El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud convocado para abordar de forma monográfica la reforma del Estatuto Marco concluyó sin acuerdos y con una imagen que resume buena parte de los problemas que arrastra la sanidad pública española. Todas las administraciones reconocen que existe un conflicto, también todas admiten que los profesionales necesitan mejoras laborales. Sin embargo, cuando llega el momento de asumir compromisos concretos, las responsabilidades se diluyen entre distintos niveles institucionales.
La reunión extraordinaria se celebraba en un contexto especialmente delicado. Los sindicatos médicos mantienen convocadas nuevas jornadas de huelga y el descontento de una parte importante del colectivo sanitario continúa creciendo tras años de sobrecarga asistencial, dificultades para cubrir plazas y condiciones laborales que muchos profesionales consideran insuficientes para la responsabilidad que asumen.
La ministra de Sanidad, Mónica García, acudió al encuentro con una propuesta que incluía cuestiones especialmente sensibles para los facultativos. Entre ellas figuraban la limitación de las horas de guardia, mejoras retributivas, la implantación de las 35 horas semanales y la creación de espacios específicos de negociación para el colectivo médico.
La respuesta de las comunidades autónomas fue rechazar la votación de los acuerdos planteados. La escena refleja una de las grandes contradicciones del sistema sanitario español. Las comunidades autónomas gestionan la inmensa mayoría de los recursos, organizan los servicios y toman buena parte de las decisiones que afectan al día a día de los profesionales. Sin embargo, cuando se abordan reformas de alcance estatal, la tendencia suele consistir en trasladar toda la presión política al Ministerio de Sanidad.
Desde las consejerías autonómicas se argumenta que corresponde al Gobierno central resolver el conflicto mediante modificaciones normativas. Desde el Ministerio se responde que muchas de las reivindicaciones dependen precisamente de quienes gestionan la sanidad en cada territorio.
El resultado es conocido. Los profesionales observan cómo las distintas administraciones intercambian reproches sin que las soluciones avancen al ritmo que exige la situación.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular llevan meses cuestionando la estrategia impulsada por el Ministerio de Sanidad. Algunas incluso llegaron a plantear que la reforma del Estatuto Marco quedara paralizada. Esa posición resulta difícil de comprender cuando buena parte de las medidas discutidas coinciden con demandas históricas formuladas por los propios profesionales sanitarios. La mejora de las condiciones laborales no debería convertirse en un campo de batalla partidista.
La sanidad pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Su fortaleza depende en gran medida de la capacidad para atraer, retener y reconocer a quienes trabajan en ella. Médicos, enfermeras y otros profesionales sostienen cada día un sistema que continúa siendo una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía.
Sin embargo, durante demasiado tiempo se ha dado por sentado que ese compromiso profesional podía mantenerse indefinidamente sin abordar problemas estructurales cada vez más evidentes. Las dificultades para cubrir determinadas especialidades, el agotamiento acumulado tras años de presión asistencial y el creciente atractivo de otros sistemas sanitarios europeos forman parte de una realidad que ninguna administración puede ignorar.
Por eso el desenlace de este Consejo Interterritorial deja una sensación preocupante. La ciudadanía observa cómo existe consenso sobre el diagnóstico, pero no sobre las soluciones. Los profesionales reclaman cambios y los gobiernos reconocen la necesidad de actuar. Las negociaciones, sin embargo, siguen atrapadas en un intercambio permanente de competencias y responsabilidades.
La sanidad pública española ha demostrado una enorme capacidad de resistencia durante las últimas décadas. Pero esa fortaleza no es inagotable. Los derechos sociales tampoco se mantienen por inercia. Necesitan inversión, planificación y voluntad política. También requieren instituciones capaces de cooperar cuando el interés general está en juego.