Mientras la diplomacia internacional intenta redibujar el futuro de Gaza y reabrir la vía hacia un Estado palestino, Israel se adentra en una peligrosa escalada verbal que erosiona aún más la legitimidad de sus instituciones democráticas y alimenta el aislamiento exterior del país. Esta vez, el detonante no proviene de la oposición ni de actores externos, sino del corazón mismo del Gobierno de Benjamín Netanyahu: su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un político ultraderechista, colono y abiertamente supremacista.
Ben-Gvir declaró que Israel debería recurrir a “asesinatos selectivos” contra altos cargos de la Autoridad Palestina si Naciones Unidas avanza una resolución que mencione la posibilidad de crear un Estado palestino. Fue más allá: pidió el arresto del presidente palestino Mahmud Abás, conocido como Abu Mazen, sugiriendo que una celda ya le espera. “Arreste a Abu Mazen y yo me encargaré de él”, afirmó durante una reunión de su partido, Poder Judío, declaraciones difundidas por el propio canal parlamentario de la Knéset.
Sus palabras no son un exabrupto aislado. Reflejan la creciente influencia dentro del Gobierno israelí de una corriente que ve cualquier concesión diplomática como una amenaza existencial y cualquier reconocimiento de la autodeterminación palestina como una derrota estratégica. La tensión llega en un momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU, con el respaldo de Washington, se dispone a votar una resolución que menciona por primera vez desde la guerra de Gaza “una vía hacia la creación de un Estado palestino”, dentro del plan promovido por la Administración Trump para la posguerra.
La propuesta en la ONU incluye la creación de una Junta de Paz que administraría Gaza durante un periodo transitorio de dos años, con apoyo de fuerzas internacionales y la Policía palestina, y supervisaría el desarme de Hamás. La iniciativa, sin embargo, podría naufragar antes de nacer: Rusia ya ha presentado un plan alternativo y se espera que ejerza su veto.
La retórica de Ben-Gvir añade fricción a una escena diplomática ya tensada. De hecho, sus palabras colocan al primer ministro Netanyahu en una posición incómoda: cualquier intento de avanzar hacia una salida política lo expone a la presión de sus socios más radicales, cuyo apoyo necesita para mantener la coalición. Y, al mismo tiempo, cualquier gesto de endurecimiento adicional alimenta la percepción internacional de un Israel cada vez más influido por la ultraderecha.
La idea de que el presidente palestino pueda ser arrestado o que altos cargos civiles sean blanco de “asesinatos selectivos” marca un punto especialmente delicado. La Autoridad Palestina, debilitada y con escasa popularidad, sigue siendo uno de los pocos interlocutores reconocidos por la comunidad internacional. Convertirla en objetivo militar equivaldría, en la práctica, a dinamitar la posibilidad de un proceso político en Cisjordania y Gaza.
El contexto carcelario agrava la preocupación. Según Médicos por los Derechos Humanos de Israel, al menos 98 palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, a causa de torturas, falta de alimentos o negligencia médica. La ONG considera que la cifra es conservadora: cientos de gazatíes permanecen en paradero desconocido. Estos datos han alimentado denuncias sobre un clima de impunidad en los centros de detención y cuestionan la capacidad de Israel para cumplir estándares básicos de derechos humanos si más detenciones masivas fueran ordenadas.
Las declaraciones de Ben-Gvir no solo elevan la tensión con los palestinos, sino también dentro del propio Estado israelí. Sectores del estamento militar y de inteligencia consideran que un enfoque puramente coercitivo, sin marco político, es insostenible. Washington, consciente de los riesgos de una escalada regional, presiona en sentido contrario, buscando avances diplomáticos mínimos que puedan estabilizar el frente interno palestino.
Pero Netanyahu, debilitado por las críticas internas posteriores al 7 de octubre y dependiente de los partidos más extremistas para sobrevivir, se mueve en una cuerda floja: cualquier concesión podría precipitar la caída de su Gobierno; cualquier gesto de endurecimiento podría aislar aún más a Israel en el escenario internacional.
El ascenso de políticos como Ben-Gvir ilustra un cambio profundo y sostenido en la política israelí: la normalización de discursos antes impensables en la esfera institucional. Su presencia en el gabinete simboliza la transformación del eje político a la derecha más radical, una tendencia acelerada por años de violencia, desencanto con los procesos de paz y polarización interna.
En Oriente Medio, la retórica rara vez es solo retórica. Y en Israel, un Gobierno dividido afronta la posibilidad de que sus propias tensiones internas terminen teniendo un impacto tan desestabilizador como cualquier decisión tomada en Nueva York o Washington.