La recta final del juicio contra José Luis Ábalos ha dejado de ser un mero trámite procesal para convertirse en el epicentro de una batalla política sin cuartel entre el Gobierno y la oposición. En un escenario donde la estrategia procesal se confunde con el interés electoral, el foco se desplaza ahora hacia la figura de Víctor de Aldama, el presunto cerebro de la trama de las mascarillas. El giro inesperado en las conclusiones provisionales del Partido Popular, que ha optado por una rebaja en la petición de pena para el empresario, ha servido en bandeja al Ejecutivo de Pedro Sánchez el argumento de un supuesto pacto oculto entre Génova y el comisionista para desgastar al presidente.
Desde el Palacio de la Moncloa, la respuesta no se ha hecho esperar, adoptando un tono de ironía política y denuncia frontal. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado directamente lo que considera una colaboración evidente entre los populares y Aldama, sugiriendo que la benevolencia penal de la acusación popular del PP es el pago por las declaraciones del empresario que sitúan a Sánchez en la cúspide de la trama. Para el Gobierno, esta disminución de la pena (que permitiría que delitos individuales no superen los dos años de prisión) es la prueba fehaciente de un "pelotazo" político donde la justicia se utiliza para validar acusaciones vertidas sin pruebas documentales fehacientes.
Por su parte, el Partido Popular defiende su actuación bajo criterios estrictamente técnicos y de derecho penal. Alberto Núñez Feijóo y el equipo jurídico encabezado por Alberto Durán argumentan que la colaboración de Aldama en el esclarecimiento de los hechos justifica una atenuante de confesión. La estrategia del PP busca blindar la credibilidad del empresario como testigo de cargo, contraponiendo su postura a la de la Fiscalía General del Estado, a la que acusan de interferir en la independencia del Fiscal Anticorrupción. Según los populares, el hecho de que el Ministerio Público mantenga los siete años de prisión es una maniobra de presión política destinada a desincentivar que el comisionista siga aportando información comprometedora para el Ejecutivo.
En este escenario de polarización judicial, las voces parlamentarias añaden más presión al debate sobre la ética pública. Mientras el PSOE califica de "auténtica barbaridad" que alguien que presuntamente se embolsó comisiones millonarias pueda quedar en libertad gracias a la estrategia del PP, formaciones como Vox mantienen una postura de desconfianza ambivalente. La formación de Santiago Abascal, aunque crítica con el Gobierno, no oculta sus dudas sobre la fiabilidad de Aldama y exige que la justicia caiga sobre todos los implicados sin excepción ni privilegios procesales.