El sistema sanitario de Ayuso se ha convertido en el principal espejo donde se refleja el modelo político de la presidenta madrileña: un proyecto que combina infrafinanciación estructural de la sanidad pública, dependencia creciente de privatizaciones encubiertas bajo el eufemismo de la colaboración público‑privada y una confrontación permanente con el Gobierno central cada vez que se intentan limitar las externalizaciones. El conflicto que estalla en el Hospital La Paz no es una anécdota local, sino el síntoma visible de un modelo sanitario tensionado hasta el límite, donde las plantillas se quedan cortas, las urgencias se colapsan y las profesiones clave, como Enfermería y Fisioterapia, se sienten atrapadas en un sistema sin proyecto.
La escena de las enfermeras atadas de manos en La Paz, concentradas en silencio para denunciar su situación, condensa de forma casi brutal el diagnóstico sindical: “no hay proyecto sanitario”. Esa ausencia se traduce en plantillas “muy por debajo de lo recomendable”, incapaces de desplegar plenamente las funciones que el sistema les asigna, desde los cuidados de alta complejidad hasta la atención cotidiana en unas urgencias cada vez más saturadas.
El propio hospital reconoce que la plantilla enfermera solo ha crecido en 148 profesionales mientras la población atendida aumentaba en más de 33.000 personas, en un contexto en el que las urgencias pasaron de 180.000 casos en 2020 a más de 264.000 en 2024. El modelo sanitario de Ayuso se sostiene, así, sobre un incremento de la demanda que no se acompasa con los refuerzos de personal necesarios, generando una espiral de sobrecarga que impacta en la calidad asistencial y en la salud laboral de las trabajadoras.
En ese marco, la Enfermería se ha convertido en una categoría estructuralmente deficitaria, pese a que la propia consejera de Sanidad reconoce que “no hay enfermeras disponibles” para contratar. Madrid se mueve en torno a 6,5 enfermeras por cada mil habitantes, muy por debajo de los estándares de la OCDE y la OMS, que sitúan la media europea cerca de 9 por mil, lo que obliga a las profesionales a asumir una complejidad creciente de cuidados sin el respaldo de un dimensionamiento adecuado de las plantillas.
El incremento de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en La Paz añade otra capa de presión: más casos de alta especialización, más carga asistencial y más responsabilidad para las mismas manos, mientras muchas enfermeras renuncian a sus puestos ante la precariedad, la arbitrariedad en los turnos y el deterioro físico de los edificios donde trabajan. El resultado es un sistema que expulsa talento, en lugar de retenerlo, y que alimenta la migración de profesionales a otras comunidades o países con mejores condiciones.
El modelo sanitario de Ayuso se distingue, además, por una gestión laboral fragmentada que rompe la idea de un Servicio Madrileño de Salud coherente. Organizaciones profesionales como SATSE denuncian que cada hospital decide cómo retribuye las jornadas complementarias (las horas extra), sin un criterio homogéneo reconocido en la llamada “Orden de Nóminas”, de modo que una misma prolongación de jornada se paga de forma distinta según el centro, e incluso en ocasiones como hora ordinaria.
Esta diversidad no es solo administrativa, es política: cuestiona la igualdad entre profesionales que trabajan para el mismo sistema y evidencia una descentralización de facto de las responsabilidades de la Consejería, que se desentiende de fijar estándares claros en materia de jornada de 35 horas, conciliación o equiparación salarial. La prolongación forzada de turnos para mantener abiertos servicios con plantillas insuficientes convierte a las horas extra en un parche estructural, y no en un recurso excepcional, consolidando un modelo de sanidad que funciona a costa del agotamiento de quienes la sostienen.
Todo ello se inserta en una disputa ideológica de fondo sobre la naturaleza del modelo sanitario madrileño. Ayuso defiende su sistema como un modelo de libertad basado en la colaboración público‑privada, y ha llegado a acusar al Gobierno central de querer “acabar con la sanidad madrileña” con su nueva ley para limitar las externalizaciones, mientras la ministra Mónica García replica que lo que se pretende es sacarla de las “garras especuladoras” y blindar la gestión pública.
La realidad que denuncian sindicatos y profesionales en La Paz (pacientes en pasillos, camas en doble fila, urgencias colapsadas y centenares de camas cerradas mientras se derivan fondos a la sanidad privada) dibuja un cuadro en el que la libertad se parece más a la libertad de negocio que a la garantía universal de cuidados. El sistema sanitario de Ayuso es un laboratorio político: un modelo que asume como coste aceptable la precarización de la sanidad pública madrileña para sostener un relato de eficacia liberal, mientras las enfermeras, especialistas y fisioterapeutas siguen atadas, literal y metafóricamente, a un proyecto que las necesita, pero no las reconoce.