La vivienda ya no es solo una preocupación creciente en España. Para una parte cada vez más amplia de la clase trabajadora, se ha convertido en una amenaza diaria que condiciona el salario, la emancipación, la estabilidad familiar y hasta la posibilidad de construir un proyecto de vida. Ese es el diagnóstico que UGT ha querido colocar en primer plano con la presentación del informe “Análisis y propuestas sindicales para ampliar el derecho a la vivienda”, un documento con el que el sindicato pretende convertir esta crisis en una prioridad sindical de primer orden.
La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, enmarcó la presentación como parte de una trayectoria de más de un año de trabajo interno y reflexión política. “Es un tema tan relevante y tan dramático para la clase trabajadora como es la situación actual de la vivienda”, afirmó. Y dejó una de las frases más rotundas del acto: “La vivienda se estaba comiendo todas las mejoras sociales que estábamos obteniendo a través del diálogo social”.
Esa idea resume con precisión el núcleo del problema. Las subidas salariales, la mejora del empleo o los avances en negociación colectiva pierden fuerza cuando una parte cada vez mayor del sueldo se destina a pagar un alquiler abusivo o una hipoteca asfixiante. UGT sostiene que no basta ya con hablar de salarios o de empleo sin hablar al mismo tiempo del coste de vivir, porque la vivienda está actuando como un gran agujero que absorbe cualquier avance social.
El informe se apoya en una encuesta realizada a 4.312 personas afiliadas, una cifra que el sindicato considera suficientemente sólida como para ofrecer una imagen muy significativa de lo que está ocurriendo. Según explicó Rubén Ranz, técnico del departamento de vivienda, la muestra refleja una realidad especialmente inquietante porque no parte de los sectores más extremos de la precariedad, sino de una afiliación mayoritariamente adulta y con cierta estabilidad laboral. Precisamente por eso, el resultado alarma más.
“El principal dato que nos ha llamado la atención es que el 33 % de la afiliación nos ha dicho que tiene temor a perder la vivienda por no poder pagar el alquiler o la hipoteca”, señaló Ranz. Y remachó: “La crisis de la vivienda está mucho más cerca de lo que pensábamos”. No se trata, por tanto, de una inquietud abstracta ni de un problema localizado en colectivos muy concretos. El miedo a perder la casa ha entrado de lleno en capas amplias de trabajadores y trabajadoras que, en teoría, deberían estar más protegidos.
El informe revela además que el alquiler es el principal foco de vulnerabilidad. Una parte muy importante de las personas inquilinas destina porcentajes desorbitados de su salario a pagar la renta. Según detalló Ranz, más del 40 % de quienes viven de alquiler dedican más del 40 % de sus ingresos a este gasto. “Estamos en una situación no de pobreza, pero sí de empobrecimiento”, advirtió. “Estamos en un proceso de entrar en el riesgo de pobreza y de exclusión”.
La presión no termina ahí. El mercado del alquiler aparece atravesado por la incertidumbre, los contratos inestables y el temor constante a una nueva subida de precios. El sindicato puso también el foco en la enorme movilidad forzada que sufren muchos inquilinos. El 31 % de las personas que alquilan se ha mudado cinco veces o más. No es un simple dato estadístico: es la prueba de una vida en suspensión, sin arraigo, sin continuidad y sin seguridad.
La dimensión de género atraviesa todo el informe. UGT advirtió de que las mujeres soportan una carga todavía mayor, especialmente las más jóvenes y las familias monomarentales. “La vivienda amplifica la desigualdad, es un multiplicador de la brecha salarial”, sostuvo Ranz. La conclusión es demoledora: no solo cobran menos, sino que además dedican una proporción mayor de sus ingresos a asegurar un techo, lo que reduce su capacidad de ahorro y aumenta su vulnerabilidad económica.
Belén Guirao, secretaria general de RUGE, trasladó esa misma idea al terreno de la juventud y de la emancipación, hoy convertida en una carrera de obstáculos. “Para la juventud, hoy emanciparse es un privilegio y no un derecho”, denunció. Su intervención puso también el foco sobre el encarecimiento de las residencias universitarias, convertidas cada vez más en un negocio y cada vez menos en un servicio vinculado al derecho a estudiar. “Cuando una residencia se convierte en un producto de negocio, deja de cumplir su función social”, afirmó.
La presentación del informe no se limitó a exponer cifras. UGT quiso convertir el diagnóstico en una hoja de ruta concreta. Lola Navarro explicó que el sindicato quiere llevar la acción sindical al terreno de la vivienda con herramientas que ya conoce bien: asesoramiento, negociación, mediación, arbitraje e incluso litigio estratégico. “Nosotros sabemos asesorar laboralmente, nosotros sabemos negociar, nosotros sabemos mediar, nosotros sabemos de resolución de conflictos”, reivindicó.
Ese salto se concretará en la creación de oficinas de vivienda, un proyecto piloto que arrancará de manera presencial en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Madrid, y que prestará atención telemática en el resto del territorio. Víctor Escorza, coordinador de estas oficinas, explicó que el objetivo es ofrecer acompañamiento experto a inquilinos, hipotecados, cooperativistas e incluso pequeños propietarios. “Tenemos claro que ese puede ser un valor muy importante para estas oficinas”, dijo en referencia a la capacidad del sindicato para mediar y negociar. Y añadió que este nuevo servicio “no va a tener un incremento de coste” para la afiliación.
UGT quiere, en definitiva, disputar el problema de la vivienda no solo en el terreno institucional, sino también en el día a día de quienes sufren abusos, desconocen la normativa o no saben cómo defender sus derechos. La organización ya había reclamado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el reconocimiento efectivo del derecho subjetivo a la vivienda, y ahora refuerza esa ofensiva con una estructura propia de intervención.
Lo que dejó claro esta presentación es que el sindicato no considera la vivienda una cuestión secundaria ni un problema ajeno al mundo del trabajo. La considera una pieza central del conflicto social de este tiempo. Y eso cambia el marco. Porque cuando un trabajador no puede permitirse vivir con dignidad cerca de su empleo, cuando una mujer ve devorado más de medio sueldo por el alquiler, cuando un joven no puede emanciparse o estudiar fuera por falta de techo asequible, la vivienda deja de ser una preocupación privada. Se convierte en una batalla colectiva.