El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha decidido reescribir las reglas de la responsabilidad política con la misma soltura con la que lleva años desplazando los límites institucionales. Esta vez ha sido mediante una solicitud formal de clemencia al presidente del país, Isaac Herzog, un gesto que, en cualquier democracia consolidada, equivaldría a reconocer que el tribunal le resulta menos útil que el poder que aún ostenta. Netanyahu sostiene que actúa por el “interés nacional”, una expresión que en su boca ha adquirido un significado tan elástico como su disposición a permanecer en la primera línea política.
La carta enviada a Herzog evita cualquier admisión de culpa —eso nunca ha estado en su repertorio—, pero sí deja ver otro tipo de derrota: la imposibilidad de seguir gestionando un juicio por corrupción que, según el propio primer ministro, es “un lastre” para un país inmerso en la guerra de Gaza y en una crisis política que no aminora. La tensión social y diplomática es real; que él la atribuya a su proceso judicial quizá sea el último acto de un líder seguro de que aún puede negociar con su propio futuro penal.
Un país exhausto y un líder que reclama paciencia
Netanyahu escribe como quien advierte, no como quien pide. Su mensaje está construido sobre una idea muy simple: el juicio causa inestabilidad, por lo tanto debe terminar. El razonamiento se sostiene únicamente si se acepta que la estabilidad pasa por blindar al primer ministro frente a causas penales que llevan años abiertas y que afectan al corazón mismo de la relación entre poder político y medios de comunicación.
Entre las acusaciones figuran presiones a periódicos para obtener coberturas favorables o pactos indirectos para neutralizar a competidores mediáticos. Es la política convertida en empresa de autoprotección permanente. La guerra ha servido de argumento, de excusa y de escudo, y ahora también de justificación para pedir clemencia: Israel estaría, según él, en un momento que exige aparcar lo accesorio, es decir, su propio proceso penal.
La presidencia de Herzog ha evitado responder de inmediato. No es solo prudencia institucional; es consciente de que la decisión, sea cual sea, definirá el espacio de legitimidad de un primer ministro que aspira a ser absuelto sin juicio y sin renunciar al cargo.
El entorno de Netanyahu ha reaccionado con rapidez, como si la clemencia fuera una política pública más. Desde el Likud hasta los socios ultranacionalistas de gobierno, la idea de perdonar al primer ministro se presenta como una cuestión de seguridad. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, ha llegado a calificar la intervención presidencial como “de interés crítico para el Estado”, acompañándolo de una arremetida contra la Fiscalía, a la que acusa de ser “corrupta” y “despreciable”. La ironía es involuntaria, pero evidente.
En la oposición, la respuesta es otra: Yair Lapid ha pedido a Herzog que no “legitime” un indulto sin reconocimiento de culpa, sin arrepentimiento y sin renuncia a la vida política. Yair Golan, desde Los Demócratas, habla directamente de un “escupitajo en la cara del pueblo israelí”. Las palabras son duras, pero reflejan un malestar que va más allá del juicio. Netanyahu se ha convertido en el principal factor de polarización del país; sus decisiones ya no se leen en clave jurídica, sino como maniobras para resistir un desgaste político profundo.
La excepcionalidad como forma de gobierno
Resulta difícil recordar en qué momento la política israelí se habituó a que un primer ministro procesado utilizara la guerra, la fractura social y la geopolítica del momento para defenderse de acusaciones penales. Pero aquí estamos: el indulto como herramienta de gestión y el conflicto en Gaza como argumento instrumentalizado en cada intervención pública.
Netanyahu afirma que busca “sanar divisiones”. Su recorrido reciente demuestra lo contrario: ha liderado un gobierno que profundizó la brecha civil con su reforma judicial fallida, ha tensado la relación con aliados tradicionales y ha hecho de su supervivencia una cuestión de Estado. La clemencia que solicita es, en realidad, la confirmación de que ya no distingue entre su futuro personal y el del país.
No necesita decirlo explícitamente. El mensaje está en la propia solicitud: si él cae, Israel se desestabiliza. El vínculo entre ambos solo existe en su narrativa, pero ha sido lo suficientemente eficaz como para sostenerlo en el poder durante seis mandatos.