Cuando se cruzan los negocios y la política no se suelen dejar huellas demasiado evidentes. Pero lo que está pasando en la Casa Blanca clama al cielo. La línea que separa los intereses de Estados Unidos de las cuentas corrientes de Donald Trump se ha vuelto tan fina que cuesta trabajo encontrarla. El actual presidente ha vuelto al poder y, con él, el motor de su imperio empresarial. A toda máquina. No estamos hablando de cuatro reformas menores. La Organización Trump ha pisado el acelerador a fondo y ha duplicado de golpe su presencia en el extranjero. Un despliegue salvaje. Licencias en Arabia Saudita, hoteles en Qatar, torres en la India, complejos en Vietnam, las Maldivas, Georgia... Da igual dónde mires. En cada rincón del mapa hay una obra en marcha o un contrato firmado.
En su primer mandato, para guardar las formas, la empresa prometió no cerrar un solo negocio en el extranjero mientras él mandara en el país. Cosas de la ética, ya saben. Esta vez, sin embargo, se han quitado la careta. El nuevo código ético que presentaron días antes de la toma de posesión borró esa restricción de un plumazo. Ahora la consigna es clara: barra libre para seguir haciendo caja por todo el planeta mientras el jefe dirige la mayor potencia del mundo y los números cantan. Más de cien millones de dólares de ingresos del extranjero solo en su primer año de regreso. Casi nada. ¿La fórmula? Sencilla y redonda. Promotores locales que pagan millonadas por el simple capricho de estampar las famosas letras doradas en sus rascacielos y campos de golf.
El problema, el verdadero lío institucional, no es solo el dinero. Es quién está al otro lado de la mesa. En países donde el Estado y los negocios son exactamente la misma cosa, que te aprueben una licencia de obras o te recalifiquen un terreno no es un trámite burocrático cualquiera. Es un favor directo al presidente de Estados Unidos. Un regalo.
En Omán, el hotel y el campo de golf de Trump se construyen sobre suelo público y de la mano del propio ministerio de turismo. O el caso de Vietnam, donde el mismísimo primer ministro se ha comprometido a acelerar los trámites mientras las autoridades locales echan a vecinos para hacer sitio al complejo. Ahí deja de haber teoría. El conflicto de intereses se toca con las manos.
Imaginense la papeleta para los diplomáticos en el Departamento de Estado. Cuando Washington negocia un tratado comercial, impone sanciones o envía tropas, ¿lo hace pensando en la seguridad nacional o en que no le paren las obras a las empresas de Trump en ese país? Cuando un gobierno extranjero tiene la llave para bloquearle millones de dólares al presidente, la neutralidad salta por los aires.
Dicen desde la empresa que no hacen pactos directos con gobiernos extranjeros. Pero eso es querer tapar el sol con un dedo. Al final, lo que está en juego no es solo un debate para abogados constitucionalistas sobre cláusulas y emolumentos. Es algo mucho más terrenal: la credibilidad del país. Mientras las torres doradas siguen brotando en horizontes lejanos, la diplomacia estadounidense camina por una cuerda floja.
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