Estados Unidos necesita más Mamdani y menos Trump

La escena podría haber sido impensable hace apenas unos años: el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunciando públicamente que promoverá que el Gobierno federal ejecute una orden de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien califica abiertamente de “criminal de guerra”. En el corazón del poder financiero del planeta, un dirigente local se coloca frontalmente del lado del derecho internacional y reclama que Estados Unidos deje de ser refugio político para quienes están bajo investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

La iniciativa de Mamdani no nace de la nada, ni es un gesto retórico vacío. Está directamente vinculada a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en 2024 contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, a quienes se responsabiliza de utilizar el hambre como arma de guerra, privar deliberadamente a la población civil de Gaza de alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, y ordenar ataques directos contra civiles, incluidos niños. De acuerdo con la CPI, esos actos podrían constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cometidos al menos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

En ese contexto, la afirmación del alcalde resulta tanto política como jurídicamente explosiva: si Netanyahu entra en Estados Unidos, dice Mamdani, debe ser detenido. No se trata solo de una postura simbólica sobre Palestina. Es una interpelación directa al papel de Washington en el sistema internacional y a su relación ambivalente con la justicia penal global. Es, también, una enmienda a la totalidad al estilo de liderazgo que encarnó Donald Trump, que hizo del desprecio a los organismos multilaterales, el alineamiento incondicional con el Gobierno israelí y el desdén hacia los derechos humanos un eje de su política exterior.

Mamdani responsabiliza a Netanyahu de la muerte de más de 73.000 personas en Gaza, de los ataques a hospitales y del bloqueo de la ayuda humanitaria, en línea con las acusaciones formuladas por el fiscal de la CPI y documentadas por organizaciones internacionales. Pero va más allá: señala a Estados Unidos como corresponsable, al financiar las bombas utilizadas en los ataques y sostener diplomáticamente la estrategia militar israelí. Es un discurso que rompe con décadas de ambigüedad calculada y que plantea, de forma frontal, la pregunta que recorre silenciosamente la política estadounidense: ¿puede Estados Unidos seguir presentándose como garante del orden internacional mientras ignora, sabotea o desacredita las instituciones encargadas de juzgar los crímenes más graves?

La comparación entre el enfoque de Mamdani y el legado de Trump es inevitable. El expresidente republicano no solo retiró a Estados Unidos de múltiples acuerdos y organismos internacionales, sino que llegó a sancionar a funcionarios de la CPI cuando investigaban posibles crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses y sus aliados. Bajo su mandato, la Casa Blanca rompió incluso con la retórica tradicional de “resolver el conflicto israelo-palestino” y se alineó sin matices con las posiciones más duras del Gobierno israelí, avalando la anexión de facto de territorios ocupados y trasladando la embajada a Jerusalén, contra el consenso de la comunidad internacional.

En esa lógica, la CPI fue presentada por Trump y sus aliados como un órgano ilegítimo, sesgado y antinorteamericano. La idea de ejecutar una orden de arresto contra un dirigente aliado, como Netanyahu, habría sido considerada casi una traición. El resultado fue un modelo de política exterior donde el derecho internacional se convertía en un instrumento a la carta: útil cuando podía emplearse contra los adversarios, prescindible cuando tocaba los intereses o aliados de Washington.

Frente a esa tradición, el alcalde de Nueva York propone otra cosa: alinear la conducta del poder estadounidense con las obligaciones internacionales suscritas por buena parte del planeta, aunque ello suponga entrar en colisión con aliados estratégicos. Cuando Mamdani afirma que Netanyahu debería ser detenido si pisa suelo estadounidense, está devolviendo a Estados Unidos al espejo de los juicios de Núremberg y del discurso fundacional de la ONU, donde se proclamó que los crímenes más graves, como el genocidio, no podían quedar impunes sin poner en riesgo la propia arquitectura del orden internacional.

La reacción de Mamdani no se limita al caso Netanyahu. Forma parte de una agenda más amplia que lo ha colocado como uno de los alcaldes más claramente comprometidos con la defensa de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de su ciudad. Desde que asumió la alcaldía, ha adoptado medidas para proteger a los inmigrantes frente a las redadas del servicio de inmigración (ICE), limitando la cooperación de la ciudad con estas agencias y lanzando campañas masivas de información sobre derechos para residentes sin importar su estatus migratorio. Ha convertido a Nueva York en un escudo jurídico frente a los abusos federales, y ha priorizado políticas de vivienda, servicios públicos y protección social dirigidas a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, su postura sobre Gaza y Netanyahu no es una anomalía, sino una extensión lógica de una visión que sitúa los derechos humanos en el centro de la acción política. La figura del alcalde se convierte así en una referencia para quienes creen que la fuerza de Estados Unidos no debería medirse solo en términos militares o económicos, sino también en su capacidad para liderar por ejemplo en la defensa de la dignidad humana. Es el reverso exacto de la figura de Trump, que hizo del desprecio a los migrantes, la criminalización de minorías y el elogio de líderes autoritarios un signo distintivo de su presidencia.

La tensión entre estos dos modelos de liderazgo tiene implicaciones profundas para la política estadounidense. Por un lado, se encuentra la línea que apuesta por un nacionalismo agresivo, desconfiado del multilateralismo, crítico de los tribunales internacionales y reacio a cualquier limitación externa a su uso de la fuerza. Es la línea que encarna Trump, pero que encuentra eco en sectores más amplios del establishment, tanto republicano como demócrata, que ven en la CPI una amenaza a la hegemonía estadounidense. Por otro lado, se sitúan quienes reivindican un Estados Unidos más coherente, capaz de someterse a las mismas reglas que exige a otros y dispuesto a reconocer su responsabilidad en conflictos como el de Gaza.

El caso de las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant es especialmente revelador. Al emitirse, los 124 Estados parte del Estatuto de Roma quedaron obligados a arrestar a los acusados si estos pisan su territorio y entregarlos a La Haya para ser juzgados. Estados Unidos, que no forma parte de la CPI, no tiene esa obligación formal, pero su reacción política tiene un enorme impacto simbólico. Cuando la portavoz del Gobierno federal anuncia que el país no ejecutará las órdenes de arresto, el mensaje que se envía al mundo es claro: hay crímenes que solo se perseguirán mientras no impliquen a aliados clave.

Mamdani se sitúa precisamente contra esa lógica de doble rasero. Su propuesta de que Estados Unidos actúe en coherencia con las órdenes de la CPI, aunque no sea Estado parte, supone una ruptura con décadas de excepcionalismo. Es, en términos políticos, un acto de insumisión frente al guion que plantea que los “nuestros” nunca serán juzgados. La pregunta, entonces, es qué tipo de liderazgo necesita Estados Unidos en un mundo donde las imágenes de destrucción en Gaza, las cifras de muertos y los testimonios de víctimas circulan a velocidades que ninguna narrativa oficial puede controlar.

El ejemplo de Nueva York bajo Mamdani sugiere que es posible otra forma de relacionarse con el poder federal y con el sistema internacional: una basada en la coherencia entre discurso y práctica, en la defensa de los derechos humanos sin excepciones geopolíticas y en la asunción de que la seguridad no puede construirse sobre la impunidad. Esa visión se refleja no solo en su postura sobre Netanyahu, sino también en la forma en que ha abordado problemas domésticos como la vivienda, el transporte o la protección de los inmigrantes. Se trata de una política que entiende la ciudad como un laboratorio democrático donde se ensayan respuestas a crisis globales desde lo local.

En contraste, la nostalgia trumpista por un Estados Unidos “fuerte” tiene como contrapartida un debilitamiento sistemático del Estado de derecho internacional. Cada vez que Washington ignora o socava decisiones como las de la CPI, alimenta el argumento de que el derecho internacional no es otra cosa que un instrumento de conveniencia. Y, paradójicamente, debilita su propia capacidad para reclamar responsabilidades cuando los crímenes son cometidos por enemigos declarados. Si Estados Unidos no está dispuesto a aceptar que un aliado como Israel pueda responder ante tribunales internacionales por posibles crímenes de guerra, ¿con qué legitimidad puede exigir que otros lo hagan?

El liderazgo que encarna Mamdani no está exento de riesgos políticos. Sus posiciones sobre Palestina, el uso del término “genocidio” y su defensa explícita de la CPI lo convierten en blanco de críticas tanto en el interior de Estados Unidos como desde aliados internacionales. Pero es precisamente esa incomodidad la que señala el punto neurálgico del debate: no se trata solo de Gaza, ni de un primer ministro concreto, sino de qué papel quiere jugar Estados Unidos en el siglo XXI. Un papel de potencia que impone reglas para otros mientras se reserva el derecho a incumplirlas, o un papel de actor que se obliga a sí mismo a respetar las normas que proclama.

La respuesta no está escrita. Pero los movimientos de figuras como Mamdani indican que en el interior del propio Estados Unidos existe una pugna generacional y política por redefinir el proyecto nacional. Una pugna donde la referencia no es ya la Guerra Fría ni la “guerra contra el terror”, sino la necesidad de evitar que el país quede aislado de un consenso global emergente que exige rendición de cuentas por los crímenes más graves, independientemente de quién los cometa.

En ese sentido, el contraste entre un alcalde que reclama la detención de un aliado poderoso por crímenes de guerra y un expresidente que sancionó a jueces internacionales para proteger a sus propios militares no es solo anecdótico. Es un espejo en el que se reflejan dos ideas opuestas de lo que significa ser líder en el mundo contemporáneo. Una, la de Trump, basada en la fuerza bruta, el desprecio a las instituciones y la protección de los propios a cualquier precio. Otra, la de Mamdani, basada en la convicción de que la verdadera fuerza de un país se mide también en su disposición a someterse al imperio de la ley, incluso cuando le resulta incómodo.

Si Estados Unidos quiere recuperar credibilidad como actor comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional, tendrá que elegir cuál de estos caminos seguir. La historia demuestra que los momentos en que las grandes potencias se negaron a juzgar a los suyos acabaron erosionando no solo su prestigio exterior, sino también la confianza de sus ciudadanos. Frente a esa deriva, el ejemplo del alcalde de Nueva York apunta a una salida posible: un país que, en lugar de refugiarse en el excepcionalismo, se reconcilia con la idea de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los aliados más cercanos.