Dos decretos de vivienda, dos fechas de entrada en vigor

Las imprentas oficiales no suelen ponerse en marcha a destiempo por mera casualidad. Cuando el Boletín Oficial del Estado amanece con dos decretos de calado, como son los de vivienda aprobados ayer en el Consejo de Ministros, publicándose de golpe, la tinta fresca huele a algo muy concreto: sudor frío y vértigo.

Apenas unos días después del severo varapalos encajado en el Pleno del Congreso, donde una mayoría implacable tumbó sin miramientos el gran paquete legislativo de vivienda, en la Moncloa han decidido volver a tirar los dados. Un 'todo al rojo' en toda regla.

Esta vez, sin embargo, el escenario institucional es del todo excepcional. El Parlamento ya está disuelto. Las Cortes han bajado la persiana y las miradas se concentran ahora en un espacio mucho más reducido, casi de trinchera: la mesa de operaciones de la Diputación Permanente. El reloj corre sin piedad con una fecha grabada a fuego en el calendario político: la convocatoria de elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo que se juega estos días en la trastienda de la política no es solo un cruce de reproches jurídicos o un frío ajuste de partidas presupuestarias. Para nada. En la retina del gobierno hay una imagen reciente, dolorosa y punzante que actuó como un auténtico catalizador político: la protesta por los desahucios avivada tras la expulsión habitacional de Maricarmen Abascal.

Ver a esa mujer de ochenta y siete años expulsada de la casa donde vivía de alquiler prácticamente toda su vida volvió a incendiar las avenidas. Miles de personas salieron a la calle a protestar, la tensión social se disparó y en los despachos ministeriales saltaron los empastes. Había que moverse. Y rápido. A menos de dos meses de que los ciudadanos dicten sentencia definitiva sobre la continuidad del Ejecutivo, el Gabinete ha reformulado su estrategia dividiendo la ofensiva en dos reales decretos de vivienda de ritmos y destinos deliberadamente contrapuestos.

El primer decreto es una mole de noventa y nueve páginas. Un denso armazón normativo que agrupa la inmensa mayoría de las veintiuna medidas ideadas en los ministerios y que entrará en vigor mañana. Entra a degüello. Con él, la coalición de Gobierno busca transmitir la imagen de una Administración resuelta, activa y con la mano puesta en la palanca del mercado inmobiliario.

Dentro de esa masa de artículos destaca, por ejemplo, la línea de financiación de 10.000 millones de euros anunciada ayer por el presidente del Gobierno. La idea es conceder préstamos a interés cero de hasta 50.000 euros para que los jóvenes y quienes buscan su primera vivienda habitual puedan pagar la entrada sin quedar atrapados en la hipoteca.

Paralelamente, el texto aprieta las tuercas contra la compra especulativa impulsada por los fondos buitre e inversores internacionales que adquieren inmuebles a precio de saldo. La norma desplaza hasta el año 2030 el cerco regulatorio sobre estos grandes tenedores de vivienda y sus filiales para acotar sus maniobras.

Además, en el terreno de las ejecuciones judiciales por impago de alquiler, se introduce una novedad importante: la protección frente a desahucios contempla que cuando una familia vulnerable carezca de alternativa habitacional, la propia Administración asumirá la deuda y las costas del proceso. A eso se suma la suspensión de procedimientos de lanzamiento hasta 2030, una prórroga extraordinaria para los contratos vigentes hasta 2028 y un mazo fiscal: un IVA del 10% a pisos turísticos y un gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las SOCIMI en arrendamiento residencial.

La letra pequeña

Esta batería de cambios viene acompañada de un manual de instrucciones muy preciso. Por ejemplo, en lo que atañe a la cesión de contratos de crédito hipotecario, la norma deja claro que las nuevas reglas aplicarán a cualquier operación formalizada a partir de su entrada en vigor, sin importar cuándo se cerró el contrato original. Una forma de cerrar la picaresca bancaria.

En la otra cara de la moneda, la del ahorro privado, la conocida como Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa y la contratación de seguros individuales vinculados van a tener que quedarse temporalmente congeladas en los escaparates de las sucursales. No podrán comercializarse hasta que el Ministerio correspondiente apruebe la orden ministerial que regule sus requisitos. Cuestión de tiempos administrativos.

La trampa mortal del segundo decreto

Ahora bien, donde realmente se ubica el nudo gordiano de este folletín político es en el segundo de los decretos. Un texto que esconde una bomba retardada, pues su aplicación se ha diferido a propósito hasta el próximo 15 de noviembre.

Ahí dentro se cocina el núcleo duro de las demandas de Sumar y del Sindicato de Inquilinas: la prórroga automática de los alquileres. La redacción está medida al milímetro. La norma aclara que la renovación obligatoria solo afectará a los contratos cuyo vencimiento caiga después de que la ley entre en vigor. Es decir, no toca los avisos de no renovación que los propietarios ya hubieran enviado formalmente antes de la fecha.

Pero ojo al matiz para los contratos que venzan en los seis meses siguientes. Si el propietario decide no renovar y comunica su intención por la vía legal, se verá obligado a pagar una indemnización por no renovación del alquiler de una cuantía que puede oscilar entre las doce mensualidades fijadas según el índice oficial de precios o el equivalente a un mes de renta por cada año que la persona haya vivido en el piso. Una factura nada desdeñable para el arrendador.

Choque de trenes anunciado

Pues bien, la viabilidad de este segundo paquete en la Diputación Permanente roza hoy por hoy la pura utopía. Es un brindis al sol. Mientras que el PNV ha dejado entrever que podría apoyar el primer paquete (el de las ayudas socioeconómicas y la financiación), su rechazo a la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento es tajante. No hay agua en esa piscina.

El PNV, junto a la oposición tradicional y los partidos de corte liberal o conservador, sostiene que obligar a estirar los contratos a la fuerza rompe el equilibrio entre propietario e inquilino y genera un efecto bumerán: que los dueños retiren sus pisos del mercado por miedo e inseguridad jurídica, ahogando aún más la escasa oferta de vivienda en alquiler.

Esta descoordinación calculada revela una brecha evidente dentro de la propia coalición gubernamental. Al posponer la aplicación del segundo decreto hasta mediados de noviembre, los estrategas socialistas parecen haber construido una especie de cortafuegos táctico. Cumplen de cara a la galería con sus socios y guiñan un ojo a la movilización social, pero asumen de puertas adentro que la medida morirá casi con total seguridad en el trámite parlamentario.

Con las Cortes disueltas, la campaña electoral del 29N desbocada ya tras solo 48 horas después de la disolución de las Cortes y las sedes de los partidos hirviendo mientras se confeccionan las listas, el problema del acceso a la vivienda ha dejado de ser solo una tragedia cotidiana en la vida de miles de familias. Se ha convertido en el gran campo de batalla ideológico y en el símbolo definitivo de una legislatura al límite.