Pablo Bustinduy ha puesto una fecha a uno de los compromisos más exigentes de su ministerio: reducir a la mitad las listas y los tiempos de espera de la dependencia en 2027 y eliminar las esperas pendientes en 2028. En una entrevista concedida este 16 de septiembre, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha defendido que la financiación y la reforma legal deben permitir acabar con las demoras que dejan a personas dependientes y sus familias durante meses, e incluso años, sin una respuesta efectiva.
“En 2027, las listas y los tiempos de espera deben reducirse a la mitad y, en 2028, tienen que desaparecer en toda España”, ha afirmado. El ministro ha dirigido su exigencia a las comunidades autónomas, responsables de gestionar el sistema, y ha sostenido que, con los recursos aportados, “no existe ninguna excusa posible”.
Su anuncio necesita una precisión que el propio Bustinduy ha introducido durante la conversación: no promete que cualquier servicio se conceda automáticamente el día de la solicitud. Al ser preguntado expresamente por ello, ha situado en tres meses el plazo máximo para completar el procedimiento y ha explicado que, si el recurso elegido no está disponible, deberá ofrecerse una atención transitoria.
Dependencia en tres meses: qué promete Bustinduy
El compromiso expuesto por el ministro abarca la solicitud, la valoración de la persona, la elaboración de su programa individual de atención y la concesión de un servicio o prestación. Su objetivo es que ese recorrido deje de convertirse en una espera indefinida durante la que las familias asumen por su cuenta los cuidados necesarios.
Bustinduy ha explicado el cambio con el ejemplo de una persona que necesita una plaza residencial en su barrio. Si no hay una disponible, el sistema deberá proporcionarle apoyos provisionales, como mayor ayuda a domicilio, teleasistencia o atención en un centro de día, hasta que pueda acceder al recurso solicitado.
La diferencia es importante: una prestación transitoria puede evitar la desprotección, pero no significa que haya desaparecido la espera para obtener una plaza concreta. El cumplimiento del compromiso deberá medirse tanto por los plazos administrativos como por la atención que reciban realmente las personas.
El ministro ha situado esta transformación en el marco de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que afrontaba su último trámite parlamentario en el momento de la entrevista. Ha señalado que algunas medidas podrían aplicarse tras la publicación de la norma, mientras otras necesitarán desarrollo reglamentario.
Más cuidados en casa y alternativas a las grandes residencias
El cambio de modelo que defiende Bustinduy parte de una preferencia: facilitar que las personas puedan seguir viviendo en su domicilio y mantener sus relaciones, siempre que dispongan de los apoyos adecuados.
La propuesta combina teleasistencia, ayuda domiciliaria más intensa, acompañamiento fuera del hogar y fórmulas de vivienda compartida o asistida. Según ha explicado, la atención a domicilio debe abarcar también actividades como acudir al médico o hacer la compra, además del aseo, la alimentación y las tareas domésticas.
El ministro ha defendido asimismo ampliar las posibilidades de apoyo dentro del entorno cercano, incluyendo situaciones en las que los cuidados recaen en convivientes, amistades o vecinos. La intención es adaptar el sistema a familias más pequeñas y a formas de convivencia que no siempre encajan en el modelo tradicional.
Permanecer en casa no debería significar quedarse solo ni trasladar toda la responsabilidad a la familia. Para que esa elección sea viable, hacen falta suficientes horas de atención, profesionales y servicios accesibles. Ese será uno de los criterios decisivos para valorar la aplicación de la reforma.
Los recursos y la burocracia, bajo examen
Bustinduy ha cifrado en 6.200 millones de euros los recursos que se destinarán entre este año y el próximo a impulsar el nuevo sistema de cuidados. También ha afirmado que las comunidades recibieron 500 millones adicionales durante julio y agosto.
Son las cantidades que ha invocado para sostener que las administraciones autonómicas deben acelerar las prestaciones y reducir sus demoras. El ministro ha atribuido parte de los problemas históricos del sistema a la insuficiencia de financiación y a los recortes aplicados durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
La otra pieza de su explicación es administrativa. Ha anunciado conexiones entre los procedimientos de reconocimiento de discapacidad y dependencia para evitar duplicidades, automatizar gestiones y reducir trámites.
Sin embargo, disponer de financiación y simplificar expedientes no equivale todavía a haber eliminado las esperas. El anuncio fija una responsabilidad que deberá comprobarse con resultados: cuánto tarda cada solicitud, cuándo comienza la atención y si el apoyo concedido responde a las necesidades de quien lo recibe.
Para las personas interesadas, Bustinduy ha señalado como primera vía de información los servicios sociales municipales y los departamentos de asuntos sociales de las comunidades autónomas.
Vivienda: “El decreto debería haberse presentado en julio”
La entrevista ha mostrado también las tensiones dentro del Gobierno por la política de vivienda. Preguntado por el retraso de un decreto que debía aprobarse antes del verano, Bustinduy ha respondido: “Desde luego, no he sido yo quien ha impedido su aprobación”.
El ministro ha asegurado que el texto está preparado y ha reclamado llevarlo al Consejo de Ministros sin más demoras. Según su explicación, el argumento utilizado para posponerlo ha sido la dificultad de reunir apoyos parlamentarios, ante las reticencias expresadas por Junts y Podemos.
Bustinduy ha defendido negociar modificaciones, pero ha rechazado que esa dificultad justifique mantener el proyecto paralizado. También ha reclamado presión política y social sobre quienes bloqueen medidas de protección de los inquilinos.
Su diagnóstico es que la crisis de vivienda genera beneficios para determinados propietarios e inversores mientras impide a millones de personas emanciparse o pagar un alquiler. “Esta crisis no es un fenómeno meteorológico”, ha señalado, para subrayar que existen decisiones políticas capaces de intervenir sobre ella.
El ministro ha criticado, además, la abstención del PSOE en una iniciativa de Sumar contra la compra de viviendas por fondos de inversión. Su intervención sitúa la vivienda como una discrepancia abierta dentro de la coalición, tanto por el alcance de las medidas como por el momento de llevarlas al Parlamento.
Ramón y Cajal: una crítica al negocio con los servicios públicos
Preguntado por las denuncias sobre cambios de prioridad en las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal, Bustinduy ha situado el caso dentro de su crítica a la privatización y la externalización de servicios.
A su juicio, lo ocurrido expresa “la degradación de los servicios públicos” y su subordinación al negocio. En ese contexto ha mencionado los beneficios de Quirón y ha cuestionado las prioridades del Gobierno madrileño, contraponiendo las necesidades de la sanidad y la educación con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1.
Esa vinculación constituye su interpretación política: la entrevista no aporta pruebas que relacionen a Quirón con las modificaciones de prioridad denunciadas en el Ramón y Cajal. El hospital y la Consejería de Sanidad han negado irregularidades, por lo que corresponde esclarecer documentalmente las decisiones y sus responsables.
El ministro ha defendido que sanidad, educación, pensiones y cuidados deben garantizar derechos con independencia de la renta o del lugar de residencia. Su llamamiento ha buscado superar la división partidista: ha recordado que la construcción del Estado del bienestar también contó históricamente con fuerzas conservadoras europeas.
Una prestación por crianza para combatir la pobreza infantil
Bustinduy ha identificado su siguiente prioridad: incorporar una prestación universal por crianza a los Presupuestos Generales del Estado.
Ha defendido un sistema que llegue de manera amplia a las familias y evite que las ayudas se pierdan por desconocimiento, barreras burocráticas o estigma. Su argumento es que exigir a cada hogar que acredite una situación de pobreza puede dejar fuera a personas que necesitan apoyo y cumplen los requisitos.
El ministro ha vinculado esa prestación a una reforma fiscal para que quienes tienen más recursos contribuyan en mayor medida. No ha concretado en la entrevista una cuantía, una fecha de inicio ni un acuerdo parlamentario que garantice su aprobación.
Se trata de una propuesta que quiere incorporar a las cuentas públicas, no de una ayuda que las familias puedan solicitar ya. Su desarrollo dependerá del diseño definitivo, la financiación y los apoyos necesarios.
Viajes del Imserso a 50 euros, pero sin una ampliación concreta de plazas
La conversación ha abordado también los viajes del Imserso. Bustinduy ha defendido la oferta de alrededor de 880.000 plazas y la tarifa reducida destinada a personas con ingresos bajos.
La información oficial para la temporada 2026-2027 recoge 7.447 plazas reservadas a un precio de 50 euros para quienes perciban prestaciones iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación. La tarifa, por tanto, no se aplica a todas las plazas ni a todos los participantes.
Preguntado dos veces por una ampliación, el ministro no ha ofrecido una cifra ni un calendario. Ha defendido cubrir primero las plazas disponibles y ha recordado que durante la temporada vuelven a ofertarse reservas canceladas.
Su respuesta mantiene la aspiración de ampliar el programa, pero no constituye un anuncio concreto de nuevos viajes.
Ceuta y Marruecos: Bustinduy cuestiona la estrategia seguida
En el tramo inicial de la entrevista, Bustinduy ha reclamado todos los recursos necesarios para resolver la situación de Ceuta y ha denunciado la falta de colaboración de algunas comunidades para acoger a menores.
Según ha afirmado, existen plazas habilitadas y financiadas para trasladar a más de 500 niñas, muchas menores de 13 años. El ministro ha contrapuesto esa disponibilidad con la negativa de determinados gobiernos autonómicos a recibirlas.
También ha reiterado su desacuerdo con el cambio de posición española sobre el Sáhara y con la externalización del control fronterizo. A su juicio, la crisis evidencia que esa estrategia no ha funcionado. Es una valoración sobre la política seguida, no una demostración de quién organizó o facilitó la entrada masiva.
La entrevista ha dejado compromisos de distinta naturaleza: exigencias inmediatas sobre vivienda, propuestas pendientes de presupuesto y un calendario explícito para la dependencia. El más concreto también será el más fácil de someter a examen: si en 2027 las esperas se reducen a la mitad y si en 2028 las personas reciben una respuesta efectiva dentro de los tres meses anunciados.
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