La justicia de los Estados Unidos ha asestado un golpe definitivo a una presunta red internacional dedicada a sortear el embargo comercial sobre el régimen de Nicolás Maduro, según ha publicado la Cadena SER. El empresario español Juan Carlos González Pérez, dueño de la compañía Aerofalcon S.L., se encuentra actualmente encarcelado en Miami tras ser detenido el pasado 12 de marzo en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Punta Caucedo, República Dominicana. Su arresto pone fin a una búsqueda que comenzó en diciembre de 2021, cuando la Corte del Distrito de Florida del Sur abrió una causa penal en su contra por utilizar su infraestructura empresarial para suministrar piezas de aeronaves a la petrolera estatal venezolana PdVSA.
El perfil de González Pérez ha cobrado especial relevancia pública no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por sus vínculos empresariales previos. El ahora detenido fue presidente de la firma panameña Insumos Médicos del Pacífico, sociedad en la que coincidió con Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Mientras que su socio seguía caminos distintos en España, González Pérez presuntamente consolidaba un esquema de contrabando de mercancías y conspiración para exportar bienes ilegalmente, delitos por los que enfrenta una posible condena acumulada de hasta 35 años de prisión.
La operativa descrita por el Departamento de Justicia de EEUU revela un sistema de triangulación diseñado para burlar los controles de exportación. Según la investigación, Aerofalcon S.L. adquiría componentes críticos en territorio estadounidense, como un motor turbofán Dassault Falcon Honeywell valorado en más de 800.000 dólares, declarando fraudulentamente que el destino final era España. Una vez el material llegaba a Madrid, se reexpedía a la base de Maiquetía en Venezuela. Para ocultar el rastro financiero, la trama evitaba bancos estadounidenses o europeos, utilizando en su lugar cuentas en Rusia, China o Malasia, destacando el uso de una cuenta en el Alfa Bank ruso para recibir pagos de la petrolera venezolana.
La caída del empresario español se precipitó tras la confesión de George Semerene, exjefe de compras de PdVSA, quien aceptó su culpabilidad y colaboró con las autoridades identificando a una decena de implicados. Entre los señalados figura también Juan David Guerra Viera, director de Aerofalcon y antiguo funcionario del Ministerio de Transporte de Venezuela. La investigación subraya que los acusados eran plenamente conscientes de la ilegalidad de sus actos, como demuestran correos electrónicos donde discutían la necesidad de ser "cautelosos" tras el endurecimiento de las sanciones de la administración norteamericana y el uso de documentación engañosa para reducir costos del IVA y ocultar al usuario final.
La detención en República Dominicana no ha estado exenta de polémica legal. Los abogados de González Pérez han presentado un recurso de amparo alegando que su entrega a Estados Unidos constituyó una extradición irregular, al no haberse agotado los procedimientos judiciales ante la Suprema Corte de Justicia dominicana. Paralelamente en España, la familia del empresario llegó a denunciar su desaparición en una comisaría de Hortaleza al perder contacto con él tras su salida hacia el Caribe. Mientras el proceso judicial avanza en Florida, su empresa Aerofalcon S.L. ha entrado en concurso de acreedores, cerrando así un capítulo de comercio clandestino que desafió durante años las restricciones internacionales.