Aunque su opinión no es vinculante, el órgano de gobierno del Poder Judicial tiene una nueva oportunidad de mostrar sintonía con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Durante el proceso de elección del dimitido Álvaro García Ortiz, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinó en noviembre de 2023 por ocho votos frente a siete y una abstención, en una decisión inédita hasta entonces, que su elección no era idónea para el cargo de fiscal general del Estado. Ahora, la propuesta de Peramato para sustituir al primer fiscal general del Estado condenado en ejercicio de sus funciones tiene escasas posibilidades de que tenga un voto de no idoneidad por parte del órgano de gobierno del Poder Judicial.
La dilatada e intachable carrera profesional de Peramato (Salamanca, 63 años) con más de 35 años en ejercicio supone una carta de presentación inmaculada para que el Poder Judicial avale su idoneidad para el cargo sin muchos inconvenientes. La candidata propuesta para el cargo ocupa actualmente el puesto de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de ser fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. También ejerció como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Su predecesor y aún fiscal general en funciones fue rechazado por el Poder Judicial al entender este que no era idóneo tras la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la promoción a la categoría de fiscal de Sala de Dolores Delgado, que precedió a la elección de García Ortiz.
Las reacciones a la elección de Peramato como candidata a sustituir a García Ortiz no se han hecho esperar, y la La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece la propia candidata, ha celebrado la propuesta resaltando su acreditada solvencia técnica y trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales.