El Sáhara Occidental vuelve al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con una cuestión que permanece sin resolver después de medio siglo, el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. La ONU tiene previsto votar este viernes la renovación de su misión en el territorio, pero la negociación va mucho más allá de prolongar una operación internacional. Lo que está en discusión es el rumbo de un proceso de descolonización que continúa pendiente desde la retirada española.
Estados Unidos ha presentado una propuesta de resolución que sitúa el plan de autonomía de Marruecos como eje de las futuras negociaciones. El documento, modificado durante los últimos días para facilitar un acuerdo entre los miembros del Consejo, mantiene la referencia a la autodeterminación, aunque concede un protagonismo determinante a la solución defendida por Rabat.
La iniciativa estadounidense también contempla cambiar el nombre de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), desplegada en 1991 para supervisar el alto el fuego y preparar una consulta popular que nunca llegó a celebrarse. La desaparición de la palabra referéndum del nombre de la misión tendría un importante significado político, aunque por sí sola no eliminaría el derecho de autodeterminación reconocido al pueblo saharaui por Naciones Unidas.
Una descolonización que España dejó sin resolver
El Sáhara Occidental figura desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Su condición jurídica constituye una de las claves del conflicto, porque la ONU no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio, pese al control que Rabat ejerce sobre la mayor parte de su superficie.
La retirada de España, formalizada en 1976 después de los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975, no resolvió el proceso de descolonización. El territorio quedó inmerso en un conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario que desembocó en una guerra prolongada hasta el alto el fuego de 1991. Aquel acuerdo abrió la puerta a un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, las discrepancias sobre el censo electoral y las condiciones de la consulta impidieron su celebración. Desde entonces, las sucesivas iniciativas diplomáticas no han logrado una solución aceptada por las partes.
El escenario cambió nuevamente en 2020, cuando se reanudaron las hostilidades después de la ruptura del alto el fuego. Ese mismo año, Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, una decisión que modificó la posición estadounidense y reforzó diplomáticamente las aspiraciones de Rabat.
La propuesta que llega al Consejo de Seguridad consolida esa orientación. Washington considera que una autonomía bajo soberanía marroquí ofrece una vía para resolver el conflicto, mientras el Frente Polisario sostiene que ninguna negociación puede excluir la posibilidad de independencia. Su representante ante Naciones Unidas, Sidi Mohamed Omar, ha advertido de que imponer el plan marroquí como única alternativa podría llevar al movimiento saharaui a desvincularse del proceso de paz.
España y el cambio de posición sobre el Sáhara
La votación también devuelve la atención a la política exterior española. En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó su posición tradicional al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. El giro diplomático permitió recomponer las relaciones con Marruecos, deterioradas durante la crisis bilateral de 2021, pero provocó tensiones con Argelia y recibió críticas de organizaciones saharauis y de distintas fuerzas políticas españolas. España mantiene así una posición favorable al plan de autonomía marroquí, aunque oficialmente continúa defendiendo una solución política en el marco de Naciones Unidas.
La cuestión presenta una dimensión histórica particular. España fue la potencia administradora del Sáhara Occidental y su salida no estuvo acompañada de un proceso de autodeterminación. Medio siglo después, el vínculo con la antigua colonia sigue presente en el debate político y en la sociedad española, donde numerosas organizaciones mantienen programas de cooperación y apoyo a la población refugiada.
La situación humanitaria constituye otra de las realidades del conflicto. Decenas de miles de saharauis permanecen en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, dependiendo en buena medida de la asistencia internacional y sin una perspectiva definida de retorno.
Una misión cuyo futuro sigue abierto
El proyecto estadounidense ha experimentado modificaciones durante las negociaciones diplomáticas. La primera versión planteaba reducir considerablemente los efectivos de Naciones Unidas y transformar la operación en una misión política especial durante 2027. Los borradores posteriores han suavizado esos plazos y contemplan que la Secretaría General presente nuevas propuestas sobre la estructura y el funcionamiento de la misión antes de adoptar decisiones definitivas.
El cambio responde a las diferencias existentes entre los miembros del Consejo de Seguridad. Rusia y China no han respaldado expresamente la iniciativa marroquí y sus posiciones resultan determinantes para alcanzar un acuerdo, dado que ambos países disponen de derecho de veto.
La resolución necesita al menos nueve votos favorables y ninguno en contra de los cinco miembros permanentes. También está pendiente una cuestión que las organizaciones saharauis consideran esencial: la vigilancia internacional de los derechos humanos en el territorio. La MINURSO no dispone de un mandato específico para supervisar estas vulneraciones, una limitación denunciada reiteradamente por colectivos de defensa de los derechos humanos.
La votación puede modificar el funcionamiento de la misión y reforzar determinadas fórmulas de negociación, pero no resolverá por sí sola las diferencias que mantienen enfrentados a Marruecos y al Frente Polisario.
Después de décadas de resoluciones, conversaciones diplomáticas y compromisos incumplidos, el Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización. La comunidad internacional debate las condiciones de una salida política mientras el pueblo saharaui sigue sin haber podido ejercer mediante el referéndum previsto en 1991 el derecho a decidir su futuro.
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