Nicolás Maduro y Cilia Flores han rechazado ante un tribunal federal de Nueva York las nuevas acusaciones formuladas por la Fiscalía estadounidense por su presunta participación en un sistema de represión política y tortura en Venezuela. Durante la comparecencia celebrada este jueves ante el juez Alvin Hellerstein, ambos defendieron su inocencia frente a una ampliación del procedimiento penal que ya afrontaban por delitos relacionados con el narcotráfico. La acusación sostiene que la persecución de opositores y las detenciones arbitrarias formaban parte de una estructura organizada desde las más altas instancias del poder venezolano, una responsabilidad penal que todavía deberá acreditarse ante el tribunal.
Maduro rechazó las imputaciones y las calificó de «una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones», una intervención que el magistrado interpretó como una declaración de no culpabilidad. Cilia Flores fue más explícita al responder a los cargos. «Soy completamente inocente, no soy culpable», manifestó durante la audiencia, según la información difundida por Bloomberg.
Una acusación que amplía la responsabilidad penal
La nueva acusación describe un entramado represivo que habría utilizado los organismos de seguridad venezolanos para castigar a disidentes políticos y militares sospechosos de deslealtad. La Fiscalía atribuye a Maduro la supervisión de torturas que incluían golpes, asfixia y descargas eléctricas, además de amenazas contra familiares de los detenidos. A Flores le imputa haber respaldado ese sistema y ordenado determinados abusos. Entre las víctimas identificadas figuran ciudadanos estadounidenses. Los fiscales no sostienen que el matrimonio ejecutara personalmente las torturas, sino que habría participado en su planificación y dirección.
El contenido de las imputaciones sitúa el foco judicial sobre los mecanismos de control político utilizados durante los años de gobierno de Maduro. Las denuncias sobre desapariciones forzadas, encarcelamientos arbitrarios y torturas no son nuevas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por Naciones Unidas, ha documentado graves violaciones de derechos humanos y ha señalado la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Sus investigaciones han descrito patrones de violencia contra personas consideradas opositoras al Gobierno, aunque sus conclusiones no equivalen a una condena penal contra los acusados en Nueva York.
La dimensión internacional del procedimiento también plantea cuestiones jurídicas relevantes. La defensa de Maduro ha invocado su condición de jefe de Estado para cuestionar la jurisdicción estadounidense, mientras que Washington sostiene que no procede reconocerle inmunidad. La controversia jurídica gira alrededor del alcance de esa protección y de la posibilidad de exigir responsabilidades penales por actuaciones que la Fiscalía considera ajenas al ejercicio legítimo de funciones oficiales.
El juicio se aplaza hasta junio de 2027
La causa incorpora estos delitos a las acusaciones anteriores por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas, presentadas inicialmente en 2020. Las defensas mantienen su petición de archivo y cuestionan la legitimidad del procedimiento, mientras que la Fiscalía estadounidense insiste en la gravedad de los hechos investigados. El juez ha trasladado el inicio del juicio al 14 de junio de 2027 y ha fijado una nueva audiencia para el 17 de diciembre.
Maduro y Flores permanecen encarcelados en Brooklyn desde su captura durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. Su detención puso fin a más de una década de gobierno de Maduro y abrió una nueva etapa política en Venezuela, con Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo. El proceso judicial deberá determinar si las acusaciones de Washington cuentan con pruebas suficientes para establecer responsabilidades penales individuales, en una causa que trasciende los delitos de narcotráfico y sitúa en primer plano las denuncias de tortura y represión política.
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