La crisis de la vivienda ha provocado este martes un nuevo desencuentro dentro del Gobierno de coalición. El Consejo de Ministros, convocado inicialmente para las 9.30 horas, ha comenzado alrededor de las 10.30 después de que PSOE y Sumar prolongaran hasta el último momento las negociaciones del real decreto con el que el Ejecutivo pretende responder al encarecimiento de los alquileres y reforzar la protección de los inquilinos frente a los desahucios.
La reunión ha arrancado sin que se conociera públicamente un acuerdo definitivo sobre todas las medidas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han participado en unas conversaciones en las que también han intervenido el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El desencuentro llega en plena movilización ciudadana tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años cuya situación ha convertido la emergencia residencial en uno de los principales asuntos de la agenda política. Aunque sus representantes han alcanzado un preacuerdo con Urbagestión para que pueda regresar a su domicilio, pendiente de que ella acepte las condiciones, las organizaciones de inquilinos mantienen las protestas y reclaman una respuesta legislativa que vaya más allá de este caso particular.
Sumar exige prorrogar los alquileres y ampliar la protección frente a los desahucios
El principal desacuerdo entre los socios de Gobierno está relacionado con el alcance de las medidas de protección residencial. Sumar remitió durante la madrugada una contrapropuesta que incluye la regulación del alquiler por habitaciones, la renovación automática de los contratos y el refuerzo del escudo frente a los desahucios.
La formación también plantea ampliar hasta 2030 la protección extraordinaria frente a determinados desalojos, frente al horizonte de 2028 contemplado en las propuestas anteriores. Su objetivo declarado es incorporar medidas que proporcionen estabilidad a los arrendatarios y dificulten que el vencimiento contractual se convierta en una causa de expulsión residencial.
La negociación se desarrolla sobre una legislación que ya contempla instrumentos de intervención en el mercado del alquiler. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, regula, entre otros aspectos, las zonas de mercado residencial tensionado, aunque las propuestas ahora debatidas pretenden modificar o ampliar determinados mecanismos de protección.
Junts exige garantías para los pequeños propietarios y Podemos rechaza el borrador
La búsqueda de un acuerdo parlamentario añade dificultades a las conversaciones entre PSOE y Sumar. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha acusado al socio minoritario del Ejecutivo de querer dejar desprotegidos a los pequeños propietarios y ha reclamado incorporar medidas fiscales que favorezcan a quienes ponen sus inmuebles en alquiler.
Entre las propuestas trasladadas por su formación figuran desgravaciones relacionadas con el arrendamiento y las hipotecas, así como rebajas fiscales para determinadas operaciones de construcción de vivienda.
Podemos mantiene una posición diferente. Su secretaria general, Ione Belarra, ha calificado el borrador de «parche» y considera que no contiene transformaciones suficientes para responder al encarecimiento residencial. La formación reclama reducir los alquileres mediante una intervención legal y propone incorporar al parque público viviendas actualmente controladas por grandes fondos de inversión, mediante fórmulas de intervención sobre su uso.
Belarra tampoco comparte la posibilidad de dividir el decreto en diferentes textos para facilitar acuerdos parciales, porque considera que esa fórmula podría dejar fuera las medidas de mayor alcance.
El Sindicato de Inquilinas atribuye a la movilización el preacuerdo de Maricarmen
La presión política coincide con la continuidad de las protestas. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha atribuido a la organización colectiva el principio de acuerdo alcanzado con Urbagestión para facilitar el regreso de Maricarmen a su vivienda.
Su abogada, Beatriz Duro, también ha reivindicado el papel de la movilización social y ha precisado que el preacuerdo todavía debe ser examinado y aceptado por la afectada. La letrada ha recordado que el entendimiento no significa que las condiciones del nuevo contrato estén definitivamente ratificadas.
Desde la Puerta del Sol, los manifestantes reclaman que el denominado Decreto Maricarmen recoja íntegramente sus reivindicaciones, entre ellas una mayor estabilidad de los contratos de alquiler y medidas que eviten que las personas vulnerables pierdan su vivienda habitual.
El movimiento también se ha extendido a otras ciudades. En Bilbao se ha instalado una acampada en la plaza Arriaga, mientras que en Murcia alrededor de medio centenar de personas han participado en una protesta coordinada por organizaciones de vivienda.
El Congreso tendrá la última palabra sobre el decreto
La aprobación gubernamental no pondrá fin al procedimiento. Conforme al artículo 86 de la Constitución, un real decreto-ley debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso dentro de los treinta días siguientes a su promulgación.
La negociación actual tiene, por tanto, dos dimensiones: alcanzar un acuerdo dentro del Ejecutivo y reunir posteriormente los apoyos parlamentarios necesarios para convalidar la norma.
Mientras continúa ese proceso, el caso de Maricarmen ha situado en primer plano una discusión que afecta a numerosos hogares: qué protección debe ofrecer la legislación a quienes viven de alquiler, cómo compatibilizarla con los derechos de los propietarios y qué instrumentos deben aplicar las administraciones para evitar situaciones de exclusión residencial.
El contenido definitivo del decreto deberá conocerse una vez concluya el Consejo de Ministros. Hasta entonces, las propuestas en negociación no pueden considerarse medidas aprobadas.
Una negociación marcada por la urgencia social y las diferencias políticas
El desacuerdo también ha puesto de manifiesto las distintas respuestas que plantean las formaciones parlamentarias ante la crisis residencial. Mientras Sumar y otros grupos reclaman ampliar la regulación de los contratos y reforzar las garantías frente a los desahucios, Junts insiste en proteger a los pequeños arrendadores mediante incentivos fiscales. El PSOE intenta conciliar estas propuestas con la necesidad de obtener apoyos suficientes en el Congreso.
El resultado de las negociaciones determinará qué medidas entrarán finalmente en vigor y cuáles quedarán pendientes de una posterior tramitación legislativa.
La jornada comenzó con el retraso de un Consejo de Ministros condicionado por las conversaciones de última hora y con una movilización que ya ha superado el ámbito madrileño. El contenido de la norma, su aprobación y su posterior convalidación parlamentaria siguen siendo cuestiones distintas que deberán resolverse sucesivamente.
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