La tradición de la política exterior de Estados Unidos oscila entre el aislacionismo y el multilateralismo según quién habite la Casa Blanca. Sin embargo, en un giro constitucional de proporciones sísmicas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que ese péndulo no puede moverse fuera de los límites estrictos de la ley. Al declarar ilegales los aranceles recíprocos impuestos por la administración de Donald Trump, el Alto Tribunal no solo ha asestado un golpe financiero de decenas de miles de millones de dólares al Tesoro, sino que ha restaurado el equilibrio de poderes en el corazón del comercio global, recordando que la autoridad presidencial tiene fronteras infranqueables.
La sentencia, decidida por una mayoría de 6 a 3, se centra en la interpretación de la Ley de Poderes de Emergencia Internacionales (IEEPA) de 1977. La administración Trump sostuvo que esta norma confería al presidente una autoridad casi monárquica para fijar gravámenes unilaterales e ilimitados en nombre de la seguridad nacional. Sin embargo, el Supremo, a pesar de su mayoría conservadora, ha sido tajante al dictaminar que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles. El tribunal subraya que la capacidad de regular la importación no es sinónimo de gravarla, exigiendo una autorización clara del Congreso para amparar una facultad tan excepcional, devolviendo así el poder al Capitolio.
Las consecuencias de este fallo son tan vastas como las cadenas de suministro que la Administración pretendía intervenir. La administración Trump se enfrenta ahora a la titánica tarea de devolver decenas de miles de millones de dólares recaudados ilegalmente a través de gravámenes dirigidos a socios estratégicos como China, Canadá o México. Lo que el propio Trump calificó en enero como un completo desastre es hoy una realidad jurídica que da la razón a las pequeñas y medianas empresas, como la firma juguetera de Illinois o la importadora de vinos de Nueva York, que canalizaron el malestar de cientos de pymes asfixiadas por lo que ahora se consideran impuestos ilegales.
A pesar de la contundencia judicial, el ultra nacionalismo económico no parece dispuesto a una retirada total. La Casa Blanca ya ha sugerido la existencia de planes alternativos para mantener la presión comercial, explorando diversas vías legales para incumplir el fallo. No obstante, el margen de maniobra se ha estrechado dramáticamente, ya que cualquier nueva medida deberá ajustarse a las restricciones procedimentales que el Supremo ha vuelto a poner en valor. Mientras la Comisión Europea observa con cautela desde Bruselas, el mercado global recibe una dosis de la previsibilidad que tanto reclamaba, al quedar claro que el comercio internacional no puede ser el rehén de órdenes ejecutivas sin control legislativo.
Esta resolución representa una victoria para las democracias y una derrota para los ultras. Al reivindicar únicamente el papel limitado que asigna el Artículo III de la Constitución, el Supremo ha enviado un mensaje de largo alcance: ninguna emergencia internacional, real o fingida, justifica la usurpación de las competencias económicas del Congreso.