Hay algo profundamente inquietante en una Administración que habla mucho de modernización mientras es incapaz de explicar cuántos trabajadores necesita, dónde los necesita y para qué los necesita, como si el empleo público pudiera gestionarse desde la penumbra, con cifras insinuadas y decisiones aplazadas, mientras al otro lado esperan miles de personas que han convertido su vida en una espera disciplinada.
En la Mesa General de Negociación no se alzó la voz, pero sí se instaló una incomodidad densa, de esas que no necesitan estridencias para hacerse visibles, porque basta con el silencio del otro lado, con la ausencia de datos, con la sensación de que lo que debería ser un ejercicio de transparencia se convierte en un trámite opaco donde se pide confianza sin ofrecer información, como si negociar fuera simplemente asentir.
Los sindicatos —UGT, CSIF y CCOO— han coincidido en algo que rara vez se expresa con tanta claridad: no se puede negociar lo que no se enseña, no se puede construir una Oferta de Empleo Público sobre la base de una fe administrativa que sustituye a los números, a la planificación y a la responsabilidad. La crítica no es menor, porque no apunta a un detalle técnico, sino a una forma de proceder que revela una cierta desidia estructural, una manera de gestionar lo público como si lo público no perteneciera a nadie en concreto.
El Ministerio de Función Pública ha presentado una oferta sin despiece, sin distribución territorial, sin concreción por cuerpos o escalas, una especie de esqueleto administrativo al que le faltan órganos esenciales, como si bastara con anunciar plazas en abstracto para dar por cumplido el expediente. Esa falta de detalle no es solo una carencia técnica, es una forma de opacidad, una manera de evitar el escrutinio que convierte la planificación en un ejercicio retórico.
Mientras tanto, se acumulan las cifras que sí existen, aunque parezcan relegadas a un segundo plano, como esos más de 9.000 puestos de personal laboral pendientes de convocatoria que atraviesan varias ofertas anteriores y que permanecen suspendidos en el tiempo, como si el sistema fuera incapaz de absorber sus propias decisiones. La Administración promete convocarlas en dos meses, pero la promesa llega tarde, rozando la caducidad de una oferta que amenaza con evaporarse sin haber llegado a materializarse, lo que introduce una sensación de improvisación que difícilmente puede disimularse.
La paradoja es evidente: se habla de reforzar ámbitos estratégicos, de preparar la Administración para emergencias climáticas, de responder a crisis complejas que requieren estructura, previsión y músculo público, pero al mismo tiempo se gestiona el empleo con una fragilidad que desmiente ese discurso, como si la ambición política no encontrara correspondencia en la arquitectura real del Estado.
CSIF ha utilizado una palabra especialmente reveladora: “ocultan”. No es una acusación ligera, porque introduce la idea de una voluntad, de una decisión consciente de no facilitar información en un espacio que debería ser, por definición, transparente. Ocultar cifras en una negociación pública no es solo una falta de cortesía institucional, es un síntoma de desorden o de algo peor: de falta de dirección.
Por su parte, CCOO ha recurrido a una imagen casi religiosa al denunciar que se les pide “fe”, una palabra que, trasladada al ámbito administrativo, adquiere un matiz inquietante, porque la fe pertenece al terreno de lo intangible, de lo que no se puede comprobar, de lo que se acepta sin pruebas, y precisamente eso es lo contrario de lo que debería regir la gestión del empleo público, que exige datos, previsión y compromiso.
En ese contexto, el empleo público aparece como una promesa incumplida que se arrastra de un año a otro, acumulando retrasos, incertidumbre y una cierta sensación de provisionalidad que afecta tanto a quienes esperan acceder como a quienes ya están dentro y observan cómo los procesos se dilatan hasta perder su sentido. Los aspirantes, convertidos en figuras pacientes y disciplinadas, ven cómo sus expectativas se aplazan una y otra vez, atrapados en un sistema que les exige esfuerzo pero no les ofrece certezas.
Al mismo tiempo, la propia Administración reconoce, de forma indirecta, sus debilidades al anunciar informes sobre departamentos con coberturas inferiores al 75%, como si el diagnóstico pudiera sustituir a la acción, como si identificar el problema fuera suficiente para resolverlo. Pero los informes, por sí solos, no cubren plazas, no refuerzan servicios, no sostienen un Estado que ya muestra signos evidentes de tensión.
Y en el fondo de todo esto aparece una cuestión más amplia, más incómoda, que atraviesa el debate sin nombrarse del todo: la relación entre el Estado y su propia capacidad para sostenerse. Porque una Administración que no planifica su empleo con claridad, que retrasa sus convocatorias, que no garantiza la cobertura de sus plazas y que negocia sin datos, está poniendo en cuestión algo más que una oferta concreta; está debilitando la estructura misma de lo público.
No se trata solo de números, se trata de voluntad política.
De entender que el empleo público no es un trámite anual, sino la base sobre la que se construyen servicios que afectan a la vida cotidiana de millones de personas, desde la atención en una oficina de empleo hasta la gestión de una emergencia.
Y en ese sentido, lo que han denunciado los sindicatos no es un conflicto puntual, sino el reflejo de una inercia preocupante: la de una Administración que se promete a sí misma más de lo que es capaz de cumplir, que anuncia más de lo que ejecuta y que, en ese desajuste constante, va erosionando lentamente la confianza en su propia eficacia.