Israel ha vuelto a bombardear el sur de Líbano. Esta vez los ataques han alcanzado las localidades de Mayfadoun y Al Mansouri, con fuego aéreo y de artillería en una zona que lleva semanas sometida a una tregua frágil, atravesada por incumplimientos, amenazas y una negociación que debía abrir el camino hacia un alto el fuego permanente. El problema es que cada nueva incursión israelí reduce un poco más el espacio de esa negociación y convierte la tregua en una palabra cada vez menos reconocible sobre el terreno.
El Ejército israelí mantiene que sus operaciones responden a la amenaza que representa Hezbolá y a la negativa del grupo chií a entregar las armas. Ese argumento forma parte del marco de seguridad defendido por el Gobierno de Benjamin Netanyahu desde el inicio de las conversaciones de junio. Pero el acuerdo alcanzado entonces con mediación estadounidense no estaba construido sobre una única obligación. Vinculaba el desarme de los grupos armados no estatales con la retirada progresiva de las fuerzas israelíes del sur de Líbano y con la recuperación efectiva de la soberanía de Beirut sobre ese territorio.
La cuestión importa porque Israel tiende a presentar cada nueva operación como consecuencia automática del incumplimiento de la otra parte. Un acuerdo de paz no puede funcionar si uno de sus actores se reserva el derecho permanente a decidir cuándo la tregua deja de obligarle.
Los ataques de este viernes tampoco constituyen un episodio aislado. El 15 de agosto, bombardeos israelíes en el sur de Líbano dejaron al menos once muertos, entre ellos civiles y niños, en la escalada más grave desde el inicio de la tregua de junio. Días antes, Israel había vuelto a atacar varias localidades y mantenía presencia militar en distintos puntos del territorio libanés.
La acumulación empieza a dibujar una realidad que desborda la explicación de la legítima defensa.
Una tregua que Israel interpreta a su manera
Nadie puede ignorar el problema de Hezbolá. El grupo conserva armamento, mantiene una estructura militar al margen del Estado libanés y ha rechazado expresamente las exigencias de desarme incluidas en el marco de junio. La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad lleva años reclamando que el área situada entre la Línea Azul y el río Litani quede libre de fuerzas armadas que no pertenezcan al Estado libanés o a UNIFIL.
Pero reconocer ese problema no convierte automáticamente cada bombardeo israelí en inevitable ni en legítimo.
La lógica de Netanyahu consiste desde hace tiempo en ampliar el concepto de seguridad hasta hacerlo prácticamente ilimitado. Si Israel considera que existe una amenaza, se arroga la capacidad de atacar. Si cree que el Estado vecino no neutraliza suficientemente a esa amenaza, vuelve a atacar. Si las negociaciones avanzan con lentitud, la presión militar se mantiene. El resultado es una relación en la que Israel exige garantías absolutas para su seguridad y acepta garantías mucho más débiles para la seguridad y la soberanía de quienes viven al otro lado de sus fronteras.
Ese desequilibrio es precisamente lo que el Gobierno libanés y Naciones Unidas llevan semanas denunciando. El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam han advertido de que las operaciones israelíes dificultan la aplicación del acuerdo y socavan la capacidad del Estado libanés para extender su autoridad sobre el sur. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue todavía más lejos al reclamar el fin de la ocupación israelí y de la demolición de viviendas, prácticas que situó bajo el posible escrutinio del derecho internacional humanitario.
Hay una contradicción evidente en exigir a Beirut que recupere plenamente el control del territorio y, al mismo tiempo, mantener tropas israelíes, zonas de seguridad y ataques periódicos dentro de ese mismo territorio.
Israel asegura que actúa porque el Estado libanés todavía no ha conseguido neutralizar a Hezbolá. Pero el Estado libanés difícilmente puede consolidar su autoridad si una potencia extranjera continúa ejerciendo poder militar unilateral dentro de sus fronteras.
Netanyahu y la seguridad convertida en excepción permanente
Ese mecanismo no es exclusivo del frente libanés. Se ha convertido en una de las características centrales del Gobierno de Netanyahu.
La seguridad de Israel aparece presentada como un principio superior capaz de desplazar cualquier otra consideración. Se invoca para mantener operaciones militares en territorios vecinos, para justificar ataques preventivos, para prolongar ocupaciones y para reducir el margen de la diplomacia. La seguridad, convertida en categoría absoluta, termina dejando de funcionar como un derecho legítimo y pasa a convertirse en una autorización permanente para ejercer la fuerza. Líbano está pagando ahora esa concepción.
Desde la reanudación del conflicto en marzo, más de 4.000 personas han muerto en territorio libanés y alrededor de 1,2 millones han llegado a verse desplazadas, según datos recogidos por Naciones Unidas y organizaciones internacionales. La violencia disminuyó de manera significativa tras la tregua de junio, hasta permitir el regreso de familias y cierta recuperación de infraestructuras, pero esa mejoría continúa sometida a una amenaza constante de regresión.
Cada ataque introduce además un incentivo perverso. Hezbolá utiliza las operaciones israelíes para justificar su negativa a desarmarse. Israel utiliza esa negativa para justificar nuevas operaciones. Ambos actores terminan alimentando el argumento del contrario y el Estado libanés queda atrapado entre dos poderes armados que reducen su margen de soberanía.
Ese círculo es exactamente lo que debía romper el acuerdo del 26 de junio.
La solución prevista era gradual y difícil, retirada israelí, despliegue del Ejército libanés, control estatal del territorio y desarme verificable de Hezbolá. No había ingenuidad en ese planteamiento. Había un intento de construir seguridad mediante instituciones y no mediante una sucesión interminable de represalias. Netanyahu parece confiar mucho más en la segunda fórmula.
El problema es que décadas de experiencia en Oriente Próximo permiten saber dónde conduce. Los bombardeos pueden destruir posiciones, eliminar comandantes y reducir temporalmente capacidades militares. Lo que no han conseguido hasta ahora es producir por sí solos un orden político estable. Cada operación deja nuevas ruinas, nuevos desplazados y nuevas razones para que la siguiente generación considere insuficiente cualquier tregua.
Israel tiene derecho a exigir que su frontera norte no esté amenazada por una milicia armada. Líbano tiene exactamente el mismo derecho a que su territorio no sea bombardeado cada vez que el Gobierno israelí considere insuficiente la evolución de las negociaciones.
Una paz que solo proporciona seguridad a una de las partes no termina siendo paz.
Los ataques de este viernes vuelven a demostrarlo. Netanyahu puede seguir llamando seguridad a esta política, pero cuando una tregua permite bombardear periódicamente al país vecino, quizá lo que está fallando ya no sea únicamente la tregua, sino la idea de paz que Israel está dispuesto a aceptar.
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