Las guerras modernas tienen una forma muy peculiar de entrar en casa. No lo hacen únicamente a través de las imágenes de destrucción ni mediante los discursos solemnes de los dirigentes internacionales. Llegan sobre todo por la factura de la luz, por el surtidor de gasolina, por el precio del billete de avión o por ese gesto silencioso de millones de familias calculando cuánto costará llenar el depósito la semana siguiente.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha vuelto a recordarlo con una claridad brutal. Basta que Oriente Medio arda unas semanas para que el petróleo se convierta otra vez en una máquina de transferir miedo y dinero. Miedo para la mayoría. Dinero para unos pocos.
Por eso la propuesta registrada por el PSOE en el Congreso posee una dimensión política que va más allá de un simple debate fiscal. Los socialistas plantean impulsar en Europa un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas, esas compañías que ven crecer sus márgenes al mismo ritmo que aumenta la inquietud colectiva.
La discusión de fondo resulta bastante simple, aunque algunos intenten disfrazarla de herejía económica. Si una crisis internacional multiplica artificialmente los beneficios de determinados sectores estratégicos mientras millones de ciudadanos soportan el encarecimiento de la energía, parece razonable que parte de esas ganancias excepcionales reviertan también en la sociedad que está pagando el coste de la crisis.
En realidad, Europa ya recorrió ese camino tras la invasión rusa de Ucrania. Entonces nadie discutía demasiado que las grandes empresas energéticas estaban obteniendo beneficios caídos casi del cielo geopolítico. Ahora ocurre algo parecido. El mercado vuelve a premiar la inestabilidad y el miedo.
Lo interesante es observar cómo ciertas ortodoxias económicas reaparecen siempre cuando se toca el margen de beneficio de determinados sectores. Durante años se ha repetido que el mercado debía actuar con libertad absoluta incluso en contextos extraordinarios. Pero la experiencia reciente ha demostrado algo evidente. Cuando el mercado opera sobre bienes esenciales como la energía, sus desequilibrios dejan de ser abstractos y se convierten rápidamente en desigualdad concreta.
La propuesta socialista intenta intervenir precisamente ahí. No desde una lógica punitiva, sino desde una idea, en el fondo sencilla, de equilibrio social. Porque las guerras contemporáneas producen un fenómeno perverso. Socializan el daño mientras privatizan los beneficios.
El ciudadano corriente paga más por desplazarse, calentarse o consumir. Mientras tanto, algunas compañías disparan resultados gracias a una tensión internacional sobre la que no tienen ningún mérito productivo particular. Simplemente están situadas en la posición adecuada dentro del tablero energético global.
Naturalmente aparecerán las acusaciones habituales contra cualquier intento de fiscalidad extraordinaria. Se hablará de inseguridad jurídica, de intervencionismo o de ataques al tejido empresarial. Pero convendría recordar algo básico. Lo verdaderamente distorsionador no es gravar beneficios excepcionales nacidos de una guerra. Lo verdaderamente distorsionador es que el sufrimiento colectivo termine funcionando como una oportunidad de negocio sin ningún mecanismo corrector.
El PSOE insiste además en un punto relevante. El impuesto debería diseñarse de forma que no acabe trasladándose al consumidor final. Ahí reside la clave técnica y política del asunto. Porque gravar beneficios extraordinarios para que después el coste vuelva a recaer sobre los hogares sería apenas una ficción redistributiva.
En el fondo, la discusión remite a una pregunta antigua que Europa lleva años evitando responder con claridad. Quién debe asumir realmente el coste de las grandes crisis contemporáneas. Si siempre serán las clases medias y trabajadoras mediante inflación, precariedad y pérdida de poder adquisitivo, o si una parte de los sectores que se enriquecen extraordinariamente durante esos episodios debe contribuir también de forma excepcional.
La guerra en Oriente Medio volverá a terminar algún día. Lo que probablemente permanecerá es esta sensación de fragilidad económica permanente donde cualquier explosión a miles de kilómetros acaba alterando la vida cotidiana de millones de europeos.
Y quizá precisamente por eso empieza a resultar cada vez más difícil explicar por qué algunos beneficios privados siguen considerándose intocables incluso cuando nacen directamente del desorden del mundo.