Agentes que actuaban bajo la autoridad de la Fiscalía Europea desplegaron registros simultáneos en los despachos del grupo político de extrema derecha Patriotas por Europa tanto en Estrasburgo como en Bruselas. Lo que en apariencia parecía una inspección rutinaria constituye, en realidad, un golpe de mano judicial que sitúa a las fuerzas de la ultraderecha europea en el centro de un escándalo financiero de escala continental.
El detonante de esta ofensiva judicial hunde sus raíces en la contabilidad opaca del extinto grupo Identidad y Democracia, la marca política que agrupó durante la anterior legislatura a las formaciones soberanistas y euroescépticas del Viejo Continente. Según las pesquisas abiertas por el departamento de finanzas de la propia Eurocámara, la antigua estructura política habría malversado presuntamente hasta 4,3 millones de euros entre 2019 y 2024.
Los informes técnicos apuntan a un entramado de donaciones irregulares a organizaciones regionales satélite en diversos Estados miembros y al amaño sistemático de licitaciones públicas para adjudicar contratos administrativos a empresas afines, vulnerando de forma abierta las normas internas de fiscalización del presupuesto europeo.
La herencia incómoda
El nudo gordiano que intenta desatarse en los tribunales no es únicamente financiero, sino profundamente político. Cuando Identidad y Democracia se disolvió en 2024 para dar paso a la creación del grupo Patriotas por Europa, la maniobra buscó no solo reconfigurar el espacio de la extrema derecha tras el auge electoral de formaciones como la Agrupación Nacional de Francia, el Partido de la Libertad de Austria o el Interés Flamenco de Bélgica, sino también marcar una distancia formal con los pufos contables del pasado.
En un intento apresurado por colocar un cortafuegos ante el avance de las pesquisas, la dirección de los Patriotas insiste en que no existe "ninguna continuidad jurídica" con la marca extinguida y que la nueva plataforma no se encuentra bajo investigación.
Sin embargo, en el terreno práctico, las fronteras entre ambas estructuras resultan sumamente porosas. Una parte sustancial del personal de secretaría, asesores técnicos y eurodiputados que hoy integran la bancada de los Patriotas desempeñaban exactamente las mismas funciones bajo las siglas de Identidad y Democracia cuando se produjeron las irregularidades. Las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Europea demuestran que los investigadores no persiguen siglas de papel, sino el rastro de los documentos y a los custodios de la memoria contable del grupo.
Cerco judicial
Para el bloque de la derecha radical, que ha cimentado su crecimiento electoral sobre un discurso furibundo contra la supuesta corrupción de las élites globalistas de Bruselas y el despilfarro de las instituciones comunitarias, este registro supone un golpe demoledor a su credibilidad. El hecho de que la investigación gire en torno a la asignación presupuestaria que la Eurocámara otorga anualmente a los grupos políticos para cubrir sus gastos operativos sitúa la sospecha de la malversación sobre el corazón mismo del dinero del contribuyente europeo.
A este frente penal se suma el acoso de los propios servicios contables del Parlamento, que ya exigieron la devolución de 276.967 euros por irregularidades en la adjudicación de contratos durante la segunda mitad de 2024, confirmando que las prácticas bajo sospecha continuaron bajo el nuevo mandato. Mientras la portavocía oficial de la Eurocámara mantiene la cautela habitual limitándose a certificar la máxima cooperación con las autoridades judiciales, en los escaños de la mayoría comunitaria se percibe que este proceso judicial apenas acaba de comenzar.
El cerco judicial abierto sobre la secretaría de los Patriotas deja al descubierto las costuras de un modelo que, bajo la bandera del soberanismo y el rechazo a la integración europea, no dudó en exprimir los resquicios del presupuesto parlamentario. Con la Fiscalía Europea examinando minuciosamente cada contrato, factura y donación, el intento de la extrema derecha por desvincular su presente político de los excesos de su pasado reciente amenaza con naufragar en los tribunales.
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