El centro de gravedad del inicio del curso político en Bruselas se ha desplazado, sin apenas aviso, hacia las playas del norte de África. Lo que empezó como un ataque híbrido en Ceuta ha terminado convirtiéndose en un terremoto de política europea. Y no es para menos.
Con un pleno extraordinario convocado para abordar lo que la diplomacia comunitaria ya define sin tapujos como un ataque híbrido y una instrumentalización deliberada de seres humanos, las potencias del Viejo Continente se ven obligadas a recalibrar su compleja y contradictoria alianza con el régimen autoritario de Mohamed VI.
El texto de la propuesta presentada por el Partido Popular Europeo coloca a Rabat contra las cuerdas. Exige que cumpla de forma estricta sus compromisos de control fronterizo y cooperación en materia de retornos. Pero la iniciativa parlamentaria va un paso más allá: califica de inaceptable cualquier provocación que ponga en duda la soberanía española sobre la ciudad autónoma.
Detrás de las palabras formales del borrador late una tensión profunda. Dirigentes del bloque conservador sugieren, en voz baja pero firme, que la viabilidad del acuerdo de asociación con el país alauí pende de un hilo. Recuerdan, además, la falta de colaboración humanitaria tras la tragedia que se cobró la vida de más de ciento cincuenta personas ahogadas en aguas del Estrecho. Una sombra larga. Muy larga.
El debate sobre la respuesta que debe dar la Unión Europea ha puesto al descubierto la profunda brecha doctrinal que separa a los grupos de la Eurocámara. Y aquí, como en tantas otras ocasiones, las posiciones no admiten matices.
La vertiente más dura, abanderada por las fuerzas de la extrema derecha y sintonizada con los sectores más contundentes del conservadurismo, reclama devoluciones inmediatas y masivas. Para estos sectores, la situación en Ceuta es un escenario bélico que justifica la suspensión de las garantías procedimentales ordinarias. El volumen de entradas masivas constituye, en su lectura, un desafío abierto a la integridad territorial que exige una respuesta de contención militarizada.
En el extremo opuesto, las filas socialdemócratas apelan a la vigencia del derecho internacional y comunitario para frenar las propuestas de expulsión en caliente. Desde esta perspectiva, la aplicación de medidas excepcionales choca frontalmente con la legislación europea e internacional cuando se trata de la protección de menores no acompañados y de personas con derecho a tramitar solicitudes de asilo político.
A pesar de estas discrepancias de fondo, el bloque conservador busca edificar un consenso pragmático con los grupos proeuropeos, lo que presagia una intensa negociación para suavizar el tono del documento final y permitir una postura unificada del Parlamento frente a las presiones exteriores. Pues bien. Ahí está la clave.
Para el Partido Popular español, la crisis de la frontera sur ha dejado de ser únicamente un problema de Estado. Se ha convertido, más bien, en el arma preferida de desgaste contra la gestión de la Moncloa. La prioridad estratégica de Génova pasa por trasladar de forma permanente el foco de la discusión al escenario internacional. Proyectar la imagen de un Ejecutivo desbordado e incapaz de garantizar la custodia de los límites territoriales de la Unión.
La constante presencia de líderes europeos en la ciudad autónoma, junto con reuniones de alto nivel con los máximos responsables de las carteras comunitarias de inmigración, busca escenificar un amparo de las instituciones de Bruselas que contraste con la política del Gobierno central.
En este juego de espejos donde se cruzan la diplomacia de alto nivel y el cálculo electoral interno, la frontera ceutí se consolida como el epicentro de un combate político cuyo desenlace marcará el rumbo de la política migratoria y las alianzas estratégicas de la Unión Europea para los próximos años. No es solo una crisis migratoria es algo más grave desde un punto de vista de soberanía y, al mismo tiempo, también es una crisis de liderazgo. Y de narrativa.
Lo que está en juego no es solo la gestión de un flujo migratorio puntual. Es la credibilidad de la Unión Europea como actor geopolítico. Si Bruselas no es capaz de responder con firmeza ante lo que sus propios diplomáticos definen como una instrumentalización de personas, ¿qué mensaje envía a otros socios? ¿Qué límite marca para futuros episodios?
Marruecos lo sabe. Y por eso juega al borde del precipicio. Por eso permite, cuando le interesa, que las fronteras se conviertan en un colador. Por eso utiliza la migración como arma para apuntar a la cabeza de líderes débiles en negociaciones que van mucho más allá de Ceuta o Melilla.
Al final, la crisis de Ceuta ha dejado al descubierto una verdad que muchos preferían no reconocer: la política fronteriza y migratoria europea es, en buena medida, una ficción. Se habla de solidaridad, de reparto de responsabilidades, de valores comunes. Pero cuando llega la hora de la verdad, cada Estado miembro mira por su propio interés. Y Marruecos, mientras tanto, sigue al otro lado del Estrecho. Observando. Calculando. Esperando el momento justo para lanzar un nuevo ataque porque sabe que no hay el valor suficiente para responder con la misma contundencia.
El problema está en que Bruselas y Madrid lo saben pero nadie parece dispuesto a sacar la pistola, del mismo modo en que la saca Marruecos, para iniciar un enfrentamiento abierto. Por eso se negocia en voz baja. Por eso se suavizan los comunicados. Por eso se busca un equilibrio que solo beneficia al agresor, a Marruecos.
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