Disponer de presupuesto para formar a personas desempleadas no garantiza que ese dinero termine convirtiéndose en oportunidades laborales. Esa es una de las principales advertencias de la rueda de prensa celebrada este martes, 15 de septiembre, por UGT para presentar el estudio Retos de las políticas de empleo en España en el marco institucional de la Unión Europea: el empleo de las personas jóvenes y paradas de larga duración, elaborado mediante un convenio con la Universidad Carlos III de Madrid.
La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha señalado que el informe identifica 616 millones de euros sin ejecutar en la partida de formación del SEPE analizada. El coordinador del estudio, el profesor Daniel Pérez del Prado, ha situado la ejecución de las políticas formativas examinadas en el 67 %, frente a porcentajes próximos al total en otras partidas. Las intervenciones no precisan el ejercicio presupuestario al que corresponden estas cifras.
La presentación, en la que también ha participado Eduardo Magaldi, responsable de Políticas Territoriales de UGT, plantea una revisión del funcionamiento de las políticas activas de empleo: cómo se atiende a las personas, qué recursos llegan realmente a ellas y qué sucede después de finalizar los programas.
Formación para el empleo: presupuesto disponible que no se utiliza
Pérez del Prado ha explicado que el estudio sitúa el gasto español en políticas de empleo alrededor del 0,76 % del PIB, en una posición intermedia-alta dentro del contexto europeo. Su diagnóstico se centra en la distancia entre presupuestar recursos, ejecutarlos y conseguir resultados.
La formación ocupa un lugar destacado porque, según ha expuesto el investigador, la literatura científica la identifica como una de las herramientas con mejores resultados. Sin embargo, es precisamente el ámbito en el que el análisis encuentra una ejecución presupuestaria más reducida.
El profesor ha planteado investigar si existe una falta de correspondencia entre los programas ofrecidos y las necesidades del tejido productivo. Se trata de una posible explicación que debe estudiarse, no de una causa demostrada por el informe.
Navarro ha reclamado que las administraciones expliquen qué actuaciones están afectadas y cómo piensan corregirlo: “No podemos continuar aprobando planes y programas sin conocer los resultados de los anteriores”.
Madrid: 316 personas desempleadas por empleado público y un 52 % de plazas vacantes
La dotación de personal constituye otro de los puntos centrales del estudio. Según las cifras expuestas por Pérez del Prado, la Comunidad de Madrid presenta una ratio de 316 personas desempleadas por trabajador de sus servicios públicos de empleo, frente a 76 en el País Vasco y 102 en Galicia. En Andalucía, la relación se sitúa en 240; en Canarias, en 307.
El investigador ha destacado además que el 52 % de las plazas registradas en los servicios públicos de empleo madrileños están sin cubrir, frente al 29 % señalado para el SEPE. Son datos del análisis presentado, cuyo periodo de referencia no se concreta en la transcripción de la comparecencia.
Para UGT, reforzar las plantillas resulta imprescindible si se pretende ofrecer una atención individualizada. Magaldi ha pedido que cualquier anuncio de nuevos orientadores detalle cuántos profesionales se incorporarán, dónde trabajarán y qué servicios reforzarán.
Navarro ha reclamado también vías presenciales para solicitar cita y una atención accesible, al tiempo que ha denunciado la reventa de citas para acceder a servicios públicos.
Jóvenes: formación útil y primeras oportunidades sin precariedad
UGT propone diferenciar las políticas según la situación de cada joven. Quienes abandonaron sus estudios necesitan oportunidades para regresar al sistema educativo y obtener una titulación; quienes ya tienen formación requieren empleos en los que puedan utilizarla y desarrollar una trayectoria profesional.
Magaldi ha advertido contra la normalización de las condiciones precarias al comienzo de la vida laboral y ha reclamado que los programas públicos incorporen garantías de estabilidad y calidad.
Navarro ha insistido en que las iniciativas de primera experiencia profesional deben proporcionar aprendizaje real, acompañamiento y condiciones dignas. También ha vinculado el apoyo sindical a los programas de prácticas con la incorporación de garantías frente a los abusos.
El planteamiento va más allá de facilitar una primera contratación: pretende evitar que el acceso al mercado laboral se convierta en una sucesión de experiencias breves sin continuidad ni reconocimiento de las competencias adquiridas.
Paro de larga duración: acompañamiento desde los doce meses
“El paro de larga duración no puede convertirse en abandono de larga duración”, ha afirmado Navarro al explicar las propuestas para quienes acumulan más de un año buscando trabajo.
UGT plantea que, al alcanzar los doce meses en desempleo, se revise la situación de cada persona y se acuerde un apoyo específico que incluya un profesional de referencia, formación adaptada y búsqueda de oportunidades conectada con las empresas de su entorno.
Ese acompañamiento debería mantenerse entre programas, sin obligar a sus participantes a comenzar de cero en cada convocatoria. Cuando se utilice un contrato temporal como instrumento de reincorporación, el sindicato pide preparar desde el principio la continuidad posterior.
Magaldi ha defendido asimismo un diagnóstico que alcance a quienes han dejado de buscar empleo por desánimo y a quienes encuentran barreras relacionadas con los cuidados. También ha reclamado acercar la formación y la orientación a las comarcas donde las distancias dificultan el acceso, con ayudas al desplazamiento cuando sean necesarias.
Ayudas a las empresas: comprobar qué empleo permanece
UGT cuestiona que los incentivos públicos financien contrataciones que se habrían producido igualmente. Por ello, reclama reducir los recursos destinados a estas ayudas y condicionar los que se mantengan a garantías de estabilidad y condiciones laborales dignas.
La propuesta incluye evaluaciones a los seis y a los doce meses de terminar los programas, para comprobar si la persona conserva el empleo, con qué jornada y en qué condiciones.
Magaldi ha insistido en que las cifras generales del mercado laboral o el número de participantes atendidos no bastan para medir la aportación de una intervención. Los nuevos planes deben identificar qué ofrecen de adicional, quién lo presta, cuándo estará disponible y cuánto dinero nuevo incorporan.
La conclusión de la rueda de prensa sitúa la calidad de la atención y sus resultados en el centro del debate. Para UGT, una política de empleo debe demostrar que mejora las oportunidades de sus participantes y evita que, al terminar la ayuda, vuelvan a la misma situación de partida.
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