La detención de Antxon Alonso por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco sobre una red empresarial y política que, según los investigadores, podría haber operado durante años en la sombra de la contratación pública. Alonso, arrestado en Vizcaya, es considerado socio clave en la empresa Servinabar, estructura que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría utilizado para intermediar en adjudicaciones públicas de gran calado.
En el centro de esa supuesta operativa emerge una gran compañía: Acciona. Los informes policiales apuntan a que la constructora habría obtenido adjudicaciones «facilitadas» gracias a la indebida influencia del entorno de Cerdán, con Antxon Alonso como pieza decisiva en el engranaje.
Servinabar: la empresa desde la que se habría cobrado el “peaje” del 2 %
De acuerdo con el último informe remitido por la UCO al Tribunal Supremo, Servinabar es el vehículo desde el que se habría articulado un sistema de retornos económicos. Según ese documento, Santos Cerdán habría recibido un 2 % de cada adjudicación lograda por Acciona, porcentaje que Servinabar habría canalizado a través de su supuesta estructura societaria.
Aunque el exdirigente socialista sostiene que la compraventa del 45 % de Servinabar firmada con Alonso “no llegó a hacerse efectiva”, la UCO considera que la relación empresarial entre ambos estaba activa y operaba con objetivos concretos.
Antxon Alonso era más que un socio nominal: habría sido el enlace operativo para gestionar contactos, coordinar adjudicaciones y facilitar el acceso de Acciona a contratos en distintos organismos públicos.
Acciona, bajo lupa
La constructora Acciona no es ajena al escrutinio judicial. Varios de sus exdirectivos ya están investigados por su presunta participación en el caso Koldo, la trama de comisiones y contratos irregulares vinculada a la pandemia. Ahora, el caso Alonso añade un capítulo adicional al señalar que la empresa habría logrado adjudicaciones públicas mediante intermediación irregular.
Aunque por ahora la compañía no aparece como investigada formalmente en esta causa, las diligencias señalan que su papel será clave para determinar si existió un patrón de adjudicaciones beneficiadas por presiones políticas.
La UCO quiere esclarecer si Acciona se limitó a suscribir contratos dentro de la legalidad o si, por el contrario, existió un canal de influencia protagonizado por Alonso y su socio político que distorsionó los concursos públicos.
Una trama que apunta a estructuras complejas
La operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, apunta a presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La figura de Antxon Alonso se sitúa en el epicentro de todas las líneas abiertas.
Para los investigadores, la conexión entre Servinabar, Acciona, la red de contactos de Cerdán, la actividad de Díez y la figura de Fernández configura un ecosistema de relaciones que habría permitido influir en adjudicaciones públicas, manipular procesos administrativos y tejer una red de intermediación con beneficios económicos opacos.
Los registros en la sede de Forestalia abren además una nueva línea de preguntas sobre el alcance empresarial de la trama y su posible relación con macrocontratos energéticos.
El desafío político y judicial que se abre ahora
La operación supone un golpe significativo al entorno del PSOE en un momento de alta sensibilidad política. El caso combina elementos explosivos: expresidentes de grandes empresas públicas, exdirigentes orgánicos del partido, investigaciones en el Supremo, intermediación privada y una empresa energética bajo investigación.
A medida que se levante el secreto de sumario, las próximas semanas serán decisivas para determinar si estamos ante una red de corrupción estructurada o ante una suma de actuaciones individuales. Lo que sí parece claro es que las detenciones de Antxon Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández colocan a la SEPI, al PSOE y a varios contratistas del Estado en el punto de mira.