La tragedia de la DANA que dejó 230 muertos en Valencia parecía haber entrado en esa fase incómoda en la que las catástrofes pasan del impacto emocional al desgaste administrativo. Sin embargo, la decisión judicial de solicitar la imputación del expresidente valenciano Carlos Mazón ha devuelto el caso al terreno donde nunca dejó de estar: el de las responsabilidades políticas que preceden —y a veces sobreviven— a las judiciales.
Cuando la gestión de una emergencia deja de ser técnica y pasa a ser política
El movimiento de la jueza instructora no supone todavía una condena ni siquiera una imputación automática, pero sí introduce un elemento que durante meses ha sobrevolado el debate público valenciano: si la tragedia fue únicamente consecuencia de un fenómeno meteorológico extremo o también del modo en que se gestionó.
Ahí es donde el PSOE ha decidido elevar el tono. Ferraz sostiene que Mazón representa “el máximo responsable político” de una cadena de decisiones —o ausencias— durante las horas críticas de la emergencia. No es una acusación menor. Tampoco nueva.
Desde el primer momento, familiares de víctimas y parte de la oposición cuestionaron la coordinación institucional y los tiempos de respuesta ante unas inundaciones que avanzaron con rapidez pero cuya gravedad ya estaba siendo advertida por organismos técnicos.
La reconstrucción de aquellas horas sigue siendo el núcleo del caso. Según las críticas políticas ahora recuperadas, el entonces presidente autonómico no habría estado plenamente al frente del dispositivo cuando la emergencia alcanzaba su punto más crítico, una circunstancia que el PSOE convierte en argumento central para exigir responsabilidades.
El debate, sin embargo, trasciende a Mazón. Lo que está en juego es el comportamiento del Partido Popular ante dirigentes cuestionados judicialmente. Los socialistas dirigen directamente la presión hacia Alberto Núñez Feijóo, a quien reprochan mantener el aforamiento del expresidente valenciano como diputado autonómico.
La acusación política es clara: el aforamiento como escudo mientras avanza la investigación. El PP, por su parte, ha defendido hasta ahora la presunción de inocencia y ha evitado movimientos que puedan interpretarse como una admisión implícita de responsabilidad.
No es una posición inédita en la política española. Tampoco exclusiva de un partido. Pero llega en un momento especialmente sensible, cuando la gestión de emergencias climáticas empieza a convertirse en un examen recurrente para las administraciones públicas.
Porque la DANA valenciana marcó un punto de inflexión. No solo por el número de víctimas, sino porque evidenció hasta qué punto la preparación institucional frente a fenómenos extremos sigue dependiendo más de decisiones humanas que de protocolos automáticos.
La justicia tendrá ahora que determinar si hubo negligencia penal. La política, mientras tanto, discute algo distinto: si alguien puede seguir representando institucionalmente a los ciudadanos mientras se investiga su actuación durante una de las mayores tragedias recientes del país.