El adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, ha admitido que su empresa contrató al despacho Nummaria entre 2008 y 2011. Lo ha hecho para desmentir que diseñara “laberintos societarios” o eludiera impuestos. Sostiene que nunca fue investigado ni recibió notificación judicial y que ha cumplido siempre con Hacienda. El asunto no es penal —al menos por ahora—, sino político: qué estándares debe exigirse un partido que ha hecho bandera de la regeneración fiscal.
El contexto: qué fue Nummaria
Nummaria fue uno de los despachos más señalados en la última década por ofrecer estructuras societarias complejas a profesionales y empresarios con el objetivo de reducir su factura fiscal. La Audiencia Nacional dictó sentencia tras una investigación prolongada que distinguió responsabilidades entre asesores y algunos clientes. No todos fueron condenados, y en otros casos se archivaron actuaciones.
Cabezón subraya que su empresa nunca fue requerida por el juzgado y que la actividad se produjo en el ámbito estrictamente privado, antes de ocupar responsabilidades públicas. Es un matiz relevante: no se le imputa delito alguno. Pero el debate no se agota en la inexistencia de condena.
Ingeniería fiscal: legalidad frente a legitimidad
La línea que separa la planificación fiscal agresiva de la evasión ilegal es fina. Muchas estructuras societarias son formalmente legales, pero erosionan la progresividad del sistema tributario. La Agencia Tributaria lleva años intensificando el control sobre este tipo de esquemas. El problema es político: cuando quienes aspiran a gobernar recurren a fórmulas diseñadas para minimizar impuestos, el discurso redistributivo pierde credibilidad.
El PSOE ha construido buena parte de su narrativa en torno a la justicia fiscal y la lucha contra la elusión de grandes fortunas y multinacionales. En ese marco, cualquier vinculación con despachos especializados en ingeniería tributaria resulta incómoda, aunque no derive en responsabilidad penal.
Cabezón defiende que su actividad empresarial se limitó a España, que sus activos están declarados y que no creó entramados societarios opacos. Es una defensa clara y directa. Pero el hecho de que recurriera a un despacho cuya práctica profesional terminó judicializada plantea preguntas sobre el tipo de asesoramiento buscado y el modelo fiscal que se respalda en privado frente al que se proclama en público.
La amenaza de acciones legales ante “contenidos difamatorios” introduce otro elemento: el derecho a la reputación frente al interés público. Cuando se trata de dirigentes de partidos que gestionan poder institucional, la transparencia no es opcional.
El estándar que se exige
No es lo mismo contratar a un asesor fiscal convencional que acudir a un despacho cuya especialidad es diseñar estructuras complejas para optimizar impuestos. La diferencia no siempre es jurídica, pero sí ética.
El caso no implica, hasta ahora, acusación formal ni procedimiento abierto contra Cabezón. Sin embargo, el listón de exigencia para responsables políticos debería situarse por encima de la mera ausencia de condena. La coherencia fiscal es parte del contrato democrático.
El PSOE ha defendido reformas para limitar la elusión y reforzar la inspección tributaria. Esa agenda exige ejemplaridad. Cuando surge una vinculación con un despacho como Nummaria, la explicación no puede limitarse a la legalidad formal; debe abordar también la dimensión política de la decisión.
En un contexto de desconfianza ciudadana hacia las élites económicas y políticas, los márgenes de tolerancia son estrechos. La transparencia completa y la rendición de cuentas no son un castigo, sino una condición de credibilidad.