La presentación del informe «Democracia en el trabajo» en el Ateneo de Madrid reunió a representantes sindicales, expertos y miembros de la Plataforma por la Democracia Económica para debatir una cuestión pendiente desde hace casi cincuenta años: cómo desarrollar de forma efectiva el mandato constitucional que reconoce la participación de las personas trabajadoras en la empresa. En ese marco, Susana Huertas Moya, secretaria general de UGT Madrid, reivindicó que la democracia no puede quedarse fuera de los centros de trabajo y defendió avanzar hacia un modelo con más voz sindical, más participación en las decisiones y más capacidad de intervención sobre la riqueza generada.
“Prefiero siempre una utopía que tiene un propósito a una distopía, que es una representación pesimista del futuro”, afirmó Huertas, en referencia al sentido del debate y al horizonte que abre el informe. Para la secretaria general de UGT Madrid, la democracia económica no es una consigna abstracta ni una propuesta ajena a la realidad empresarial, sino una necesidad democrática: “El artículo 129.2 de la Constitución no es una declaración simbólica ni una concesión histórica, sino un mandato constitucional”.
Huertas recordó que el informe plantea dos grandes promesas para quienes trabajan: “voz y propiedad”. La primera implica reforzar la capacidad de decisión de los comités de empresa, las secciones sindicales y la representación legal de las personas trabajadoras. La segunda apunta a fórmulas de participación en la propiedad, fondos de participación o mecanismos que permitan que quienes sostienen la empresa puedan participar también en su futuro.
“La democracia no termina en las urnas, también se juega cada día en los centros de trabajo”, señaló Huertas, defendiendo que la falta de participación laboral alimenta la frustración social y debilita la calidad democrática. “Sin sindicatos fuertes no hay democracia en la empresa”, añadió, subrayando que la representación sindical es imprescindible para evitar que la participación quede reducida a un discurso vacío.
La dirigente de UGT Madrid también advirtió de que España mantiene un retraso evidente respecto a otros países europeos. “Mientras aquí seguimos discutiendo si la participación es una idea exótica, en buena parte de Europa forma parte de la arquitectura habitual de las relaciones laborales”, afirmó. En ese sentido, defendió que la cogestión, la codecisión y la participación en consejos de administración no son propuestas revolucionarias, sino prácticas consolidadas en economías europeas avanzadas.
Huertas fue especialmente crítica con la falta de representación sindical en miles de centros de trabajo. Según expuso, el propio informe calcula que España necesitaría alrededor de 630.000 delegados y delegadas, mientras la representación real estaría por debajo de la mitad. “Estamos dejando desprotegida a más de la mitad de la población trabajadora”, advirtió.
La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, coincidió en la necesidad de reforzar la negociación colectiva como eje central de cualquier avance democrático en la empresa. “O reforzamos la negociación colectiva en todos sus ámbitos o cualquier elemento de participación se quedará relativamente cojo”, afirmó. López denunció que muchas empresas siguen dificultando el acceso a información básica: “En demasiadas ocasiones, son nuestros servicios jurídicos los que tienen que reclamar derechos de información y consulta que ya están reconocidos”.
López también recordó que la reforma laboral de 2012 reforzó el poder unilateral empresarial y debilitó espacios de negociación. “De esos polvos todavía tenemos algunos lodos”, señaló, defendiendo que la participación real no puede depender únicamente de la buena voluntad empresarial, sino de un marco normativo sólido.
Ricardo Morón, catedrático de Derecho del Trabajo y representante de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, situó el informe en un contexto de recuperación de derechos laborales y de revalorización del trabajo. “Este es un déficit muy importante del desarrollo constitucional: cincuenta años sin que tenga un desarrollo pleno”, afirmó. Morón defendió que la democracia en la empresa debe entenderse en distintos niveles: información, consulta, negociación colectiva y participación directa en las decisiones estratégicas.
“El trabajo volvió a demostrar durante la pandemia su centralidad”, recordó Morón, frente a los discursos que habían anunciado el fin del trabajo humano por la robotización o la inteligencia artificial. También alertó de que la IA puede convertirse en un instrumento opaco de gestión empresarial si no existe control democrático: “Mal utilizada, oculta los sistemas de adopción de decisiones individuales y colectivas”.
Bruno Estrada, presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, defendió que el informe no debe quedarse en el diagnóstico, sino abrir un proceso legislativo. “El Ministerio tendrá que dar un paso más”, afirmó, señalando que el documento incluye una propuesta de ley de participación de los trabajadores en la empresa. “Esto tiene que tomar ya cuerpo de ley”, añadió.
Estrada recordó experiencias europeas como Alemania, Suecia o Dinamarca, donde la participación laboral en los órganos de gobierno empresarial está normalizada desde hace décadas. “La participación de los trabajadores en las empresas alemanas ha sido capaz de producir cambios no disruptivos que han permitido mantener una fuerte actividad industrial”, explicó.
El debate también abordó la ausencia de representación empresarial en la mesa, una ausencia lamentada por varios intervinientes. Desde la organización se señaló que el objetivo era propiciar un debate plural y contrastado. “Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se viene a debatir”, se indicó durante la presentación del acto.
La jornada concluyó con una idea compartida: la democracia económica no es una amenaza para la empresa, sino una condición para hacerla más justa, más eficiente y más arraigada en la sociedad. Para UGT Madrid, el informe «Democracia en el trabajo» abre una oportunidad decisiva para corregir una deuda histórica y avanzar hacia empresas donde quienes trabajan no solo sean informados, sino escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que afectan a su vida, a sus salarios y al futuro del país.t