La fiscalía de Madrid ha llegado a una situación insostenible. Sus 272 miembros se encuentran divididos en el enfrentamiento entre la fiscal superior, Almudena Lastra, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Hasta tal punto han llegado las cosas que ambas no se hablan y la primera, en la memoria de 2024, denuncia que la segunda no mantiene comunicación con el jefe de prensa, Iñigo Corral, el cual depende orgánicamente de la consejería de Presidencia y Justicia de la CAM, y al que se le relaciona con las maniobras del entorno de Díaz Ayuso que desembocaron en la filtración por parte del jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, del bulo en el cual se hablaba de una oferta por parte del fiscal al abogado del novio de la presidenta, Alberto González Amador, cuyas consecuencias son de todos conocidas. El asunto ha acabado con el procesamiento de García Ortiz. La fiscalía de Madrid, cuyas competencias se reparten entre Lastra y Rodríguez, es un galimatías que está repercutiendo en su funcionamiento. Lastra está, jerárquicamente, por encima de Rodríguez quien asumió el cargo en 2018 y tiene competencias en todo el territorio madrileño salvo en los partidos judiciales de Alcalá de Henares, Getafe-Leganés y Móstoles-Fuenlabrada. Fue imputada en el caso de García Ortiz considerándola cómplice de la filtración del famoso correo por el juez Hurtado. La sala de Apelaciones la desimputó, pero ello no ha servido para arreglar las diferencias con su superior jerárquicamente.
Menos mal que ambas no tienen que relacionarse físicamente. Almudena Lastra ocupa unos despachos en el Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Madrid, donde también se ha instalado a Íñigo Corral, mientras que Pilar Rodríguez ocupa unas dependencias de la Audiencia Provincial en el norte de la ciudad. De todas maneras, Almudena Lastra está convencida de que, en mayo del año que viene, cuando termine su mandato, no será renovada.
Todavía tendrá tiempo de declarar ante el tribunal que juzgará al fiscal general, y de ratificarse en su testimonio ante el juez Hurtado cuando señaló a García Ortiz como “el probable filtrador del correo origen del caso”. Ahí están sus manifestaciones en las cuales asegura que estuvo hablando con García Ortiz la noche de autos, del 13 de marzo de 2024, y le preguntó si había filtrado el mensaje a lo que, según su versión, éste contesto “eso ahora no importa”. Además, Lastra y Corral, que también declarará en la vista oral, dicen haberse negado a la publicación de la nota oficial que la sala de Admisión del Supremo consideró legal, en su día, aunque el instructor duda de que no sea reprochable penalmente. Hay que aclarar que lo que está en juego por parte del tribunal que va a juzgar a García Ortiz no es la nota oficial de prensa sino la filtración del email en el que González Amador reconoce ser culpable de dos delitos cometidos en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.
La mala relación de Lastra, que va a ser la principal testigo de cargo, con la cúpula de García Ortiz viene de lejos, de la época de Dolores Delgado como fiscala general. Entonces era teniente fiscal de Inspección adscrita a la fiscalía general. Cuando su titular, Fausto Cartagena, se jubiló aspiró al ascenso. Hay que tener en cuenta que el fiscal jefe de Inspección tiene rango de fiscal de sala, que quedan adscritos al Supremo, cobran más y participan en las decisiones importantes que se toman en el ministerio público.
El que Delgado decidiese no ascenderla puede ser el motivo de su enfrentamiento con el entorno de lo que ella sostiene “mantiene secuestrada la carrera del ministerio público”. Entre 2008 y 2013 había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE y durante 30 años estuvo afiliada a la Unión Progresista de Fiscales. Pero, en junio de 2023, las cosas cambiaron. Envió una durísima carta a la presidenta de la asociación, Inés Herreros, en la cual decía que “no se oculta que, hace ya tiempo, día a día me he ido sintiendo más ajena a la deriva que ha ido teniendo esta asociación cada vez más centrada en la lucha funcionarial y en el progreso personal de algunos. ¿De verdad era necesario llegar a esta situación? Yo creo que no. Por eso te agradeceré que traslades al secretariado y a los compañeros asociados este escrito y mi deseo de causar baja de una asociación que siento que ya no me representa y en suyo proceder no me identifico”. Curiosamente la decisión de Almudena Lastra coincide con la de otros reconocidos fiscales como son Javier Zaragoza, Carlos Castresana, José Peña y Lorena Álvarez quienes se dieron de baja de la UPF casi al mismo tiempo. Hay quien dice que algunos de los citados creen que tienen posibilidades de ascender y ocupar algún puesto relevante si el PP llega al gobierno.
Lastra mantiene una actitud beligerante hacia todo lo que tenga que ver con Dolores Delgado. Y a García Ortiz lo considera una figura cercana y afín. Si Pilar Rodríguez se hubiese puesto de su lado cuando señaló con el dedo al fiscal general del Estado como el autor de la filtración, probablemente las cosas no habrían llegado al punto en el que están ahora. Pero la fiscala jefa de Madrid ha ido prácticamente del brazo de García Ortiz durante toda la instrucción. El juez la atribuía la ejecución de la filtración en una teoría conspiranioca tan extravagante que la sala de Apelaciones no ha tenido más remedio de rechazarla.
Las consecuencias de todo este desaguisado son estas. La división en la fiscalía de Madrid es evidente. Los partidarios de Almudena Lastra recuerdan que ella fue la inspiradora de los famosos acuerdos de conformidad durante su etapa en el CGPJ y que lo que está defendiendo son sus limitaciones para garantizar la privacidad en el proceso. Dicen que ella conoce perfectamente que no puede mentir como testigo y que todo lo que ha manifestado es verdad. Estamos otra vez ante la teoría del falso testimonio que, hay que recordar a los defensores de la fiscala superior de Madrid, sólo tiene validez cuando el declarante se sienta en el estrado.
Pero el asunto no es ese. Las diferencias en la fiscalía de Madrid que han provocado el turbio asunto judicial de los correos electrónicos del novio de la presidenta de la CAM pueden llegar a afectar al funcionamiento del sistema. Y eso sí que es grave.