La Justicia asesta un golpe definitivo a Donald Trump

Hay momentos en la vida institucional de un país en los que el reloj, simplemente, gana la partida. Esto es uno de ellos. A menos de dos meses de unas elecciones de mitad de mandato que se presentan, para el Partido Republicano, como poco menos que una travesía en el desierto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tenido que salir al quite. Con una resolución de urgencia, la máxima instancia judicial ha respaldado la suspensión cautelar que ya había dictado una jueza federal. El resultado: la orden ejecutiva de Donald Trump que amenazaba con dinamitar el voto por correo para cerca de un tercio del electorado se queda, de momento, en papel mojado.

Conviene pararse aquí un segundo. Porque lo que estaba en juego no era un tecnicismo administrativo más.

El decreto, firmado por el presidente Donald Trump el pasado marzo bajo la ya conocida bandera del fraude electoral, algo que, dicho sea de paso, nunca ha logrado documentar con pruebas mínimamente sólidas, pretendía obligar a los cincuenta estados a adoptar un modelo único de sobre con código de barras estandarizado. Nada menos. Y, de paso, volcar los censos de voto a distancia en un portal digital centralizado, gestionado desde Washington.

Pero el verdadero problema, el que de verdad encendió las alarmas, estaba en la letra pequeña: se otorgaba al Servicio Postal la potestad de rechazar directamente el procesamiento de las papeletas de aquellos estados que no se ajustaran a tiempo a las nuevas exigencias técnicas. Es decir, un fallo administrativo en Ohio podía, en la práctica, dejar sin voto a decenas de miles de personas en Ohio.

Un informante interno del propio Servicio Postal, y esto es lo que de verdad inquietó a los juristas, describió una plataforma digital plagada de fisuras, advirtiendo de que bastaría un simple error en la lectura de un código de barras para descartar lotes enteros de votos. Nada trivial: estados como Alabama, Carolina del Norte o Wisconsin ya habían empezado a enviar sus papeletas bajo los protocolos de toda la vida cuando llegó el aviso.

Lo interesante, lo que da verdadera miga a esta historia, es por dónde se ha resquebrajado la mayoría conservadora de la Corte. No ha sido, en realidad, un debate de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. Ha sido, sobre todo, una cuestión de tiempos.

En una breve opinión concurrente, el magistrado Brett Kavanaugh (nombrado por el propio Trump, no lo olvidemos) fue tajante: las autoridades electorales locales sencillamente no tenían margen material para adaptar sus infraestructuras antes de la cita con las urnas. Kavanaugh dejó la puerta entreabierta a respaldar al Ejecutivo en litigios futuros, ojo, pero su voto junto al ala progresista bastó para frenar la ofensiva. Enfrente quedaron los inefables Samuel Alito y Clarence Thomas, partidarios de mantener el decreto en pie.

No es la primera vuelta de tuerca en esta historia, por cierto. El mes pasado, el propio Supremo había considerado prematura la intervención de la jueza de distrito Indira Talwani, en Boston. Ella, sin embargo, volvió a congelar la reforma al constatar lo que ya intuía cualquiera con un mínimo de sentido común: que los nuevos requisitos abocaban al caos organizativo y, en el fondo, a una privación masiva del derecho al sufragio.

Y aquí es donde conviene ser honestos: detrás de este pulso judicial hay, también, una estrategia de supervivencia. Las encuestas dibujan un panorama sombrío para los republicanos, con la mayoría en ambas cámaras del Congreso pendiendo de un hilo. El desgaste de Trump por la guerra en Irán, la inflación que no cede o el rechazo creciente a sus políticas migratorias, ha convertido retener el Capitolio en una cuestión de vida o muerte política para lo que queda de mandato.

Y el voto por correo, no nos engañemos, es terreno demócrata. Lo utilizan de forma mayoritaria comunidades históricamente golpeadas por la precariedad laboral, gente cuyas jornadas de doce horas hacen casi imposible acercarse a un colegio electoral un martes cualquiera. Organizaciones de defensa de los derechos civiles y colectivos latinos ya habían denunciado que las restricciones castigaban, sobre todo, a los trabajadores de bajos ingresos.

El senador Chuck Schumer no se anduvo con rodeos: calificó el intento presidencial de manipulación obscena e inconstitucional. Puede sonar a hipérbole de despacho, sí. Pero el fondo del argumento, que un Gobierno intentó, por decreto, rediseñar cómo vota la gente dos meses antes de las urnas, es difícil de rebatir.

Y aquí vale la pena mirar hacia otro lado del Atlántico, porque el contraste es revelador. En España, el voto por correo funciona bajo un sistema centralizado desde hace décadas, gestionado por Correos con plazos fijados por ley electoral, sin margen para que el Ejecutivo de turno introduzca cambios de última hora meses antes de una cita electoral. En Alemania, la Briefwahl, el voto por correo alemán, es tan robusta que en las últimas elecciones federales rondó el treinta por ciento del total de sufragios, sin que ningún canciller haya intentado jamás alterar sus reglas técnicas a las puertas de unos comicios. Francia, por su parte, mantiene un sistema mucho más restrictivo dado que el voto por correo lleva prohibido, salvo excepciones, desde 1975, precisamente por temores a fraude, lo que demuestra que hay más de un modelo posible, pero ninguno de ellos se decide por decreto presidencial a ocho semanas de las urnas.

Ahí está, quizá, la lección de fondo.

Con el sistema postal liberado de las exigencias de Donald Trump, los estados podrán mantener sus procedimientos habituales de votación. Alivio, sin duda, para la oposición. Pero sería ingenuo leer este episodio como un punto final.

Porque lo que ha quedado expuesto, en realidad, es algo más incómodo: la extrema fragilidad de las instituciones estadounidenses cuando la urgencia electoral de un mandatario intenta reescribir, de un plumazo, la forma en que los ciudadanos ejercen su derecho más básico. El Supremo ha ganado esta vez la carrera contra el reloj. La próxima, quién sabe.