La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el Plan Residencias 40/40 como si acabara de inaugurar una nueva era de los cuidados. Lo hizo con un discurso cargado de emoción, apelaciones a la familia, a la soledad, a la autonomía y al cariño hacia las personas mayores. Pero tras esa puesta en escena amable aparece una realidad mucho más incómoda: el Gobierno regional vuelve a fiar una parte esencial del sistema de dependencia a la colaboración público-privada, es decir, al negocio privado financiado en buena medida con dinero público.
El plan promete 40 residencias y 40 centros de día, con 6.000 nuevas plazas residenciales y 2.000 de atención diurna. Sobre el papel, la cifra parece ambiciosa. Pero la clave está en el detalle: de esas 8.000 plazas, solo “al menos” 3.200 formarían parte de la red pública. El resto quedaría vinculado a centros privados a los que las familias accederían mediante el llamado cheque servicio. Dicho de otra forma: la Comunidad no refuerza de manera suficiente una red pública directa, sino que vuelve a consolidar un modelo en el que las empresas construyen, gestionan y obtienen rentabilidad con una necesidad social básica.
Ayuso habló de una inversión privada de 500 millones de euros como si eso descargara al contribuyente. Pero esa afirmación es tramposa. Que la inversión inicial la asuman empresas no significa que el coste desaparezca. El sistema acaba financiándose mediante conciertos, prestaciones, pagos de usuarios y ayudas públicas. El dinero público termina sosteniendo un mercado donde la atención a personas mayores y dependientes se convierte en una oportunidad de negocio.
El discurso de la presidenta tuvo una parte incontestable: Madrid envejece, la soledad no deseada crece y hacen falta más recursos. Eso es cierto. Pero precisamente por eso resulta más grave que el Gobierno regional no apueste con claridad por una red pública potente, estable y plenamente controlada. Las residencias no son hoteles. No son promociones inmobiliarias. No son activos asistenciales para acelerar mediante concesiones. Son hogares de personas vulnerables que necesitan cuidados, personal suficiente, inspección rigurosa y garantías públicas.
Ayuso presentó el Plan 40/40 como “el mayor proyecto de transformación residencial” de la historia regional. La frase suena bien, pero pertenece más al marketing político que a la verificación. De momento, buena parte del plan son anuncios, ubicaciones previstas, licitaciones iniciales y promesas de futuro. No son plazas abiertas. No son centros funcionando. No son listas de espera reducidas. No son familias atendidas hoy.
También vendió como novedad aspectos que deberían ser mínimos exigibles: habitaciones individuales, unidades de convivencia, telemedicina, grúas de techo, atención al deterioro cognitivo, unidades para Alzheimer o profesionales de referencia. No son lujos ni grandes hallazgos. Son estándares que cualquier sistema moderno de cuidados debería garantizar desde hace años, especialmente después de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia.
La parte más delicada del anuncio es la insistencia en que el modelo permitirá construir “más rápido”. Esa velocidad puede ser peligrosa si se antepone al control público, a las ratios de personal, a la calidad asistencial y a la transparencia. Madrid no necesita solo más edificios. Necesita mejores cuidados. Y los cuidados no se miden únicamente en plazas, sino en tiempo de atención, estabilidad laboral de las plantillas, inspecciones reales, alimentación, atención sanitaria, acompañamiento emocional y dignidad cotidiana.
Ayuso envolvió el discurso en palabras como “hogar”, “familia”, “autonomía” y “libertad”. Pero la libertad de una persona dependiente no puede depender de un cheque servicio ni de la capacidad económica de su familia. La libertad real exige una red pública suficiente, accesible y garantizada. Lo contrario es trasladar a las familias la responsabilidad de buscar plaza, completar pagos, comparar centros y asumir incertidumbres.
El plan incluye elementos interesantes, como viviendas integradas para mayores con dependencia leve o moderada, espacios intergeneracionales con escuelas infantiles y plazas para personas con discapacidad que puedan permanecer cerca de sus padres. Son ideas positivas. Pero incluso esas propuestas pierden fuerza si quedan atrapadas en un modelo donde el protagonismo no lo tiene lo público, sino la rentabilidad de operadores privados.
Madrid necesita un gran plan de residencias, sí. Pero no cualquier plan. Necesita uno que corrija los errores acumulados, que refuerce la titularidad pública, que garantice plantillas suficientes, que publique datos claros, que reduzca listas de espera y que no utilice la dependencia como escaparate político.
El problema del Plan 40/40 no es que prometa muchas plazas. El problema es que Ayuso vuelve a presentar como solución lo que lleva años siendo parte del problema: convertir derechos sociales en mercados subvencionados. Y cuando se habla de mayores, dependencia y discapacidad, la propaganda no basta. Lo que se necesita no es una foto en una residencia. Lo que se necesita es un sistema público que no abandone los cuidados al negocio.