La prohibición de las compras de gas natural licuado ruso en la Unión Europea ha desencadenado algo más que un desacuerdo energético. Ha abierto un nuevo frente político y jurídico que expone las tensiones latentes entre integración comunitaria y soberanía nacional, con Hungría decidida a llevar la batalla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno de Viktor Orbán, el socio más fiable de Moscú dentro del bloque, sostiene que Bruselas ha recurrido a un fraude jurídico al presentar como regulación comercial lo que, en la práctica, equivale a una sanción energética encubierta. Según el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, la maniobra permitiría eludir el requisito de unanimidad y aprobar la norma por mayoría cualificada, un movimiento que Budapest considera contrario a los tratados.
Gas, línea roja de la soberanía
Hungría depende de Rusia para alrededor del 85 por ciento del gas y el 65 por ciento del petróleo que consume. Esta realidad convierte la política energética europea en un asunto existencial para Budapest. La prohibición del GNL ruso a partir de 2027, junto con la eliminación progresiva del gas por gasoducto, no solo reconfigura los flujos energéticos del continente. Redefine los límites del poder comunitario.
El argumento húngaro se apoya en una interpretación estricta de los tratados. La elección de fuentes energéticas corresponde a los Estados miembros. Bruselas replica con una lógica distinta. La seguridad energética es un bien común y la dependencia de Rusia se ha convertido en una vulnerabilidad estratégica tras la guerra de Ucrania. Entre ambas posiciones se abre un vacío legal que ahora deberá resolver el TJUE.
Mayoría cualificada
El trasfondo del conflicto es institucional. La UE ha optado por desplazar el eje de decisión desde la unanimidad hacia la mayoría cualificada para evitar vetos nacionales que bloqueen la acción colectiva. El resultado es eficaz desde el punto de vista operativo, pero políticamente explosivo.
Hungría y Eslovaquia votaron en contra del reglamento. Bulgaria se abstuvo. Los otros 24 Estados miembros respaldaron la medida, al igual que el Parlamento Europeo con una mayoría abrumadora. La aritmética es clara. La legitimidad, más discutida. Para Budapest, el procedimiento erosiona el principio de soberanía. Para Bruselas, lo preserva al impedir que un solo país secuestré la política energética común.
La Comisión y el Consejo presentan el veto al gas ruso como un paso decisivo hacia una Unión de la Energía más autónoma y resiliente. La narrativa subraya la diversificación, la solidaridad y la reducción de riesgos geopolíticos. Los Estados deberán presentar antes de marzo de 2026 planes nacionales de diversificación, un ejercicio que revelará las asimetrías reales del mercado energético europeo.
Para países altamente dependientes de Rusia, el coste de la transición será mayor. Para otros, la ruptura ya está asumida. Esta desigualdad explica la resistencia húngara y anticipa futuras fricciones cuando la política climática y la seguridad estratégica choquen con realidades económicas divergentes.
Nuevo desafío de Orbán
El recurso ante el TJUE es coherente con la estrategia de Orbán. Convertir cada conflicto con Bruselas en una batalla por la soberanía nacional. En este caso, el terreno es especialmente fértil. La energía afecta a precios, competitividad y estabilidad social. Una derrota jurídica permitiría a Hungría presentarse como víctima de una Europa centralizadora. Una victoria debilitaría seriamente la capacidad de la UE para actuar con rapidez en asuntos estratégicos.