El edificio de la calle Real 13-15 de Collado Villalba vuelve al centro de la política municipal siete meses después de que un importante dispositivo policial sacara de su interior a las familias que residían allí. El Gobierno local de Mariola Vargas, del Partido Popular, pretende adquirir ahora el inmueble por 902.812,87 euros y destinarlo a vivienda pública, una operación que la Asociación Vecinal de Collado Villalba (AVCV) cuestiona por considerar que existen demasiadas incógnitas sobre el procedimiento, los gastos asumidos previamente por el Ayuntamiento y el coste final que tendrá para las arcas municipales.
La discusión no está únicamente en la necesidad de ampliar un parque público de vivienda que difícilmente puede considerarse suficiente ante los problemas de acceso a una casa, sino en cómo se ha llegado desde el desalojo de febrero hasta una oferta municipal de compra en septiembre y cuánto dinero será necesario invertir realmente para transformar un inmueble deteriorado en viviendas habitables.
El bloque, de unos 6.000 metros cuadrados y 60 viviendas, llevaba ocupado desde finales de 2020. Uno de sus dos edificios, compuesto por 16 pisos, había sido precintado después de un incendio ocurrido en diciembre de 2022, y en el restante residían 43 familias antes del desalojo del pasado 19 de febrero.
De un desalojo discutido a un proyecto de vivienda pública
Aquel desalojo tampoco estuvo exento de discusión. El Ayuntamiento defendió la actuación por motivos de seguridad, falta de licencia y problemas de salubridad, después de varios incendios y episodios que, según el Gobierno municipal, hacían incompatible la permanencia de personas en el inmueble.
La versión fue contestada por la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, que cuestionó tanto el procedimiento seguido como la situación física que se atribuía al edificio. La organización aportó entonces un informe elaborado por un arquitecto independiente que describía la estructura como sólida y estable y aseguraba no haber encontrado signos visibles de patologías estructurales relevantes.
Existían, por tanto, dos diagnósticos enfrentados sobre el estado del inmueble: el Ayuntamiento defendía que sus informes técnicos acreditaban graves deficiencias y riesgos para los residentes, en tanto que la Asamblea sostenía que no existía una situación estructural que justificase un desalojo de aquellas características.
Siete meses después, el edificio que no podía continuar habitado aparece en los planes municipales como una oportunidad para aumentar el parque público residencial.
La contradicción es al menos política y merece explicación, aunque no necesariamente técnica: un inmueble puede no reunir condiciones de habitabilidad y resultar al mismo tiempo recuperable mediante una rehabilitación integral. Precisamente por ello, conocer cuánto costará esa rehabilitación resulta indispensable para evaluar la operación.
Una compra de 902.812 euros que no será el coste final
El Ayuntamiento llevará al Pleno una modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario financiado con remanente líquido de Tesorería para disponer del dinero necesario para formular la compra.
Los servicios técnicos del Área de Urbanismo han fijado el valor del inmueble en 902.812,87 euros, después de descontar en su estimación las actuaciones necesarias para recuperar el edificio. El dato introduce un matiz importante frente al comunicado difundido por la Asociación Vecinal, que denuncia la ausencia de una tasación objetiva y pública: el Ayuntamiento sí sostiene que existe una valoración técnica municipal, aunque otra cuestión diferente es que esa valoración no haya sido publicada íntegramente o que puedan discutirse sus criterios.
La AVCV reclama precisamente transparencia sobre el expediente y sostiene que la operación se está desarrollando sin suficiente participación ni control. En su comunicado acusa al Gobierno municipal de actuar sin una tasación objetiva y pública y considera que el precio no se corresponde con el estado de deterioro del inmueble.
El Gobierno de Mariola Vargas ofrece otra versión. Según la información publicada sobre el expediente, la documentación habría sido remitida a los grupos de la oposición antes de la comisión informativa y la modificación presupuestaria deberá ser aprobada posteriormente por el Pleno municipal.
La existencia de ese trámite tampoco elimina la necesidad de conocer los informes completos, porque el verdadero coste de la operación no termina en esos 902.812 euros.
La rehabilitación sigue sin precio
Este es probablemente uno de los puntos más importantes del expediente. El inmueble necesita una remodelación completa de los dos edificios, pero el importe de esas obras todavía no ha sido cuantificado públicamente.
Por tanto, los 902.812 euros representan solamente el precio que el Ayuntamiento pretende ofrecer por el activo, no el coste de poner las viviendas en funcionamiento.
Para conocer la dimensión económica real de la operación habrá que sumar la adquisición, la rehabilitación integral, las instalaciones, las posibles actuaciones estructurales, la adecuación a las condiciones actuales de habitabilidad y eficiencia energética y cualquier otra intervención necesaria antes de entregar las viviendas. Sin ese presupuesto resulta difícil determinar cuánto acabará pagando Collado Villalba por cada vivienda pública obtenida.
También existe cierta confusión respecto al número de pisos que podrían incorporarse al parque municipal. Algunas informaciones hablan de cerca de un centenar de viviendas, pero la información local más detallada sobre el inmueble señala que actualmente está compuesto por 60 viviendas distribuidas entre los dos bloques. El número definitivo dependerá, en cualquier caso, del proyecto de rehabilitación y de la distribución que finalmente se apruebe.
La Sareb ya no es la propietaria
Otro elemento que conviene precisar es la propiedad del edificio. Durante los años de ocupación perteneció a la Sareb, pero actualmente forma parte de los activos gestionados por Casa 47, la empresa pública estatal creada para gestionar vivienda asequible y que ha recibido patrimonio procedente de aquella sociedad.
Esto significa que el Ayuntamiento no puede decidir unilateralmente la adquisición. Primero necesita disponer presupuestariamente del dinero y formalizar la oferta y, posteriormente, Casa 47 tendrá que decidir si acepta vender el inmueble. La operación, por tanto, todavía no está cerrada.
Mariola Vargas ha defendido la iniciativa argumentando que el Estado mantuvo durante años el edificio sin darle una salida y que la intervención municipal permitiría recuperar un activo actualmente cerrado, evitar nuevos intentos de ocupación y aumentar la oferta residencial para jóvenes y familias.
El Ayuntamiento baraja que las futuras viviendas puedan destinarse al alquiler asequible o incluso a la venta, aunque todavía no ha decidido la fórmula definitiva. También ha señalado el inmueble como una posible alternativa habitacional para un futuro proyecto de realojo de El Pontón.
La indefinición no es secundaria, porque hablar de vivienda pública engloba modelos muy diferentes. Un parque municipal de alquiler asequible permanece en manos públicas y puede atender sucesivamente a diferentes familias; la venta supone desprenderse de ese patrimonio, aunque pueda establecerse algún régimen de protección. La decisión determinará el alcance a largo plazo de la inversión.
Quién pagó los costes anteriores
La Asociación Vecinal introduce además otra cuestión que requiere documentación. Sostiene que el Ayuntamiento habría utilizado previamente recursos municipales para afrontar actuaciones relacionadas con un inmueble que entonces pertenecía a la Sareb y considera difícil de explicar que la administración local asumiera esos gastos para posteriormente plantearse comprar el mismo activo.
La AVCV llega a hablar de dinero público empleado para resolver a la propiedad el problema existente en el inmueble antes de adquirirlo y reclama explicaciones sobre las cantidades desembolsadas.
Por ahora, la denuncia de la asociación no permite determinar cuánto dinero municipal se habría destinado concretamente a esas actuaciones ni qué conceptos correspondían legalmente al Ayuntamiento y cuáles a la propiedad. Ese desglose resulta imprescindible antes de convertir la acusación en una conclusión.
Lo que sí está acreditado es que el desalojo del 19 de febrero movilizó un importante dispositivo y que el Ayuntamiento asumió un papel protagonista en una intervención sobre un edificio que entonces pertenecía a la Sareb.
La vivienda pública exige algo más que comprar un edificio
La posibilidad de recuperar un inmueble deteriorado y convertirlo en 60 viviendas públicas puede tener un evidente interés social en un municipio sometido también al encarecimiento del mercado residencial. Precisamente por eso la operación necesita algo más que una cifra de compra y una declaración de intenciones.
Collado Villalba necesita saber cuánto costará rehabilitar el edificio, qué actuaciones municipales se han pagado previamente, qué contiene exactamente la valoración de Urbanismo, cuál será el coste total por vivienda, qué modelo de adjudicación se aplicará y si los pisos permanecerán finalmente dentro del patrimonio público.
La Asociación Vecinal exige la paralización y fiscalización del expediente, la publicación completa de las tasaciones y de los informes técnicos y una comparecencia pública para explicar el dinero invertido en la operación.
El Gobierno municipal dispone de una respuesta mucho más eficaz que cualquier intercambio de acusaciones: publicar los informes, cuantificar la rehabilitación y presentar el coste completo del proyecto.
Porque 902.812 euros pueden ser un precio atractivo para adquirir un edificio de 6.000 metros cuadrados y 60 viviendas que después se incorporen al parque público, pero esa cifra dice muy poco por sí sola si todavía se desconoce cuánto dinero habrá que colocar encima para conseguir que el bloque que en febrero fue desalojado por razones de seguridad pueda volver a tener vecinos.
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