La salud mental infantojuvenil no se vive igual en todas partes. Según el territorio, un menor puede esperar semanas o varios meses para la primera cita psicológica. Esta desigualdad no es un tecnicismo: responde a decisiones políticas y a modelos organizativos que no siempre priorizan el acompañamiento continuado. La demanda ha crecido, pero la estructura que debería sostenerla mantiene inercias antiguas.
Y, a diferencia de lo que suele plantearse en el debate público, no existe un único sistema. Cada comunidad decide cuántos profesionales incorpora, cómo coordina la atención con los centros educativos y qué peso da a la prevención y al seguimiento. El resultado es un mapa de acceso muy desigual.
Un mapa que depende del territorio
En Galicia, la primera cita en salud mental infantil puede demorarse entre cuatro y ocho meses. Después, las sesiones se espacian hasta perder continuidad terapéutica. Cataluña presenta un escenario diferente: la primera visita puede llegar en dos o tres meses, pero la atención prolongada vuelve a verse limitada por la falta de personal, salvo en algunas unidades reforzadas de grandes hospitales.
La Comunidad Valenciana experimentó una mejora clara en ciertos departamentos tras la incorporación estable de psicólogos: en áreas como Dénia, la espera pasó de más de dos meses a alrededor de uno. Sin embargo, esa evolución no se ha consolidado por igual en todo el territorio. En Madrid, la disparidad es aún más evidente: hay centros donde la espera se acerca al año, frente a servicios que logran una valoración inicial en cuestión de semanas.
El País Vasco muestra el caso contrario: Bizkaia ha reducido la espera para consultas psiquiátricas juveniles a menos de dos semanas, mientras que en Álava la demora para psicología clínica puede superar el mes. No son realidades incomparables: se trata del mismo marco autonómico y poblaciones similares, pero con planificaciones distintas.
En Andalucía, la heterogeneidad aparece incluso entre provincias. La red pública permite consultar tiempos por hospital, pero no existe una cifra unificada para psicología infantil. La diferencia de recursos entre zonas urbanas y rurales se traduce, en la práctica, en itinerarios asistenciales muy desiguales. Canarias ha intentado reforzar sus unidades con nuevas contrataciones, pero la lentitud de los procesos dificulta consolidar equipos.
La consecuencia es directa: muchas familias recurren a la atención privada si pueden permitírselo. Quien no puede, espera. Y esperar en la infancia o adolescencia no es neutro: un mes puede alterar un curso escolar, la relación con los iguales o el vínculo con la propia familia.
La escuela sostiene lo que la sanidad no llega a cubrir
La escuela aparece en primera línea. Es donde se detecta el malestar, pero sin recursos para sostenerlo. Los equipos de orientación trabajan con ratios que impiden el acompañamiento continuado. El profesorado detecta, deriva y registra, pero la respuesta sanitaria llega tarde o llega fragmentada. Las aulas acaban asumiendo lo que la red sanitaria no alcanza a cubrir.
Las comunidades autónomas tienen margen para cambiar esta situación. Pueden ampliar plantillas, reforzar la atención primaria, integrar equipos de salud mental en los centros educativos y consolidar proyectos estables, no iniciativas puntuales. No se trata de grandes planes anunciados cada legislatura, sino de decisiones constantes y sostenidas.