Las cifras tienen una capacidad singular para desmontar prejuicios. Durante décadas, buena parte de la economía ha convivido con una contradicción apenas cuestionada. Existen actividades imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad que apenas aparecen reflejadas en los indicadores con los que medimos la riqueza colectiva. Cocinar, limpiar, cuidar de menores, atender a personas mayores o dependientes, organizar la vida cotidiana de los hogares o prestar apoyo emocional forman parte de ese trabajo silencioso que rara vez ocupa titulares.
Y, sin embargo, su importancia resulta difícil de exagerar. Diversos estudios han estimado que, si el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se contabilizara económicamente, su valor podría equivaler a más de la mitad del Producto Interior Bruto. La cifra puede variar según la metodología empleada, pero todas las estimaciones apuntan en la misma dirección. Existe una enorme cantidad de riqueza social que permanece invisible porque nunca pasa por el mercado.
Durante mucho tiempo se asumió que la economía comenzaba cuando existía una transacción monetaria. Todo aquello que ocurría fuera de ella quedaba relegado a un segundo plano. Como si las tareas de cuidado fueran una realidad secundaria y no la condición necesaria para que el resto de la actividad económica pudiera desarrollarse.
La cuestión se entiende mejor cuando se observa la vida cotidiana. Antes de que alguien acuda a su puesto de trabajo, estudie una carrera universitaria o dirija una empresa, ha habido personas que dedicaron tiempo a alimentarlo, educarlo, acompañarlo o atender sus necesidades básicas. La actividad económica visible descansa sobre una estructura de cuidados mucho más amplia que rara vez recibe un reconocimiento proporcional a su importancia.
Por eso el debate no es únicamente económico. También tiene una dimensión social y política. Cuando un trabajo esencial permanece invisible, también lo hacen muchas de las desigualdades asociadas a quienes lo realizan. Y cuando esa responsabilidad continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, la cuestión deja de limitarse a las diferencias salariales para convertirse en un problema estructural.
Los avances de las últimas décadas son innegables. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral transformó profundamente la sociedad española. El acceso a la educación superior, la independencia económica y la presencia creciente en todos los ámbitos profesionales ampliaron las oportunidades individuales y contribuyeron al progreso colectivo.
Pero la experiencia también ha demostrado que la igualdad no se alcanza únicamente abriendo las puertas del empleo. Muchas mujeres asumieron una doble responsabilidad. La remunerada y la que sigue desarrollándose cuando termina la jornada laboral. La visible y la invisible.
Las estadísticas continúan reflejando esa realidad. Las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, solicitan con mayor frecuencia reducciones de jornada para atender responsabilidades familiares y soportan una parte desproporcionada de las tareas que permiten sostener la vida cotidiana.
Las consecuencias rara vez aparecen de forma inmediata. Se acumulan con el tiempo, como menos oportunidades de promoción, carreras laborales interrumpidas con mayor frecuencia, ingresos más bajos a lo largo de la vida y, finalmente, pensiones que reflejan años de desigual reparto de responsabilidades y cuidados.
La desigualdad no siempre adopta la forma de una prohibición explícita. A menudo se construye a través de cargas que siguen repartiéndose de forma desigual.
Resulta llamativo que todavía existan sectores políticos que reaccionen con incomodidad ante estas evidencias. Especialmente cuando los datos obligan a reconocer que muchas desigualdades actuales no pueden explicarse únicamente a través de decisiones individuales.
Vox ha construido buena parte de su discurso sobre la negación de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Según su planteamiento, las referencias a las brechas de género responderían a una construcción ideológica. Sin embargo, los datos sobre distribución del tiempo, responsabilidades familiares y trabajo de cuidados ofrecen una imagen bastante más compleja de la realidad.
El Partido Popular suele reconocer la necesidad de avanzar en conciliación y corresponsabilidad, especialmente cuando aborda cuestiones relacionadas con la familia o el empleo. Sin embargo, esa posición convive con acuerdos políticos con Vox en distintos territorios, una formación que cuestiona abiertamente muchas de las políticas impulsadas para corregir las desigualdades de género. Esa convivencia explica parte de las contradicciones que atraviesan hoy el debate público sobre los cuidados.
Más allá de las diferencias partidistas, el debate de fondo trasciende la cuestión de género. Lo que realmente está en discusión es qué actividades considera valiosas una sociedad. Qué trabajos reciben reconocimiento. Qué esfuerzos generan prestigio social y cuáles permanecen ocultos. En definitiva, qué entendemos cuando hablamos de riqueza colectiva. Una economía que ignora sistemáticamente el valor de los cuidados ofrece una imagen incompleta de sí misma.
Por eso esta discusión no pertenece únicamente al ámbito de las políticas de igualdad. También afecta al modelo económico, al diseño de los servicios públicos, a las políticas de dependencia, a la conciliación y al propio concepto de bienestar.
Las tareas que permiten sostener la vida cotidiana continúan siendo tratadas con frecuencia como una responsabilidad privada que cada familia debe resolver por su cuenta. Sin embargo, sus efectos alcanzan al conjunto de la sociedad.
Quizá por eso la pregunta importante no sea cuánto valdría económicamente el trabajo no remunerado si apareciera en las estadísticas. La cuestión verdaderamente relevante es otra, si somos capaces de reconocer el valor de actividades sin las cuales ninguna economía podría funcionar.