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este lunes la necesidad de atajar una “fuente de precariedad” que degrada la formación y convierte las prácticas en empleo gratuito sin derechos. Lamentó además la distancia entre la patronal y la Inspección de Trabajo en este terreno. El Gobierno confía en sacar adelante la norma pese a los últimos tropiezos parlamentarios, como la caída del decreto del escudo social la semana pasada. “Cada grupo político tendrá que hacerse cargo de sus negativas”, señaló Rego.
El Estatuto no crea una nueva figura laboral, pero sí establece un marco jurídico que hasta ahora resultaba difuso. El objetivo declarado es evitar que la formación práctica sea una coartada para precarizar el empleo juvenil.
Hoy, el Consejo de Ministros da el primer paso formal. El recorrido legislativo será el verdadero termómetro: no solo de la protección efectiva a los estudiantes en prácticas, sino de la capacidad del Gobierno para ordenar mayorías en una legislatura donde cada votación es una prueba de resistencia.