La política municipal madrileña ha vuelto a encender sus alarmas éticas e institucionales en el segundo municipio más poblado de la región. El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha citado a declarar en calidad de investigado para el próximo 9 de octubre al regidor Manuel Bautista, del Partido Popular. La decisión judicial desestima de plano los recursos de la defensa del regidor y da un impulso definitivo a la querella por acoso sexual y laboral interpuesta por una exconcejal de su propia formación. La magistrada ha considerado que los hechos relatados en el escrito penal poseen una inequívoca relevancia delictiva, abriendo así un frente judicial que sitúa bajo sospecha no solo la conducta personal del primer edil, sino la eficacia de los protocolos de cumplimiento interno del Partido Popular.
El relato acreditado en la instrucción judicial describe una presunta dinámica de abuso de poder que habría comenzado con reiteradas proposiciones de carácter explícito y que, tras ser sistemáticamente rechazadas, derivó en una estrategia represiva de aislamiento dentro del equipo de gobierno. Durante una exhaustiva declaración de más de tres horas el pasado 29 de junio, la denunciante ratificó punto por punto los cargos por presuntos delitos contra la integridad moral, coacciones, lesiones y revelación de secretos. Más allá del ámbito penal individual, el testimonio introduce una variable política devastadora: la inacción del aparato de la formación conservadora, cuyas interlocutoras internas habrían presuntamente coaccionado a la víctima en lugar de activar un protocolo de protección efectivo.
Cuando las estructuras orgánicas de un partido priorizan la contención del daño reputacional por encima del amparo a una víctima, la responsabilidad política deja de ser un asunto privado para convertirse en un problema de salud democrática.
La solidez de las diligencias previas ha quedado reinforced con la citación de un grupo clave de testigos solicitados por la acusación particular. Entre los nombres llamados a declarar destacan figuras de notable relevancia dentro de la propia candidatura popular, como el exedil Raúl Gallego Parrondo (quien renunció a su acta el pasado mes de marzo como protesta explícita por la situación sufrida por su compañera) y el exjefe de comunicación consistorial David Zamorano. Este desfile de cargos y excargos de la confianza del regidor evidencia una fractura interna ineludible en el organigrama municipal y desmonta la tesis inicial del entorno del regidor, que intentó desacreditar la causa tildándola de maniobra sin fundamento jurídico.
La cerrada defensa de Ayuso al regidor cuestionado
Lejos de optar por la prudencia institucional o marcar una distancia cautelar con el investigado, la dirección del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, decidió levantar desde el primer instante un sólido cortafuegos político en torno a la figura de Manuel Bautista. Cuando las revelaciones de la querella salieron a la luz y la Fiscalía reactivó el proceso, la baronesa madrileña cerró filas públicamente con el primer edil mostoleño, calificándolo como un regidor "magnífico" que realiza un "trabajo de primera" y cerrando la puerta a cualquier atisbo de dimisión o suspensión cautelar de militancia.
La estrategia de la Real Casa de Correos consistió en encuadrar el escándalo en una maniobra de desgaste orquestada por la oposición, tildando el asunto abiertamente como un "caso fabricado contra el PP" o una "denuncia falsa". En sus intervenciones en la Asamblea de Madrid y ante los medios de comunicación, Ayuso y su núcleo duro (encabezado por el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán) argumentaron de forma vehemente que "nadie ha demostrado nada" e invocaron con firmeza la presunción de inocencia del regidor, desplazando el foco del debate hacia la confrontación con el Gobierno central.
Esta posición de amparo incondicional adquiere una gravedad especial a la luz de los detalles revelados por la investigación judicial. Según el testimonio de la exconcejal denunciante y la documentación incorporada a la causa, la víctima llegó a solicitar ayuda por escrito a la propia presidenta regional en dos ocasiones tras constatar el aislamiento al que estaba siendo sometida. La respuesta del aparato del partido consistió en derivar la mediación a cargos orgánicos que, lejos de activar un protocolo de violencia de género, habrían sugerido a la edil que renunciase a la vía penal para "protegerse" y evitar perjudicar las siglas de la formación o el entorno de su propia familia.
El férreo respaldo político otorgado por la cúpula popular coloca ahora a la dirección de Sol en una posición de altísima exposición mediática e institucional. Al vincular el prestigio de la jefatura autonómica a la inocencia de Bautista, el avance de las diligencias penales y la inminente declaración del alcalde como investigado amenazan con convertir el escándalo de Móstoles en una crisis reputacional de primera magnitud para todo el Ejecutivo regional, demostrando la fragilidad de una estrategia que prefirió la defensa corporativa al auxilio judicial interno.
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