Cinco años después de la primera ola de la pandemia, la Comunidad de Madrid vuelve a enfrentarse a uno de los episodios más controvertidos de su gestión: el trato que recibieron los mayores en las residencias. Hoy, el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha citado a declarar como imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sospechosos de haber incurrido en un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria durante los meses más duros de la crisis del COVID-19. El asunto no es meramente judicial; es un examen político, ético y estructural que vuelve a interpelar los límites de la gobernanza pública en situaciones extremas.
Los citados son Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación hospitalaria y entonces director general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo y su sustituto en el cargo; y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable del SUMMA 112, el servicio encargado de gestionar las ambulancias públicas.
Investigación impulsada por las familias
El origen de estos procedimientos no está en auditorías administrativas ni en comisiones políticas, sino en las querellas presentadas por familiares de residentes fallecidos. La carga simbólica es evidente: cuando las instituciones no ofrecen respuestas claras, son los ciudadanos quienes empujan el proceso hacia la rendición de cuentas. Las declaraciones de los tres ex altos cargos se producen en dos frentes judiciales simultáneos.
Este martes deberán comparecer por la querella vinculada a la residencia Amavir Valdebernardo, mientras que el miércoles harán lo propio ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, por la denuncia relacionada con la residencia Sanitas Torrelodones. En ambos procedimientos figuran también como imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, quienes actuaban como puente clínico entre hospitales y centros residenciales.
Justicia atrapada
El avance del caso ha estado marcado por una serie de aplazamientos que ilustran una ironía burocrática: mientras las familias buscan claridad, los juzgados discuten entre sí sobre quién debe hacerse cargo. Dos citaciones anteriores quedaron en nada por cuestiones de procedimiento: falta de traslado de actuaciones y conflictos de competencia entre juzgados.
La situación ha desembocado en un rompecabezas judicial. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, señalado por algunos como el que debería asumir todas las causas, se ha negado a acumular los procedimientos. Mientras tanto, los propios imputados mantienen posiciones opuestas: Peromingo insiste en que todo debe verse en el Juzgado 3, mientras Mur defiende la fragmentación caso por caso, según el lugar donde vivían las víctimas. La Audiencia Provincial de Madrid deberá resolver esta disputa para evitar que el proceso se perpetúe en bucles administrativos.
El trasfondo
Más allá del laberinto procesal, el caso reabre una cuestión más profunda: la fragilidad estructural del modelo de atención residencial en Madrid. Si se confirma que existió discriminación sanitaria, el problema no se limitaría a tres nombres propios, sino que pondría en entredicho un sistema que, en un momento de estrés máximo, priorizó criterios operativos sobre principios fundamentales de equidad sanitaria.
Organizaciones como Marea de Residencias han insistido en que ha llegado el momento de escuchar a quienes diseñaron y ejecutaron aquellas políticas. Para ellas, las citaciones judiciales representan no solo un avance legal, sino una oportunidad para que se reconozca la vulnerabilidad extrema en la que quedaron miles de mayores durante los primeros meses de 2020.
Juicio a la memoria institucional
El proceso judicial que ahora avanza opera en dos niveles. Por un lado, debe determinar si se cometieron delitos de denegación discriminatoria de asistencia, una figura penal compleja y poco explorada en contextos de emergencia sanitaria. Por otro, actúa como un examen de memoria institucional: cuál fue la lógica real de las decisiones, qué información se manejó, quién asumió qué responsabilidades y por qué los protocolos aplicados se alejaron tanto de la igualdad en el acceso al sistema sanitario.
La Comunidad de Madrid ha defendido reiteradamente que los protocolos respondieron a un escenario excepcional y que los hospitales estaban al borde de la saturación absoluta. Pero el proceso judicial obligará a diseccionar esa narrativa y confrontarla con documentos, testimonios y decisiones adoptadas en tiempo real.