Hasta hace unos años, los medios de comunicación teníamos el monopolio de la información. Dependiendo de la línea editorial, el filtro de lo que era noticia, de lo que se publicaba, de lo que iba a condicionar el debate político en bares, oficinas, fábricas pasaba obligatoriamente por los despachos de sus directores y jefes de redacción.
Desde la irrupción de las redes sociales (X, Facebook, Instagram, Blue Sky, Telegram, etc), el flujo de información no ha parado de crecer: con su solo click los ciudadanos tiene un abanico de opciones que les permite visualizar en tiempo real un video, un audio o simplemente un artículo de prensa de hechos o sucesos de cualquier lugar del mundo. Y aquí nos topamos con una paradoja: esta sobreabundancia de información, que cualquier usuario puede subir a su cuenta personal también trae consigo que muchas de las publicaciones que se ven a diario en Internet se basen en hechos no contrastados, cuenten con datos erróneos o simplemente haya un interés manifiesto y malintencionado de confundir a la opinión pública.
Los devastadores incendios de las últimas semanas en Los Gallardos, Almería y más recientemente en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid de estos días, no han hecho más que reavivar un debate recurrente y habitual cuando irrumpen catástrofes naturales de esta envergadura. Ya ocurrió con las cuantiosas pérdidas materiales por la erupción del volcán de La Palma en 2021 y en 2024 por la trágica dana de Valencia que no solo arrasó con casas, comercios y hasta barrios enteros, sino que provocó 237 fallecidos.
Frente a estos fenómenos naturales, desde las redes sociales se exigen responsabilidades políticas a unos y a otros pero desde el máximo desconocimiento e ignorancia de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico cuyo pilar es la Constitución de 1978. Lo preocupante ante estas adversidades es ya no solo la falta de rigurosidad de twitteros, influencers o activistas digitales, sino la “contribución” que desde tertulias televisivas y radiofónicas de medios tradicionales algunos comunicadores favorecen la ceremonia de la confusión sobre quien tiene que actuar, cuando y con qué recursos.
Qué dice la Constitución
El modelo territorial diseñado por la Constitución de 1978 distribuye las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, otorgando a estas últimas la gestión ordinaria de buena parte de las políticas públicas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos: Sanidad, educación, vivienda, dependencia, residencias de mayores, prevención de incendios o protección del medio ambiente se presentan como si todas esas materias dependieran exclusivamente del Gobierno de España.
Sin embargo, esa realidad jurídica suele desaparecer del debate cuando una crisis afecta a una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. No deja de ser llamativo que esta confusión se produzca precisamente cuando el PP gobierna 11 de las 17 comunidades autónomas, administraciones responsables de gestionar la mayoría de esos servicios públicos. La consecuencia es que, en numerosas ocasiones, el debate político y mediático se centra casi exclusivamente en La Moncloa, mientras las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos quedan relegadas a un segundo plano.
No se trata de exonerar al Gobierno de España de sus responsabilidades. El Estado conserva competencias exclusivas muy importantes y, además, financia, coordina y legisla sobre numerosos ámbitos. Pero tampoco resulta riguroso atribuir automáticamente al Ejecutivo central decisiones cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas.
La propia Constitución establece con claridad ese reparto competencial. El artículo 137 reconoce la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas para la gestión de sus respectivos intereses. El artículo 147 convierte los Estatutos de Autonomía en la norma institucional básica de cada comunidad. El artículo 148 enumera las materias que pueden asumir las comunidades autónomas, entre ellas la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, la agricultura, los montes, la gestión medioambiental, la asistencia social o la sanidad. Finalmente, el artículo 149 reserva al Estado aquellas competencias exclusivas que no han sido descentralizadas, como la defensa, las relaciones internacionales, la legislación laboral o la nacionalidad.
El problema de la vivienda
Según los últimos barómetros del CIS, la vivienda constituye desde hace meses la principal preocupación de los españoles. Sin embargo, una parte importante del debate público continúa presentando el problema como una responsabilidad exclusiva del Gobierno central: “No paran de subir los alquileres” ”Es imposible comprarse una casa con los precios por las nubes” “Y este gobierno no hace nada” son algunas de las afirmaciones que se suelen escuchar a diario en las calles, en los trabajos, en las charlas con familiares y amigos.
Lo cierto es que la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en mayo de 2023 atribuye a las comunidades autónomas un papel decisivo en la aplicación de muchas de sus medidas. Son ellas las que pueden declarar zonas de mercado residencial tensionado, desarrollar políticas propias o decidir si utilizan las herramientas previstas por la norma estatal. La mayoría de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han optado por no aplicar algunos de esos mecanismos por discrepar de la ley. De hecho han ido más allá. La han recurrido al Tribunal Constitucional “por invadir competencias autonómicas”, argumentan. Se trata de una decisión política legítima, pero también implica asumir la responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de esa elección.
La misma reflexión puede trasladarse a la prevención y extinción de incendios forestales. Cada verano, cuando las llamas arrasan miles de hectáreas, buena parte del debate político apunta inmediatamente hacia el Gobierno de España. Sin embargo, la gestión forestal, la limpieza de montes, la planificación preventiva y la organización de los dispositivos autonómicos corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas. El Estado interviene mediante la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros recursos cuando la magnitud de la emergencia así lo requiere, es decir, cuando el presidente de la comunidad autónoma así lo solicite al gobierno central: cualquier intervención del actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Andalucía, Castilla y León y Madrid sin la solicitud expresa del mandatario autonómico podría ser causa suficiente para denunciarle por invasión de competencias – que es la justificación esgrimida con respecto a la Ley de Vivienda que se niegan a aplicar en sus territorios.
En cualquier caso, esa petición no exime a Moreno Bonilla, Fernández Mañueco o Díaz Ayuso de la responsabilidad de sus administraciones de preparar el territorio durante todo el año y de destinar fondos para la prevención y la extinción.
Las contradicciones del PP
Buena parte de las campañas electorales, por no decir todas, del Partido Popular en las comunidades autónomas se han construido alrededor de la promesa de reducir sistemáticamente impuestos. Sin embargo, toda reducción de ingresos públicos obliga posteriormente a establecer prioridades presupuestarias. Cuando una administración recauda menos, debe decidir dónde concentra el gasto disponible. Esas decisiones afectan no solo a la sanidad o a la educación, sino también a áreas menos visibles como las consejerías de Medio Ambiente, Medio Rural o Emergencias.
La Comunidad de Madrid constituye un ejemplo significativo. Los bomberos forestales llevan años denunciando la temporalidad de parte de la plantilla, la falta de estabilidad laboral, el reconocimiento insuficiente de su categoría profesional y la necesidad de reforzar los medios materiales y humanos para afrontar campañas de incendios cada vez más largas como consecuencia del cambio climático. Estas reivindicaciones han desembocado en movilizaciones y jornadas de huelga, poniendo sobre la mesa un debate sobre la dimensión que deben tener los servicios públicos dedicados a la prevención de incendios.
Al mismo tiempo, el gobierno madrileño ha incrementado el presupuesto destinado al programa de Asuntos Taurinos, que ha pasado de 4,49 millones de euros en 2025 a 7,17 millones en 2026, un aumento cercano al sesenta por ciento. Con las cifras sobre la mesa es evidente que las prioridades presupuestarias de Díaz Ayuso no pasan por dotar de recursos materiales y de profesionales dedicados a la prevención de incendios cuya precariedad contractual (temporalidad, fijos discontinuos) y salarial (en categorías inferiores a la correcta) es una realidad que vienen denunciando hace años.
Mismo modelo de gestión
Algo parecido ocurrió en la Comunidad Valenciana. Tras la llegada al poder de Carlos Mazón, el nuevo Consell decidió suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias, creada durante el mandato del anterior presidente, Ximo Puig, como instrumento de coordinación ante grandes catástrofes. Posteriormente, la Comunidad Valenciana sufrió la devastadora dana que volvió a situar el funcionamiento de los sistemas de emergencia en el centro del debate político. No puede afirmarse que la desaparición de aquella unidad fuera la causa de la tragedia, pero sí abrió un legítimo debate sobre la conveniencia de reforzar o reducir los mecanismos públicos de coordinación frente a riesgos naturales cada vez más frecuentes.
Existe además una ironía difícil de ignorar. La Unidad Militar de Emergencias, hoy considerada uno de los organismos más eficaces y mejor valorados por la ciudadanía, fue creada en 2005 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En aquel momento, diversos dirigentes del Partido Popular cuestionaron su necesidad e incluso llegaron a definirla como un gasto innecesario o un "capricho" del Ejecutivo socialista. Dos décadas después, la UME se ha convertido en el recurso al que recurren sistemáticamente las comunidades autónomas gobernadas por los populares cuando incendios, inundaciones o grandes catástrofes superan su capacidad operativa.
La misma lógica puede aplicarse al debate sobre las residencias de mayores durante la pandemia. La gestión de estos centros corresponde a las comunidades autónomas, aunque la crisis sanitaria afectó simultáneamente a todas las administraciones. Las decisiones adoptadas durante aquellos meses han sido objeto de investigaciones judiciales, comisiones parlamentarias y un intenso debate político que demuestra precisamente la complejidad de repartir responsabilidades en un Estado descentralizado.
De hecho, por la ceremonia de la confusión, a la cual ayudaron malintencionadamente portavoces mediáticos y opinólogos de la derecha con la inestimable colaboración de activistas digitales en las redes sociales, muchos ciudadanos, 6 años después siguen creyendo que la gestión de las residencias en Madrid que provocó la muerte de 7291 abuelos y abuelas era responsabilidad del entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Pero la realidad de los hechos indica lo contrario: nunca dejaron de estar a cargo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. El bulo como herramienta para desprender de toda responsabilidad política a sus dirigentes afines.
¿Competencias de quita y pon?
Con demasiada frecuencia, las competencias parecen cambiar de titular en función del color político de quien gobierna. Cuando una administración obtiene buenos resultados, los barones del PP mes a mes sacan pecho de sus datos de empleo en cada comunidad donde gobiernan, el mérito suele atribuirse al gobierno autonómico. Cuando aparecen los problemas- incendios, danas, volcanes, etc) la responsabilidad se desplaza inmediatamente hacia el Ejecutivo central de coalición progresista. Sin embargo, la Constitución no modifica el reparto competencial en función de las encuestas ni del interés electoral de cada partido.
A los dirigentes del Partido Popular les gusta pintar de azul el mapa de España y no dudan en correr detrás de la extrema derecha para constituir gobiernos allí donde suman mayoría absoluta. Pero gobernar, es más que colorear regiones…Gobernar es asumir las funciones y las responsabilidades políticas establecidas en la Carta Magna, esa de la que presumen ser sus genuinos defensores.
Las comunidades autónomas gobernadas por los populares reclaman con frecuencia mayor autonomía política, financiera y fiscal frente al Estado. De hecho, la misma nomenclatura hace mención expresa a la “autonomía” de las regiones: constituye uno de los pilares del modelo territorial español. Pero esa autarquía también implica asumir responsabilidades que, en los casos más recientes, los dirigentes del PP se niegan a asumir achacando su falta de gestión, de recursos o su propia incompetencia a un simple “Es culpa de Sánchez”.
Basta tirar de hemeroteca para confirmar que a los barones populares les gusta ganar elecciones, formar gobiernos con la extrema derecha, salir en las fotos institucionales, presumir, en los discursos, de independencia y de autogobierno. A tenor de los hechos, ejecutar las políticas necesarias que les otorga el poder de las urnas, no tanto.
Y en una doble maniobra ya de por sí contradictoria, reivindican más capacidad para decidir (por ejemplo en rebajas de impuestos) y, al mismo tiempo, diluyen esa responsabilidad cuando la gestión (pandemia, incendios, danas, etc) es complicada o se ven desbordados por los acontecimientos.
Sin embargo, la realidad es que las competencias no aparecen ni desaparecen según convenga al relato político del momento: permanecen donde las situó la Constitución hace casi medio siglo.
La ignorancia como poder
También es verdad que en España abundan los opinologos que hablan desde el desconocimiento. El “Cuñadismo” ya no forma parte de las cenas de Navidad o Nochevieja, también está presente en el día a día, como una característica de la actual sociedad de nuestro país: se trata de defender a los propios, cueste lo que cueste, para en una doble operación, quitarle la responsabilidad a los afines, y achacársela al contrario, aun a costa de caer en el ridículo. Y en esto, la derecha y extrema derecha de nuestro país van unos cuantos pasos por delante.
Fieles a aquella frase de George Orwell en su novela 1984, “La ignorancia es la fuerza", en esta España de 2026 no se percibe un interés por parte de las formaciones conservadoras de hacer pedagogía sobre nuestro ordenamiento jurídico, sobre qué son las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, etc. Al contrario, juegan al despiste, tal vez porque tras las elecciones de 2023, su cuota de poder en ellas, aumentó considerablemente.
Tampoco se trata de exculpar a los partidos de izquierdas: aun sabiendo que las derechas se sirven de la ignorancia de los ciudadanos para atacarles, poco, o nada, han hecho para revertir esa estrategia. La falta de pedagogía sobre nuestro sistema político de sus dirigentes en comparecencias, ruedas de prensa y entrevistas, la aprovechan sus adversarios para acusarles de dejadez de funciones.
Y tampoco se aprecia en la ciudadanía un interés genuino, autentico de identificar correctamente quién decide, quién gestiona y quién debe rendir cuentas. Como si se trataran de bandos, no hay una voluntad real de cuestionar las decisiones de los dirigentes políticos, sus responsabilidades según su ámbito de actuación y el ordenamiento jurídico que regula nuestro sistema democrático desde hace casi 50 años: la Constitución. Se trata de salvar como sea, a los afines, más allá de la tozudez de las leyes y de su alcance.
Y si bien la llegada de las redes sociales trajo la democratización del debate político dando voz a quienes no la tenían hasta ahora a menos que tuviera el beneplácito de algún directivo- amigo de esos medios de comunicación donde se filtraban lo que era o no noticia- también han permitido la propagación de información no contrastada, no veraz y malintencionada con la finalidad de confundir a la opinión pública y de condicionar sus decisiones políticas. En otras palabras, el bulo de siempre como arma arrojadiza contra el adversario… por votos, para ganar elecciones.
Y la irrupción de formaciones de extrema derecha en el escenario político internacional, cuyo máximo representante es Donald Trump, ha traspasado todos los limites ya no solo en las formas sino también en el tono: más allá de las fake news, los insultos y hasta los mensajes de odio constituyen la esencia de su estrategia política. Y en España, el líder de VOX, Santiago Abascal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y gran parte de la dirección nacional del PP (Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz, etc) son sus mejores aprendices.
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