La digitalización y la inteligencia artificial ya no son el futuro: son el presente y están transformando de manera radical la economía, el empleo y la organización social. Este proceso, tan veloz como irreversible, plantea oportunidades inéditas para el progreso, pero también riesgos que no se pueden ignorar. La pregunta de fondo es clara: ¿qué modelo de sociedad queremos construir con la inteligencia artificial?
Según estimaciones de la OCDE, McKinsey y la Comisión Europea, en España millones de empleos podrían desaparecer o transformarse profundamente en los próximos años debido a la automatización y la robotización. A la vez, aparecen nuevas profesiones vinculadas a la robótica, el big data, la ciberseguridad o el diseño digital. Pero el dilema no es si habrá empleo, sino qué calidad tendrá, bajo qué condiciones y con qué reparto de la riqueza que genere la tecnología.
“La gran pregunta de nuestro tiempo es qué modelo de sociedad queremos construir con la inteligencia artificial. La respuesta no puede quedar en manos exclusivas de las corporaciones. Ha de ser fruto de un compromiso democrático y social que ponga la tecnología al servicio de la igualdad, la dignidad y el progreso colectivo”, afirma Paula Ruiz Torres, coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT y vicepresidenta de EUROCADRES.
Señales de alarma en el mercado laboral
La realidad laboral ya muestra síntomas preocupantes: proliferación de falsos autónomos, algoritmos que deciden despidos, control digital exhaustivo de la productividad, salarios estancados pese al aumento de la eficiencia y riesgo de que se amplíe la brecha de género en los empleos tecnológicos.
El auge del teletrabajo y las plataformas digitales ha traído consigo beneficios en flexibilidad, pero también precariedad y jornadas interminables que desdibujan la frontera entre la vida personal y profesional. Casos recientes en España, como las sentencias que han obligado a Glovo y otras plataformas de reparto a reconocer a sus repartidores como asalariados, muestran la necesidad urgente de una regulación que ponga fin a la explotación bajo la apariencia de “economía colaborativa”.
El AI Act y la regulación pendiente
La Unión Europea ha dado un paso importante con la aprobación del AI Act, la primera gran ley para regular la inteligencia artificial en el mundo. Esta norma clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece requisitos de transparencia, supervisión humana y prohibición de usos que puedan vulnerar derechos fundamentales.
Sin embargo, desde UGT se advierte que la transposición de estas normas a la legislación española debe ir acompañada de medidas específicas en el ámbito laboral:
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Garantizar que los algoritmos que gestionan turnos, evaluaciones de rendimiento o despidos sean auditables y no generen discriminación.
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Exigir la presencia de representantes sindicales en los comités de ética y gobernanza de IA en las empresas.
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Proteger los datos personales de los trabajadores, en especial en sectores con teletrabajo y monitorización digital.
“No podemos aceptar un darwinismo tecnológico que deje a millones de personas fuera del sistema ni un taylorismo digital que convierta a los trabajadores en simples piezas al servicio de algoritmos”, subraya Paula Ruiz Torres.
Tres pilares para un nuevo contrato social
Los sindicatos proponen un nuevo contrato social que coloque a las personas en el centro de la transformación digital y que se articule en torno a tres ejes:
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Diálogo social permanente
Empresas, administraciones y agentes sociales deben negociar el impacto de la digitalización en el empleo, la formación y la organización del trabajo. -
Formación continua y alfabetización digital
La capacitación en competencias tecnológicas debe ser un derecho básico para todos los trabajadores, independientemente de su edad, sector o nivel educativo. Solo así se evitará que la digitalización genere una nueva exclusión social. -
Protección social y fiscalidad justa
Es necesario adaptar la fiscalidad para que las grandes plataformas digitales contribuyan de manera proporcional al sostenimiento de los servicios públicos.
Tecnología para mejorar la vida
La inteligencia artificial y la digitalización deben servir para mejorar la vida de las personas, no para degradarla. Esto implica garantizar empleos de calidad, salarios dignos y conciliación real, así como preservar la salud mental de los trabajadores frente al estrés derivado de la hiperconectividad y la presión algorítmica.
“Nuestro objetivo es que la revolución tecnológica sea un motor de progreso colectivo y no un factor de desigualdad. Si dejamos que el mercado decida en solitario, el riesgo es acabar con un modelo que concentra la riqueza en pocas manos y deja fuera a quienes no pueden seguir el ritmo de la automatización”, insiste Paula Ruiz Torres.
Mirar al futuro con justicia social
El mundo del trabajo atraviesa una de las mayores transformaciones desde la Revolución Industrial. Si se gestiona con visión de futuro y justicia social, la digitalización puede abrir la puerta a una sociedad más eficiente, equitativa y sostenible.
Pero si se deja sin control, puede provocar desigualdades masivas, desempleo estructural y un deterioro profundo de la democracia. El sindicalismo tiene la responsabilidad de estar en la primera línea de esta batalla, negociando, formando y protegiendo a los trabajadores para que nadie quede atrás.
La revolución digital es inevitable. Lo que está en juego es el modelo de sociedad que queremos construir. Y como recuerda Paula Ruiz Torres: “No se trata de frenar la tecnología, sino de gobernarla. El futuro del trabajo y de la democracia depende de ello.”