La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han reabierto un debate que nunca terminó de cerrarse tras el 11-S: hasta qué punto el orden internacional sigue siendo operativo cuando la principal potencia militar actúa al margen de sus propias reglas. La reacción tibia de buena parte de la comunidad internacional no es solo fatiga diplomática; es también la constatación de que el derecho internacional se aplica de forma selectiva, con consecuencias cada vez más visibles.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue explícito al advertir del riesgo de construir un relato que legitime una intervención armada por los antecedentes autoritarios del régimen venezolano. La preocupación no es retórica. Justificar el uso de la fuerza en nombre de un bien mayor ha sido, históricamente, la forma más eficaz de vaciar de contenido la legalidad internacional.
La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945, no deja margen a la interpretación en este punto: la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado está prohibida, salvo en supuestos muy concretos. Ninguno concurre en la operación sobre Venezuela. No hubo autorización del Consejo de Seguridad ni una situación de legítima defensa inmediata. Hubo, en cambio, una decisión unilateral respaldada por la superioridad militar.
De la excepción al método
El episodio venezolano no inaugura una etapa nueva; consolida una tendencia. Desde hace al menos veinte años, Estados Unidos ha ido desplazando el derecho internacional del centro de la gobernanza global hacia una posición secundaria. Afganistán e Iraq fueron los hitos más visibles, pero no los únicos. En ambos casos, la intervención se produjo sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad que autorizara el uso de la fuerza, pese a la existencia de mecanismos alternativos de presión diplomática y sancionadora.
En Afganistán, la operación iniciada en 2001 se presentó como respuesta directa al 11-S. Sin embargo, cuando comenzaron los bombardeos, el Consejo de Seguridad no había aprobado ninguna intervención militar. Dos décadas después, el balance es conocido: decenas de miles de civiles muertos, millones de desplazados y un país que regresó al punto de partida político, pero con una estructura social devastada. El propio sistema internacional asumió después misiones de estabilización sin revisar el origen ilegal de la guerra.
Iraq profundizó esa deriva. La invasión de 2003, basada en informes falsos sobre armas de destrucción masiva, quebró de forma explícita el principio de legalidad. El resultado fue un Estado desarticulado, cientos de miles de muertos y un conflicto regional cuyos efectos siguen activos. La responsabilidad política quedó diluida; la jurídica, directamente inexistente.
Guantánamo: la excepción permanente
Si hay un símbolo de esa impunidad es Guantánamo. Desde 2002, la base estadounidense en Cuba ha funcionado como un espacio deliberadamente fuera del derecho, donde la detención indefinida, la tortura y la ausencia de garantías procesales se normalizaron durante años. Las denuncias de organismos internacionales fueron constantes, pero el cierre nunca llegó. La excepcionalidad se convirtió en norma y el mensaje fue inequívoco: cuando el interés estratégico lo exige, el Estado de derecho es negociable.
En 2022, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificaron Guantánamo como una “mancha” en el compromiso estadounidense con la legalidad internacional. No hubo consecuencias prácticas. La falta de rendición de cuentas reforzó una idea peligrosa: la violación sistemática no tiene coste cuando quien la comete es un actor central del sistema.
Sanciones y castigo colectivo
La erosión del derecho internacional no se limita al uso de la fuerza. Las sanciones económicas unilaterales se han consolidado como otro instrumento de presión con efectos profundamente regresivos. En Cuba, Siria o Irán, el impacto ha recaído de forma abrumadora sobre la población civil, agravando la pobreza y deteriorando servicios básicos, mientras los objetivos políticos declarados permanecían intactos.
Aunque la Carta de la ONU contempla las sanciones como mecanismo de presión, su aplicación exige un marco multilateral y criterios de proporcionalidad. Estados Unidos ha optado con frecuencia por sistemas paralelos, diseñados para forzar cambios de gobierno más que para proteger derechos. El resultado es una forma de castigo colectivo difícilmente compatible con los principios humanitarios que Washington invoca en otros escenarios.
Socavar al árbitro
La ofensiva no termina ahí. En los últimos años, Estados Unidos ha pasado de incumplir normas a debilitar activamente las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. Las sanciones impuestas a jueces del Tribunal Penal Internacional por investigar presuntos crímenes de guerra de aliados estratégicos marcan un punto de inflexión. No se trata solo de desobedecer al árbitro, sino de intimidarlo.
Cuando una potencia que no reconoce la jurisdicción del TPI castiga a quienes intentan ejercerla, el mensaje al resto del mundo es inequívoco: la justicia internacional es aceptable solo mientras no interfiera con intereses geopolíticos mayores. El precedente es grave y contribuye a un clima de deslegitimación general del sistema.
La captura de Maduro encaja en ese patrón. No como anomalía, sino como continuidad. El derecho internacional no ha colapsado de golpe; ha sido erosionado intervención a intervención, sanción a sanción, hasta quedar reducido a un marco retórico que se invoca contra los adversarios y se ignora en la práctica propia. La pasividad internacional ante Venezuela no es neutralidad: es adaptación a una jerarquía en la que la ley ya no actúa como límite, sino como decorado.