Hay palabras que en política internacional no pueden despacharse como una provocación verbal, una extravagancia personal o el exceso calculado de un dirigente radical. Cuando el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, propone matar de forma selectiva a entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza, la gravedad no reside únicamente en la brutalidad de la frase. Reside también en el lugar desde el que se pronuncia.
Ben Gvir forma parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Supervisa la Policía y el sistema penitenciario israelí y representa una de las expresiones más radicales de una extrema derecha que ha dejado de ocupar los márgenes de la política del país para instalarse en su Consejo de Ministros. Sus últimas declaraciones permiten comprobar hasta qué punto determinadas ideas que hace años habrían resultado difícilmente asumibles en el discurso institucional israelí han adquirido carta de naturaleza dentro del poder.
El ministro defendió en una conversación con Rom Braslavski, antiguo rehén en Gaza, que Israel debería efectuar ataques selectivos cada noche y acabar con entre 30 y 40 personas. Fue todavía más lejos al sostener que no se refería exclusivamente a quienes representasen una amenaza inmediata y al negar, en términos deshumanizadores, el derecho a la vida de otras personas en la Franja.
La deshumanización no constituye aquí un detalle retórico. Es el presupuesto necesario para convertir la muerte de seres humanos en una cifra administrativa. Treinta hoy, cuarenta mañana. Una cantidad expresada con la frialdad de quien establece un objetivo de producción.
La propuesta adquiere una dimensión todavía más grave cuando se acompaña del resto del proyecto defendido por Ben Gvir. El dirigente ultraderechista reclama la reconstrucción de asentamientos israelíes en Gaza, desmantelados en 2005, y vuelve a plantear la salida masiva de palestinos del territorio. En la misma intervención sostuvo que considera Gaza territorio israelí y defendió fomentar la emigración de su población.
Las tres ideas forman una secuencia política que conviene observar conjuntamente. Matar, expulsar y ocupar. Reducidas a su significado material, las palabras del ministro dibujan un proyecto para Gaza en el que una población pierde primero su condición humana, después su derecho a permanecer en su tierra y finalmente la propia tierra.
Ben Gvir no dirige el Ejército israelí y, por tanto, sus palabras no constituyen una orden militar. Esa precisión resulta indispensable. También lo es recordar que sus planteamientos han chocado en esta ocasión con la reducción de las operaciones militares impulsada por Netanyahu ante la presión internacional para avanzar en el plan estadounidense sobre Gaza. El ministro reprocha precisamente al primer ministro haber rebajado la intensidad de los ataques.
Pero limitar el análisis a las competencias formales de Ben Gvir sería perder una parte fundamental del problema. Quien habla no es un activista situado fuera del sistema, sino un ministro de uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel.
Su trayectoria tampoco comenzó con la guerra. Ben Gvir fue condenado en 2007 por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista. Durante años estuvo situado en los márgenes de la política israelí por su vinculación ideológica con el kahanismo, hasta que el desplazamiento del sistema político hacia la derecha radical terminó convirtiéndolo en una pieza necesaria para las mayorías de Netanyahu.
Ese recorrido explica mejor que cualquier discurso la transformación experimentada por Israel. El problema ya no consiste únicamente en la existencia de una extrema derecha radical, fenómeno presente en numerosas democracias. La cuestión es qué sucede cuando esa extrema derecha deja de presionar al Gobierno desde fuera y obtiene capacidad institucional para condicionarlo desde dentro. Gaza ofrece la respuesta más dolorosa.
Las autoridades sanitarias de la Franja sitúan ya por encima de 73.000 el número de palestinos muertos desde el comienzo de la ofensiva israelí posterior a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Las Naciones Unidas recogían ya el 10 de junio 72.991 fallecidos comunicados por el Ministerio de Salud de Gaza y más de 173.000 heridos, precisando que las cifras más recientes todavía no habían sido verificadas individualmente por la organización.
Los crímenes cometidos por Hamás aquel 7 de octubre, con alrededor de 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes, forman parte indispensable del origen de esta guerra y no admiten relativización alguna. Pero ningún crimen concede a un Estado un derecho ilimitado sobre la población civil del territorio desde el que fue atacado, ni convierte en aceptable la idea de establecer cuotas de personas que deberían morir cada noche. Ahí reside una frontera moral y jurídica que la comunidad internacional lleva demasiado tiempo viendo erosionarse.
Las declaraciones de Ben Gvir resultan especialmente relevantes porque la retórica de dirigentes israelíes ya ha aparecido en el debate jurídico internacional sobre Gaza. Associated Press recuerda que anteriores expresiones del ministro han sido utilizadas ante la Corte Internacional de Justicia como elementos relacionados con las acusaciones de intención genocida, unas acusaciones que Israel rechaza.
Por eso sería un error tratar estas palabras como otra salida de tono destinada al consumo de una base electoral ultranacionalista. Israel celebrará elecciones legislativas en octubre y la derecha radical compite también por definir qué debe significar la victoria después de años de guerra. Ben Gvir ofrece una respuesta extraordinariamente explícita. Su Gaza futura tendría menos palestinos y más asentamientos israelíes.
La responsabilidad última, sin embargo, no termina en Ben Gvir. Netanyahu lleva años dependiendo políticamente de fuerzas que han convertido la anexión territorial, el desplazamiento de palestinos y el rechazo de un Estado palestino en elementos centrales de su proyecto. Presentar después a esos dirigentes como cuerpos extraños al Gobierno permite eludir la cuestión esencial de quién les ha proporcionado poder.
La comunidad internacional tampoco puede fingir sorpresa cada vez que uno de ellos formula con crudeza aquello que lleva tiempo defendiendo. Los gobiernos democráticos poseen instrumentos diplomáticos, comerciales y políticos para señalar los límites que consideran incompatibles con el derecho internacional. La relación con Israel no puede consistir en expresar preocupación ante cada nueva declaración y recuperar después la normalidad hasta la siguiente.
Porque algo se deteriora profundamente cuando un ministro puede hablar de matar seres humanos por decenas, negarles su condición de personas y reclamar después la tierra en la que viven. El lenguaje no sustituye a las bombas, pero puede preparar el terreno moral para que resulten más fáciles de lanzar.
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