Donald Trump, durante la campaña para su reelección, prometió a la clase trabajadora que el nacionalismo económico pondría de rodillas a las élites globales, que las fronteras blindadas salvarían sus empleos y que la prosperidad volvería a correr por las venas de una clase media castigada. Y claro, millones de cajeros, albañiles, empaquetadores, agricultores y camareros escucharon el famoso mantra del America First y creyeron que, por fin, alguien en Washington se acordaba de ellos. Votaron con la rabia del olvidado... y con la fe del que ya no tiene nada que perder.
Pero cuando se apagan los focos de la campaña y te pones a rascar en los números fríos de la economía real, la tramoya se cae a pedazos. Lo que se respira hoy en los centros de trabajo de las grandes corporaciones no es ningún renacimiento para el obrero. Es, más bien, la confirmación de un engaño monumental. Aquella ilusión de un capitalismo patriótico ha cedido paso a una maquinaria perfectamente engrasada para desviar la riqueza hacia los despachos de arriba mientras se desmantela, pieza a pieza, la red de seguridad de esos mismos trabajadores.
Las cifras no mienten
El informe Executive Excess, que elabora anualmente el prestigioso Institute for Policy Studies, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, le mete el bisturí a las cien empresas con los salarios más bajos del índice S&P 500. Hablamos de cadenas de comida rápida, grandes almacenes y gigantes de la logística; es decir, el corazón mismo de la masa laboral estadounidense. Pues bien, ahí, en la trinchera del salario mínimo, la distancia entre la opulencia del jefe y el plato del empleado roza directamente el escándalo.
Durante el último año, el sueldo medio de los consejeros delegados de estas cien empresas escaló hasta los 17,5 millones de dólares. En el lado contrario está lo que Donald Trump no dijo. El empleado de a pie apenas arañó los 36.571 dólares. Una brecha salvaje de 614 a 1. Piénselo un segundo: un reponedor de un supermercado tendría que trabajar más de seis siglos para ganar lo que su director ejecutivo se mete al bolsillo en solo doce meses. La idea de la prosperidad compartida se deshace en el aire.
Esto no es un accidente del mercado ni una racha de mala suerte. Es el resultado directo de una arquitectura fiscal hecha a la medida del gran capital. La aprobación del presupuesto federal de julio de 2025 fue, en la práctica, el monumento a esa traición. Mientras la propaganda oficial vendía el texto como un triunfo de la soberanía nacional, la letra pequeña ejecutaba una transferencia masiva de dinero desde los bolsillos de los más débiles hacia las cuentas de los multimillonarios.
Las grandes corporaciones festejaron por todo lo alto. Aplaudieron la bajada del tipo impositivo para las rentas más altas y la exención del impuesto sobre sucesiones, un regalazo que solo beneficia a un puñado de familias adineradas. Pero ese festín fiscal no se pagó con aire. Se pagó a tijeretazo limpio contra los programas de ayuda pública más básicos del país.
Se recortaron los fondos de Medicaid y del programa SNAP, los conocidos vales de comida. Aquí viene la ironía más amarga: el análisis de las listas de la GAO, la agencia que fiscaliza las cuentas del Congreso, resulta que los mayores usuarios de estos vales no son desempleados de larga duración. Son los propios empleados en activo de gigantes como Walmart, Amazon, Dollar General o McDonald's. Gente que madruga todos los días pero cuyo sueldo es tan raquítico que necesita el auxilio del Estado para no enfermar o para poner un plato en la mesa.
Al final, el modelo de negocio de estas multinacionales funciona como un negocio redondo por partida doble. Por un lado, pagan sueldos de miseria; por el otro, usan el dinero del contribuyente para amortiguar la indigencia de sus plantillas mientras los jefes cobran primas millonarias. Y cuando el Gobierno quita esos apoyos para rebajarle los impuestos a los ricos, el golpe cae a plomo, otra vez, sobre la espalda del trabajador que pensaba que Donald Trump era una especie de mesías.
A este ahogo económico se le suma una presión policial sofocante. Las batidas del ICE han sembrado el pánico en los sectores más precarizados. Pero lejos de proteger el empleo local, como prometía la retórica trumpista, el clima de terror contra los trabajadores inmigrantes ha terminado debilitando la capacidad de protesta de toda la plantilla. En el campo, en los almacenes o en las obras, el miedo se ha convertido en la mejor herramienta para mantener las exigencias salariales por los suelos.
Los grandes ejecutivos callaron ante semejante tenaza sobre sus empleados. Silencio absoluto. Ninguno protestó por las batidas en sus fábricas ni por los recortes sociales que dejaban desprotegida a su gente. Tampoco dudaron en desmontar dócilmente sus programas de diversidad e inclusión en cuanto la corriente política cambió de lado. Su única prioridad, clara y feroz, ha sido blindar sus privilegios y seguir engordando las acciones.
Para lograr esas cifras astronómicas, las empresas han echado mano de las recompras de acciones, una maniobra financiera que en su día bordeó la ilegalidad y que hoy es el auténtico motor de la desigualdad. En los últimos siete años, las cien corporaciones con los sueldos más bajos se gastaron la friolera de 718.000 millones de dólares en comprar sus propios títulos en Bolsa.
El objetivo no es innovar, ni reformar los locales, ni mucho menos subirle un dólar a la hora a la plantilla. La jugada sirve para inflar artificialmente el valor de la acción, de donde sale casi el 80% de la paga de los altos directivos. Cada dólar gastado en recomprar títulos es un dólar que no va a la masa salarial. El caso de la cadena de bricolaje Lowe's lo deja claro: los 46.800 millones de dólares que quemaron en esta triquiñuela habrían alcanzado para pagar un bono anual de 24.000 dólares a cada uno de sus 276.000 empleados durante siete años seguidos. Casi nada.
El engaño ha sido histórico. Al obrero del cinturón industrial le dijeron que el culpable de sus males era el trabajador extranjero, el acuerdo comercial firmado a miles de kilómetros o la llegada de familias migrantes. Lo pusieron a mirar hacia abajo y hacia los lados para buscar chivos expiatorios. Pero mientras la gente se distraía con banderas, gorras de MAGA y discursos encendidos, en los salones de Wall Street y Washington se firmaba el mayor trasvase de riqueza de la historia reciente hacia la élite corporativa.
La tendencia no tiene pinta de ser un bache temporal. Entre 2019 y 2025, mientras el sueldo medio del trabajador en estas empresas creció un modesto 20%, devorado casi de inmediato por la inflación provocada por las guerras de Trump, la paga de sus consejeros delegados se disparó un 41,4%. La brecha se duplica, la riqueza se concentra en menos manos y el famoso sueño americano de la movilidad social termina evaporándose en el pasillo de un supermercado o en un local del Ejército de Salvación.
El experimento del populismo corporativo deja una lección amarga en Estados Unidos. El America First no era un escudo para proteger al humilde; terminó siendo la excusa perfecta para blindar al poderoso. La clase trabajadora no necesita más discursos de trinchera ni promesas vacías de grandeza mientras el sueldo no le llega para pagar el alquiler. Necesita salarios justos, cuentas claras y el fin de un modelo que convierte el sudor de la mayoría en el botín de unos pocos. Además, el problema es global porque, a miles de kilómetros de Nueva York, en España, está sucediendo exactamente lo mismo, por lo que, en este aspecto el trumpismo y el sanchismo son la misma estafa pero con diferentes collares.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.