La justicia lleva tiempo reclamando, con razón, que sus resoluciones se discutan por sus argumentos y no mediante ataques personales a quienes las firman. El problema aparece cuando algunos episodios protagonizados por los propios magistrados hacen bastante difícil separar con una línea limpia el mundo judicial del político. Antonio Narváez ofrece estos días un ejemplo particularmente incómodo para una institución que pide confianza y, al mismo tiempo, necesita explicar por qué determinadas conductas no deberían erosionarla.
El magistrado del Tribunal Supremo ha sido el ponente de uno de los autos que suspenden cautelarmente los efectos electorales derivados de la llamada ley de nietos para quienes no acrediten documentalmente el exilio de sus ascendientes. Es el mismo Antonio Narváez que en 2023 participó en una cena con Alberto Núñez Feijóo y fiscales de la asociación conservadora en la que expresó su deseo de que el PP llegara al Gobierno.
No se trata de reconstruir ahora una supuesta conspiración judicial para ayudar a la derecha porque los hechos conocidos no permiten sostener semejante cosa. Narváez no decidió solo y la resolución fue respaldada por cinco de los seis integrantes de la Sala. Tampoco existe prueba alguna de que su preferencia política haya determinado el contenido jurídico del auto. Pero tampoco estamos ante un dato biográfico decorativo.
El ponente de una resolución que afecta al ejercicio del derecho de sufragio había manifestado ante el líder de uno de los principales partidos del país que quería verlo gobernando. Y el PP, junto con Vox, ha celebrado precisamente la suspensión acordada por el Supremo.
Resulta difícil imaginar que semejante antecedente fuera recibido con indiferencia por quienes hoy reclaman que nadie sospeche de la politización de la justicia si cambiáramos los nombres, el partido y la orientación ideológica del magistrado.
La apariencia de imparcialidad también cuenta
Aquella cena de abril de 2023 tampoco fue un encuentro social en el que alguien comentó de pasada sus preferencias electorales entre el postre y el café. Participaron alrededor de medio centenar de fiscales vinculados a la asociación mayoritaria y conservadora y, según las fuentes que conocieron su contenido, varios asistentes animaron a Feijóo a desmontar determinadas leyes aprobadas durante el Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente popular respondió explicando que, si llegaba a La Moncloa, acometería una contrarreforma urgente.
Narváez intervino en aquel encuentro y fue bastante más allá de una reflexión técnica sobre política criminal o funcionamiento de la justicia. Expresó su deseo de que el PP alcanzara el Gobierno, alertó de una supuesta futura coalición en Euskadi entre Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y Podemos y calificó a Bildu de organización «filoterrorista». Aquella predicción política tampoco terminó cumpliéndose porque las elecciones vascas dieron lugar a un Gobierno de coalición entre PNV y PSE.
También puso en duda los procesos electorales en los que interviene Indra, una cuestión particularmente llamativa vista desde 2026, cuando el magistrado acaba de participar en una decisión justificada precisamente por la necesidad de preservar la objetividad y transparencia de las elecciones.
La discusión no consiste en negar a Antonio Narváez el derecho a tener ideas políticas. Los jueces no dejan sus convicciones en una taquilla al ponerse la toga, como tampoco lo hacen periodistas, médicos, profesores o fiscales. La independencia judicial nunca ha significado ausencia de ideología, sino sometimiento a la ley y capacidad para resolver sin que preferencias personales, intereses o presiones externas determinen la decisión y precisamente por eso existe también la apariencia de imparcialidad.
Un sistema judicial no puede pedir a los ciudadanos que confíen únicamente porque quienes lo integran aseguren ser imparciales. También debe evitar situaciones que permitan albergar dudas razonables sobre esa imparcialidad, especialmente cuando se resuelven asuntos de enorme trascendencia política.
Narváez conoce perfectamente ese terreno. Durante su etapa en el Tribunal Constitucional acabó apartándose de los recursos relacionados con el procés después de que las defensas solicitaran su recusación por unas declaraciones anteriores en las que había calificado el proceso independentista como un «golpe de Estado encubierto» y lo había comparado con el 23-F.
Aquello tampoco demostraba que fuera incapaz de aplicar el derecho. Demostraba que un magistrado puede haber expresado opiniones suficientemente contundentes sobre un asunto como para que su participación posterior en una resolución relacionada plantee un problema de apariencia de imparcialidad.
Un derecho fundamental suspendido sobre la hipótesis de un peligro electoral
El asunto que Narváez ha tenido ahora sobre la mesa tampoco pertenece precisamente a la fontanería administrativa. El Supremo ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. La decisión afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la conocida como ley de nietos y no puedan acreditar que sus ascendientes sufrieron efectivamente el exilio en los términos exigidos por la norma.
La Sala considera que el fuerte crecimiento del censo puede generar un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y transparencia del proceso electoral. El incremento de electores residentes en el extranjero supera los 400.000 desde 2023 y los recurrentes, Vox e Iustitia Europa, sostienen que una instrucción del Ministerio de Justicia amplió indebidamente los supuestos contemplados por la ley.
El auto entra así en un terreno extraordinariamente sensible porque, antes de que exista una sentencia definitiva sobre el fondo, la cautelar repercute sobre el ejercicio de uno de los derechos políticos más básicos de cualquier ciudadano español.
La magistrada Alicia Millán, única discrepante, ha dejado constancia de la gravedad que atribuye a esa decisión. Su voto particular considera incompleta la ponderación realizada por la mayoría y advierte de que la medida impide ejercer un derecho político que corresponde a personas cuya nacionalidad española está reconocida.
Ese desacuerdo interno es importante porque demuestra que la decisión adoptada por el Supremo no era la única respuesta jurídica posible. Cinco magistrados consideraron que el riesgo para el proceso electoral justificaba la cautelar y una sexta magistrada entendió que el precio pagado en derechos fundamentales resultaba excesivo.
Discutir esa resolución no constituye un ataque a la justicia. Forma parte de una democracia en la que las decisiones judiciales, especialmente aquellas que afectan a cientos de miles de ciudadanos y al funcionamiento del sistema electoral, deben poder someterse al mismo escrutinio público que cualquier otro ejercicio de poder, y es precisamente en ese contexto donde el antecedente político del ponente adquiere relevancia.
El PP descubre la independencia judicial según le venga la sentencia
La reacción del Partido Popular tampoco ayuda demasiado a separar política y tribunales. PP y Vox han recibido favorablemente una resolución que limita cautelarmente los efectos electorales de una ley aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez y cuestionada políticamente por ambas formaciones.
El PP tiene perfecto derecho a considerar acertado el auto y a defender sus argumentos. Lo que resulta bastante más difícil de sostener es la doble vara con la que una parte de la derecha española aborda desde hace años cualquier discusión sobre la justicia.
Cuando una resolución coincide con sus posiciones, cuestionar políticamente sus fundamentos se presenta enseguida como un ataque intolerable a la separación de poderes. Cuando una decisión judicial perjudica sus intereses, el respeto reverencial por las instituciones acostumbra a tener bastante más flexibilidad.
La paradoja se vuelve especialmente gruesa cuando el propio partido que denuncia cualquier crítica a la politización judicial ha mantenido encuentros con asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y escucha en ellos deseos explícitos de llegar al Gobierno.
Feijóo no podía impedir que Narváez quisiera verlo en La Moncloa. Sí podía resultar consciente de que una cena en la que profesionales de la justicia comentaban con el líder de la oposición qué leyes debía desmontar si alcanzaba el poder se parecía bastante poco a esa separación escrupulosa entre política y justicia que posteriormente se invoca ante cada crítica.
El problema tampoco empezó con este episodio. España lleva décadas discutiendo sobre la influencia de los bloques ideológicos en las instituciones judiciales, sobre asociaciones profesionales identificadas públicamente como progresistas o conservadoras y sobre un Consejo General del Poder Judicial cuya renovación estuvo bloqueada durante más de cinco años porque PP y PSOE no conseguían acordar su composición.
Pretender que todo ese paisaje desaparezca en cuanto un juez firma una resolución y que cualquier ciudadano que lo recuerde está atacando la independencia judicial exige una dosis considerable de amnesia.
La independencia de los tribunales merece protección precisamente porque constituye una garantía democrática, no porque convierta a los jueces en autoridades inmunes a cualquier análisis sobre sus actuaciones públicas.
La confianza no se exige, se conserva
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, aprovechó la apertura del año judicial para recordar que la crítica jurídica a las resoluciones es legítima y advertir de que no resulta admisible convertir la descalificación pública de los jueces en un instrumento de presión.
Tiene razón en lo esencial. Un Gobierno no debería señalar personalmente a un juez porque no le gusta una sentencia, como tampoco debería hacerlo un partido de la oposición. Los magistrados deben poder resolver sin amenazas, campañas de intimidación ni represalias políticas.
Pero esa exigencia tiene una contrapartida institucional que algunas veces recibe mucha menos atención. Quienes administran justicia deben ser extraordinariamente cuidadosos con las conductas que puedan alimentar dudas sobre su independencia, porque poseen un poder enorme y, a diferencia de diputados o ministros, los ciudadanos no pueden echarlos mediante unas elecciones.
La autoridad de un tribunal depende de la ley, pero su legitimidad social también descansa en la confianza de que las decisiones se adoptan al margen de simpatías partidistas.
Por eso resulta tan difícil aceptar que conocer las manifestaciones políticas de un magistrado sea irrelevante mientras se exige a la ciudadanía que no atribuya nunca motivaciones políticas a las resoluciones judiciales.
Una cosa no demuestra automáticamente la otra. Que Narváez deseara un Gobierno del PP no prueba que haya utilizado su puesto en el Supremo para favorecerlo, y afirmarlo sin evidencias sería tan irresponsable como jurídicamente endeble. Pero saber que lo dijo sí permite preguntarse si era el magistrado más adecuado para asumir la ponencia de un asunto electoral de semejante sensibilidad en el que PP y Vox han tomado una posición política tan definida.
Esa pregunta no debilita a la justicia. Lo que la debilita es pretender que formularla constituye por sí mismo una agresión.
La derecha española lleva años denunciando que determinadas críticas buscan desacreditar a los tribunales porque sus decisiones no gustan. Conviene escuchar esa advertencia, pero también recordar que la confianza institucional no funciona como una orden judicial que pueda notificarse al ciudadano para obligarle a cumplirla.
Si el sistema quiere que nadie sospeche que la política entra en los tribunales, tendrá que ser especialmente escrupuloso cuando los propios protagonistas han dejado constancia de sus preferencias políticas fuera de ellos.
Antonio Narváez tenía derecho a desear que Feijóo gobernara. Los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a saberlo cuando leen un auto del que ha sido ponente y que afecta a quién puede votar en las próximas elecciones. Pedir que ese antecedente no se mencione en nombre del respeto a la justicia sería confundir independencia con silencio.
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