Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en reconocer legalmente empresas administradas por inteligencia artificial. El Gobierno de Javier Milei ha enviado al Senado un ambicioso proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que, entre otras novedades, crea nuevas figuras jurídicas pensadas para que algoritmos y sistemas automatizados puedan asumir tareas tradicionalmente reservadas a personas físicas.
El pasado 29 de mayo el jefe de Gabinete y portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, anunció públicamente en la red social X que el Ejecutivo enviaría al Congreso el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades ese mismo día. Una hora más tarde, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y uno de los principales impulsores de la reforma comentaba la publicación de su compañero desarrollando los argumentos claves de la iniciativa entre los que destacan “El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”.
LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 29, 2026
Como parte central de la motivación del gobierno argentino para acometer esta reforma en el ámbito empresarial subraya que “En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada”.
Así, ante la delicada situación económica de los argentinos y las complicaciones políticas que dificultan su relección en las elecciones presidenciales de octubre del próximo año, Milei pretende convertir al país en un polo de innovación tecnológica y atraer inversiones en sectores como la inteligencia artificial, el blockchain y la economía digital. Y quizás así, tener más opciones de cara a la opinión pública muy decepcionada, en términos generales, con la gestión económica durante casi dos tercios de su mandato.
De aprobarse en los términos actuales, Argentina abriría un debate inédito sobre el futuro de las empresas y el papel que pueden desempeñar las máquinas en la toma de decisiones corporativas.
Una reforma que rompe con los modelos tradicionales
La propuesta contempla la creación de las llamadas Sociedades Automatizadas y de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), figuras que permitirían un elevado grado de automatización en la gestión empresarial mediante inteligencia artificial y tecnologías blockchain, más conocidas por su estrecha relación con el mundo de las criptomonedas.
La iniciativa no implica necesariamente que desaparezca toda intervención humana en las empresas. Lo que plantea el proyecto es la creación de nuevas figuras jurídicas que permitirían delegar buena parte de la gestión y de la toma de decisiones en sistemas de inteligencia artificial y tecnologías automatizadas. El alcance definitivo de esa autonomía dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso argentino y de su posterior desarrollo reglamentario.
Los defensores de la reforma sostienen que este modelo reduciría costes, aumentaría la eficiencia y facilitaría la creación de empresas tecnológicas capaces de operar de forma prácticamente continua, con una menor dependencia de estructuras directivas tradicionales.
El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la iniciativa asegurando que la reforma "permitirá la incorporación de sociedades de inteligencia artificial; empresas que no tienen humanos, sino que son programas". En la misma intervención sostuvo que, "si en diez años el 90% del PBI mundial lo producen agentes de IA, queremos que ese régimen jurídico esté en Argentina", afirmó el ministro, quien incluso llegó a plantear que el país podría tener "50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de inteligencia artificial" registrados y tributando localmente.
En pocas palabras, en los casi 30 minutos de comparecencia desgranó que “el objetivo del Gobierno es facilitar la creación de nuevos modelos de negocio digitales, eliminar trabas regulatorias y posicionar a Argentina como uno de los países más atractivos para la inversión tecnológica”. La propuesta encaja plenamente con la política de desregulación económica impulsada por Javier Milei desde su llegada a la Presidencia, basada en una menor intervención estatal y una mayor libertad para la iniciativa privada.
¿En qué fase se encuentra el proyecto?
La reforma ya ha iniciado formalmente su recorrido legislativo. El Gobierno argentino remitió el proyecto de nueva Ley General de Sociedades al Senado el pasado 1 de junio de 2026, dentro de un paquete de iniciativas orientadas a modernizar el marco jurídico empresarial y atraer inversiones tecnológicas.
Casi tres semanas más tarde, el proyecto continúa en el Senado y todavía no ha sido debatido ni votado en comisión, por lo que permanece en una fase inicial de su tramitación parlamentaria. Tras ese primer paso deberá superar la votación en la Cámara Alta y, posteriormente, iniciar un nuevo recorrido en la Cámara de Diputados antes de poder convertirse en ley.
No existe un calendario oficial para su aprobación. Su futuro dependerá de la evolución del debate parlamentario y de los acuerdos políticos que consiga el oficialismo, por lo que el texto podría sufrir modificaciones importantes durante su tramitación o incluso quedar bloqueado antes de su aprobación definitiva.
Un debate que trasciende lo económico
Más allá del impacto tecnológico, el principal interrogante que plantea la reforma es jurídico y atañe a las responsabilidades: si una inteligencia artificial toma una decisión errónea, incumple un contrato, provoca un perjuicio económico o vulnera la legislación laboral o fiscal, surge una pregunta inevitable: ¿Quién se hace cargo?
A diferencia de las personas físicas (directivos, presidentes, propietarios etc.) o las sociedades tradicionales que deben responder civilmente (con su patrimonio) o penalmente (hasta con prisión) por sus actos, en la actualidad, las inteligencias artificiales carecen de personalidad jurídica propia tanto en Argentina como en la mayoría de los ordenamientos del mundo.
Conclusión, la implantación de las nuevas tecnologías por parte de las empresas no exime que tengan que cumplir con sus responsabilidades jurídicas en caso de error, decisión inadecuada o quebranto económico por lo que algún responsable humano o una entidad jurídica deberá asumir las consecuencias legales derivadas del funcionamiento del sistema automatizado. Y este matiz no deja de ser “una patata caliente” tanto para las empresas a la hora de decidir quién pone cara a las deficiencias de funcionamiento de la IA, como del gobierno argentino puesto que no la resuelve en su proyecto de ley.
Frente a este vacío legal sin aportar ninguna alternativa al respecto, Milei verá cuestionada previsiblemente su iniciativa durante la tramitación parlamentaria.
Argentina, ¿laboratorio de la IA?
Más allá de que la reforma llegue finalmente a aprobarse o sufra cambios durante el trámite parlamentario, el simple hecho de haber sido presentada ya sitúa a Argentina en el centro del debate internacional sobre el papel de la inteligencia artificial en el mundo empresarial.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Javier Milei busca diferenciarse mediante una regulación especialmente abierta a la innovación tecnológica y convertir al país en un destino atractivo para startups, compañías digitales e inversores internacionales.
Si el proyecto saliera adelante, Argentina podría marcar un precedente mundial y convertirse en el primer gran laboratorio para una pregunta que hasta hace pocos años pertenecía exclusivamente a la ciencia ficción: si una empresa puede funcionar con una inteligencia artificial tomando las decisiones que tradicionalmente correspondían a sus directivos. La respuesta, por ahora, sigue abierta pero el debate ya ha comenzado.